ROBERTO L. BLANCO VALDÉS (Publicado en La Voz de Galicia, aquí)
Trataré de mostrar seguidamente la falsedad de una de las afirmaciones más repetidas en este país en los cinco o seis últimos años: que la corrupción política es uno de los problemas que más preocupa a los españoles. Por tanto, si es usted de aquellos que se molesta si alguien pone en duda sus asentadas convicciones, mejor deje de leer. Si, por el contrario, su curiosidad intelectual manda sobre lo que machaconamente nos repiten, creo que no se arrepentirá de seguir hasta el final.
Veamos, pues: ¿Es la corrupción política -o parece serlo, al menos- uno de los problemas que más preocupan en España? Tal es la conclusión que se obtiene, desde luego, al oír hablar en bares, comercios y lugares de trabajo; al ver la tele, escuchar la radio o leer periódicos; o al seguir el discurso de partidos, sindicatos u organizaciones de empresarios.
Pero no se trata solo de una impresión subjetiva (de eso que cabría llamar sociología de café) sino también de lo que indican los estudios sociológicos más serios: por ejemplo, los del CIS. Según su último barómetro, el de febrero, que confirma datos repetidos desde hace muchos meses, la corrupción y el fraude es el primer problema de España para el 19,2 % de los entrevistados, el segundo para el 22,5 % y el tercero para el 6,7 %. En conjunto, es el segundo entre nuestros principales problemas (48,5 %), solo por debajo del paro (78,6 %), y a gran distancia de los problemas de índole económico (24,9 %) y del que representan los políticos, los partidos y la política (20,1 %).
¿Cómo, sin embargo, pueden ser compatibles esos datos con el hecho de que en las elecciones -encuesta en la que se entrevista a cientos de miles o millones de personas- gran parte de los llamados a las urnas voten sin dudarlo a partidos implicados en la corrupción de pies a cejas? ¿Cómo, por ejemplo, y según acaba de ilustrar Andalucía, apenas ha sufrido desgaste un PSOE que -escandalosas cifras de paro al margen tras 32 años de gobierno- organizó, desde la propia Junta una inmensa red de corrupción institucionalizada a cuenta de los ERE? ¿Cómo no lo sufrió hace cuatro años el victorioso PP en la Comunidad Valenciana, implicado de lleno en el caso Gürtel, o la Convergència pujolista, que durante décadas, y con un fuerte apoyo electoral, ha explotado Cataluña como si fuera la finca particular de una familia y un partido?
Dejémonos de historias: la conclusión correcta, por más que dolorosa para millones de españoles, es que hay en nuestro país un porcentaje de la población, más bien pequeño, a quien le molesta la corrupción, diríamos venga de donde venga; y otro, mucho mayor, que fuma en pipa con la corrupción si es de «los otros», pero que tiene unas inmensas tragaderas para tolerar la de «los suyos». Lo demás es puro cinismo social, no por extendido, menos evidente.