"El agente moral es la persona que ejecuta, que hace o que produce la acción sobre la base de una norma moral, que es prescrita como un deber ser".Paul Ricoeur
¿Se podrían imaginar ustedes a un comisario de policía que, en sus ratos libres, se dedicara a escribir un manual sobre "la forma de cometer un crimen impunemente"? o acaso ¿entenderían que un inspector de Hacienda, para pasar el rato, se dedicara a preparar para los contribuyentes un folleto en el que se explicasen "las diez maneras de defraudar al fisco"? Evidentemente que, nadie con sentido común podría entender ninguna de ambas actitudes y, con toda probabilidad, si llegara al conocimiento de sus superiores tal extraña actividad, podría causarles importantes problemas a los responsables de tales comportamientos. No obstante, hete aquí que, diez magistrados catalanes, parece que se vienen dedicando, en comandita, durante sus ratos libres, a la redacción de una Constitución para el caso de que, Catalunya, llegara a conseguir la independencia, con la que nos está amargando la vida, fatigando nuestros tímpanos e irritando nuestro sentimiento de ciudadanos españoles.
Lo primero que se me ocurre es preguntarme la razón por la que diez señores, seguramente bastante ocupados o que, al menos, debieran estarlo, si tenemos en cuenta el retraso con el que funcionan los tribunales en nuestro país; se han juntado para dedicar sus ratos libres a romperse la mollera intentando redactar algo tan espeso y complicado como es una nueva Constitución para la "nación catalana"o sea, para un país inexistente con ninguna posibilidad de llegar a ser independiente. Es obvio que a uno se le ocurriría que, tan sesudos señores para descansar, leerían un libro interesante, escucharían música clásica o cultivarían un pequeño huerto, actividades que les ayudaran a desconectar de la árida y complicada tarea de administrar justicia. Pero no, ellos han decidido emprender una tarea que, a muchos, no deja de parecernos extraña, poco apropiada para personas que ocupan una cargo en la Administración de Justicia y, evidentemente, poco acomodada para unos señores que se comprometieron a respetar y hacer que se cumpliesen las leyes del Estado español. ¿Cómo se entiende que, diez representantes de la Justicia española, se dediquen a pergeñar una Constitución que saben que sería para ser usada por una nación que, en todo caso, habría conseguido su independencia de España, infringiendo la Constitución española, que ellos se comprometieron a respetar, cuando accedieron a sus cargos?
Una de ellos, un juez de la Audiencia catalana, el señor Santiago Vidal, admirado de que el CGPJ haya tomado cartas en el asunto para averiguar y valorar los motivos y la legalidad de tal sorprendente actividad de diez jueces, habla de " regreso de la censura"( vayan a sabe lo que entenderá por censura) como si lo más normal en el colectivo de jueces y magistrados ( ahora todos de denominan jueces) fuera que se entretuvieran con un nuevo hobby o actividad recreativa, inventándose constituciones nuevas sólo por el placer de hacerlo. ¿Quién fue el que les pidió que hicieran este trabajo? No es difícil dar una respuesta a esta pregunta. ¿Es compatible un trabajo de tipo claramente político, a favor de una causa separatista y, con la particularidad de pretender sustituir una constitución, la española, vigente y que, para ser modificada o sustituida, precisaría de un procedimiento específico, con intervención de las Cortes del Estado y una mayoría suficiente, con la posterior aprobación, mediante un referendum nacional, de todo el pueblo español? Acaso hay alguien que pueda pensar que estos diez señores lo hacen por amor al arte. Es posible que sigan pensando que el pueblo es tonto y que comulgamos con todo lo que nos den.
Al señor Vidal le parecerá un entretenimiento muy inocuo y dentro de sus derechos como ciudadano; de lo que no estamos tan seguros es que sea compatible con su cargo de magistrado, encargado de administrar justicia a los ciudadanos españoles. ¿Con que imparcialidad podríamos estar seguros que actuaría este juez en el caso de que, un ciudadano catalán, fuera acusado de cometer un acto en contra de una ley española, si el mismo juez es probable que estuviera simpatizando con dicha acción? Vamos a ver como se desenvuelve el CGPJ en la investigación de este asunto. Tendremos ocasión de comprobar si, su tan cacareada independencia, es cierta o sólo se atreven con la juez Alaya, presionándola para que acabe la instrucción del gran pufo de los ERE de Andalucia. Muchos serán los ciudadanos españoles que se interesarán en ver el resultado de esta investigación y comprobar si tienen el valor de poner en el lugar que les corresponde a estos diez señores, que se han reunido para llevar a cabo ( no sabemos si retribuidos o no) una actividad que se podría interpretar como una colaboración en forma de cooperación, ayuda, asesoramiento o participación en un acto que, a nuestro entender, rayaría con la deslealtad al Estado y, a la vez, cometer perjurio, al actuar en demérito de su compromiso de fidelidad a la Constitución española.
Tengamos en cuenta que todavía sigue pendiente que,el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (que se ocupa de este caso), concluya las diligencias sobre los 33 jueces catalanes que firmaron un manifiesto apoyando la consulta del "derecho a decidir". Llueve sobre mojado y la impresión que tienen los ciudadanos de a pie es que existen presiones sobre el propio CGPJ de que se vayan retrasando las resoluciones pertinentes sobre ambos casos, para no soliviantar a los separatistas que, dicho sea de paso, en lugar de recoger velas, cada día se muestran más agresivos, empecinados en sus peticiones y convencidos de que van a salir airosos de este enfrentamiento con el Estado español.
Lo que parece que está demostrado es que, España, precisa, de inmediato, acometer la reforma a fondo de todo lo relativo a la Administración de Justicia, en la que se están dando casos en los que se usan distintas varas de medir según que se traten de delitos cometidos o presuntamente cometidos, por parte de partidos de derecha o. en el caso de delitos que afecten a miembros de las izquierdas, una lentitud, parsimonia, lenidad y silencio ( parte de culpa de que esto pueda suceder se debe a que, una determinada prensa y TV, dominadas por las izquierdas, se ocupan de cargar las tintas y ventilar a los cuatro vientos, anticipándose a los juzgadores en emitir sus propias "sentencias condenatorias", cuando se trata de crucificar un presunto fraude o delito de personas del PP o, como ocurre en el caso de los ERE de Andalucia o, el aún más escandaloso tema de los cursos de formación, con subvenciones estatales, que no han se han celebrado o, si se han celebrado no han servido más que para engordar con el dinero de las subvenciones, las faltriqueras de algunos sinvergüenzas que se han aprovechado del descontrol que viene imperando en la Junta de Andalucía para enriquecerse.
Creemos que el Gobierno no puede esperar más a tomar cartas en el espinoso asuntos de poner orden en la Administración de Justicia en España, en suprimir de una vez el famoso "cuarto turno" y dotar de jueces salidos de las oposiciones todas las vacantes disponibles; suprimiendo las organizaciones de jueces, magistrados o fiscales, semilleros de ideologización política y de formación de jueces dispuestos a interpretar las leyes, no tanto en cuanto a la hermenéutica de los textos legales y la intención del legislador al promulgarlas, sino en aquel sentido que más se acomoda a su particular ideología o adscripción política. No se puede prolongar por más tiempo el que, un ciudadano, dependa de la ideología de un juez para saber si se le va a dar la razón o si, por el contrario, va a salir trasquilado del trance. O así es, señores, como desde la óptica de un ciudadano de a pie, expresamos nuestra preocupación por el estado de la Justicia en España.
Miguel Massanet Bosch