La metáfora de «La España secuestrada» resuena con fuerza en el debate político actual, no como eco franquista, sino como grito de alarma ante un Gobierno que ha convertido la supervivencia partidista en rehén de pactos inconfesables y vergonzosos. Bajo Pedro Sánchez, el Estado parece cautivo de independentistas, corruptos y extremismos, erosionando soberanía, justicia y cohesión territorial. Este uso político actualiza la expresión para denunciar una década de cesiones que priorizan el poder sobre el interés nacional.
El eje central de la «España secuestrada» radica en los pactos de Sánchez con socios que exigen concesiones a cambio de investiduras y presupuestos. La amnistía a Puigdemont y líderes del procés, aprobada en 2024 pese a promesas contrarias, simboliza esta sumisión: un indulto disfrazado que blanquea el 1-O y devuelve impunidad al independentismo catalán. ERC y Junts dictan agenda, vetando políticas nacionales como la inmigración o la vivienda, mientras Sánchez tolera humillaciones como la «desconexión» fiscal o el traspaso de competencias penitenciarias.
La corrupción endémica del sanchismo convierte instituciones en cortijos partidistas, secuestrando la justicia y la administración. El caso Koldo-Ábalos, con máscaras pandémicas infladas a 50 millones, salpica al núcleo PSOE: Ábalos en prisión provisional, Santos Cerdán imputado y Begoña Gómez investigada por tráfico influencias. Sánchez resiste mociones de censura, pero el «búnker de La Moncloa» –refugio subterráneo activado en crisis– metaforiza un Ejecutivo atrincherado, victimista ante «fango de la derecha».
En 2025, la «década perdida» acumula escándalos: Delcy Rodríguez en Barajas (2020), Koldo extendido a ministerios, y casos locales como el tren Cuenca con adjudicaciones dudosas. La puerta giratoria judicial –jueces ascendidos por lealtad– erosiona el Estado de derecho: renovaciones del CGPJ bloqueadas por PSOE-Sumar para favorecer afines. España secuestrada por corruptelas que diluyen accountability, con impunidad para «los nuestros» mientras oposición es «lawfareada».
La España secuestrada vive en la normalización de lo anómalo
El país está secuestrado por una política que ha dejado de servir al interés general para servir a su propia supervivencia; por una administración que confunde lealtad con silencio; por una conversación pública dominada por consignas, trincheras y miedos inducidos.
El secuestro no es espectacular. No hay capuchas ni furgonetas. Es burocrático, lento y eficaz. Se ejerce cuando los presupuestos no llegan, cuando las reformas se aplazan sine die, cuando los servicios públicos se degradan sin responsables visibles. Cuando la España interior pierde trenes, médicos y oportunidades mientras se le pide paciencia y resiliencia. Cuando la política sustituye la gestión por el relato y la rendición de cuentas por el “y tú más”.
El ciudadano sufre gobiernos que gobiernan sin mayorías sociales claras, parlamentos convertidos en decorado, pactos opacos que no se explican y decisiones estratégicas que se toman por necesidad coyuntural, no por proyecto de país. Vive también en la colonización de instituciones, en el debilitamiento de los contrapesos y en una cultura política que premia la obediencia y castiga la discrepancia.
Este secuestro tiene víctimas concretas. Las provincias vaciadas, convertidas en moneda de cambio. Las clases medias empobrecidas, atrapadas entre impuestos crecientes y servicios menguantes. Los jóvenes que no encuentran horizonte y los mayores que ven cómo se erosiona lo construido. Y, sobre todo, la democracia cotidiana: la confianza, la previsibilidad, la idea de que el esfuerzo tiene recompensa.
Pero todo secuestro se sostiene mientras la víctima no grita o cree que no hay salida. La España secuestrada no necesita salvadores ni mesías. Necesita instituciones fuertes, gestión competente y verdad. Necesita volver a hablar de políticas públicas —sanidad, transporte, vivienda, cohesión territorial— y menos de identidades y bandos. Necesita una prensa exigente, una oposición responsable y una ciudadanía que no se conforme con el ruido.
Liberar a España no es un gesto épico, es un trabajo paciente
Esta enjundiosa labor empieza por exigir cuentas, continúa por reconstruir consensos básicos y culmina con una política que vuelva a tener propósito. España no está perdida. Está retenida. Y todo secuestro termina cuando se rompe el silencio.
Hay que acabar con ese mutismo, sustanciado por Sánchez con el secuestro de los medios públicos: TVE y RTVE como megáfono gubernista durante pandemia, o censurando datos reales de mortalidad (más de 120.000) por «narrativa positiva». En 2025, post-elecciones USA con Trump reelegido, el sanchismo acelera la decadencia por medio de su propaganda en redes contra la «ultraderecha», mientras ignora sondeos del CIS que hunden al PSOE por debajo de 100 escaños. Así consigue anestesiar a la sociedad, y la contagia con una crispación polarizada (evidente en el contenido de la IV Encuesta Polarización 2024), que alcanza la desconfianza récord en las instituciones.
La «nación secuestrada» implica pasividad ciudadana. Un hartazgo generalizado ante cesiones, pero escudado en la sombra del miedo al cambio en el medio rural, observable en amplias zonas de Castilla-La Mancha. En esta autonomía, trufada por la cara de doble uso de un García-Page y sus mensajes canilludos archi-inflacionarios de simplismo medroso en los medios sufragados, se magnifica el tramitado Estatuto 2025 (pacto PSOE-PP, 94 artículos), que promete igualdad territorial, pero sin fondos reales para Cuenca (reapertura tren, planes demográficos deficientes en materia de repoblación). O sea, más dispendio en ramas de la polarización afectiva, con PSOE acusando «crispación» para desviar corrupción.
Impacto en regiones olvidadas y Cuenca como paradigma
Cuenca encarna la España secuestrada: despoblada (menos 10% población 2010-2025), sin AVE viable pero tren convencional clausurado por ausencia de «rentabilidad». Mientras tanto, el PSOE regional celebra el HUCU (200 millones, en plena actividad desde diciembre de 2025), pero olvida la conectividad, en la cual el Madrid-Valencia por AVE se satura, dejando a Carboneras como ruina nostálgica. Todo un vaho apestoso de corrupción implícita en «Plan X», por medio del cual se santifican pactos opacos encarrilados -nunca mejor dicho- a liberar suelos para macroproyectos especulativos, priorizando los intereses privados sobre el bien público.
García-Page, barón fiel a Sánchez a pesar de su mascarilla blanquiparda, pacta presupuestos con Sumar pese a los vetos a infraestructuras rurales. Tiempo tendremos de examinar ese Estatuto nuevo blindaprovincias en Cortes (máx. 55 diputados), pero sin acción contra clientelismo (propuestas como listas de inhabilitación a empresas corruptas o auditorías independientes, que quedan en papel cebolla). Madera quemada, en fin, del bosque sanchista que hipoteca regiones periféricas para su supervivencia nacional.
Romper el secuestro exige transparencia total; es decir, auditorías independientes en Adif-Cuenca, inhabilitación de todos los corruptos encerrados en siglas partidistas -asean del partido que sean-, y reapertura del tren convencional como prioridad anti-despoblación. Sánchez debe dimitir o convocar elecciones, pues, como cada día es más evidente, la resistencia prolonga su agonía.
Y aquí cierro mi mensaje como ordenan los mejores expertos en comunicación política: La polarización baja con periodismo, y sus soluciones están definidas en guías precisas de cobertura (entrevistas a expertos, dashboards de progreso) para rendir cuentas, y desechar las insípidas y avaras declaraciones en los medios de los sempiternos y desgastados políticos encabezados por el martilleante José Luis Martínez Guijarro.
España no es rehén eterna. Cuenca y sus áreas rurales claman infraestructuras reales, no promesas. Sin cambio, se agregará otra «década perdida» al desgastado tiempo secuestrado.