(Publicado en Salamanca al día RTV, aquí)
Hace unos días, diferentes medios publicaban la noticia de las prácticas poco claras que un nuevo partido político podría estar empleando para su financiación. La novedad de este caso reside en tres puntos clave, el primero de ellos es que el donante no es una empresa privada que aporta determinada cantidad a cambio de posteriores contratos con las administraciones en las que ese partido gobierna. En el caso de Podemos, el donante parece ser el gobierno de Venezuela. El segundo punto es que mientras la casta venezolana aportaba millones de Euros, quienes percibían este dinero vigilaban la transparencia de los demás partidos desviando el foco sobre ellos. El tercero, ¿qué motivaciones tiene el gobierno venezolano para financiar un partido político en España?
La ventaja de vivir en un sistema democrático donde existen contrapesos bien definidos y donde la opinión pública y los medios de comunicación actúan libremente es que por mucho que alguien pretenda mentir, al final, la verdad acaba surgiendo.
Mientras el Partido Popular repite una y otra vez el ejercicio de negar que parte de su financiación responde a donaciones de dinero negro; Podemos cada vez se inserta más en una peligrosa manía persecutoria; el PSOE optó hace tiempo por la vía de la iniciativa y publica sus cuentas así como las declaraciones de bienes y rentas de toda la dirección nacional. No todos son iguales.