(Publicado en Analítica-El País, aquí)
Hay una circunstancia agravante, por así decir, en el asunto de la eliminación de los archivos informáticos que Luis Bárcenas almacenaba en unos ordenadores que, según la declaración de María Dolores de Cospedal, estaban bajo custodia del Partido Popular.
El ex tesorero nacional del PP presenta en el mes de marzo una denuncia contra el PP en razón de que le deniegan tener acceso a sus ordenadores. Denuncia el robo de dos ordenadores en su despacho. Una comisión policial se presenta en la sede de la calle Génova, pero no procece a hacer ninguna inspección. Al parecer, se desmiente que Bárcenas tenía a su disposición despacho en el edificio.
Bien.
El 30 de marzo, el juzgado de instrucción número 21 de Plaza de Castilla archiva la denuncia porque, sostiene que Bárcenas no ha demostrado la propiedad de los dos ordenadores ni que dispusiera de despacho en la sede del PP. Los ordenadores, según el auto judicial, estaban en una sala por lo que no se hallaban en un despacho personal y tampoco se ejerció fuerza alguna para entrar en ella¨.
A partir de esta fecha, según la información aportada ahora por el PP al juez Pablo Ruz, se procede a destruir los archivos informáticos.
¿Cuál sería en este relato de hechos la circunstancia agravante?
En el relato falta por lo menos un dato relevante.
En la época que tiene lugar la destrucción, el PP es parte en la causa.
El juez Antonio Pedreira admite al PP como acusación particular en mayo de 2009, en una operación que diseña Federico Trillo, el hombre que dirige toda la estrategia jurídico–judicial del PP.
Ya es el colmo de la perversión. Porque para ejercer acusación particular hay que ser considerado perjudicado directo.
Un recurso de reforma de la Fiscalía Anticorrupción ante el propio juez es rechazado. Pero la Fiscalía apela al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y logra cambiar la posición. El PP pasa de ser acusación particular a acusación popular en julio de 2009.
Trillo ya se da con un canto en los dientes. Estar en la causa le permite conocer los pasos judiciales desde dentro del procedimiento.
Esta situación dura hasta el pasado 26 de abril. El PP ejerce cuatro años, pues, primero como acusación particular y luego como acusación popular. El juez Ruz dicta un auto el 26 de abril de 2013 por el cual expulsa al PP como acusación popular.
Estima el juez que algunas actuaciones concretas del PP ¨vienen en la práctica a contradecir¨el planteamiento de que el partido ¨no tiene otra intención que colaborar activamente con la investigación.
A lo largo de 20 páginas, Ruz describe alrededor de doce actuaciones en las que el PP sale en favor de Luis Bárcenas y de su esposa Rosalía Iglesias, que está también imputada.
No sabe el juez al redactar este auto de 26 de abril de 2013 que a sus espaldas, en la calle Génova, el PP ha ordenado vacíar hace pocas fechas los archivos informáticos de los ordenadores que usaba Bárcenas.
El PP todavía está dispuesto a llevar la farsa de acusación hasta el final. Recurre la decisión de Ruz ante la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
El 3 de junio de 2013, la sección cuarta sella la decisión de Ruz. Acusa al PP de incurrir en fraude procesal al utilizar su condición de acusador popular para defender a lo largo del tiempo a algunos de los imputados más destacados, entre ellos, Luis Bárcenas.
Y todo esto sin saber, claro, lo que ha hecho el PP con los ordenadores de Bárcenas.
En su discurso deel 1 de agosto de 2013 ante el Parlamento, Mariano Rajoy aseguró haber cometido el "error de creer a un falso inocente, pero no el delito de encubrir a un presunto culpable".
El PP encubrió desde dentro de la causa a Bárcenas, a su esposa y otros. Pagó los gastos de la defensa que ejercieron Miguel Bajo y Alfonso Trallero hasta diciembre de 2012 para Bárcenas y su esposa, por valor de 400.000 euros.
Y también el PP supervisó desde Génova y por Rajoy personalmente las gestiones "privadas" realizadas por Jorge Trías Sagnier y el abogado y actual diputado por Segovia, Pedro Gómez de la Serna, ante el juez Pedreira, unas gestiones en las cuales ambos actuaron como "puente" entre Antonio Pedreira y Mariano Rajoy. A esas gestiones se unió el actual diputado y portavoz de la comisión de Justicia del Congreso, Alfredo Prada.
Esas gestiones desembocaron en el sobreseimiento provisional de Rosalía Iglesias primero, en mayo de 2010, y en el de Luis Bárcenas el 29 de julio de 2011, por auto notificado el 1 de septiembre de 2011.
Pero la noticia de la eliminación de los archivos informáticos plantea una pregunta elemental.
¿Qué papel ha representado la justicia en esta historia puntual?
El de oyente.
Al hecho de que jamás haya tenido lugar una entrada y registro en el domicilio de Bárcenas se une la circunstancia de que tampoco se hubiese realizado en la sede del PP. Y ello cuando existía una denuncia de Bárcenas con fecha 1 de marzo de 2013.
Entre todos los mataron (los archivos) y ellos solos se murieron.