Respeto la decisión de morir de los pacientes incurables y defiendo que exista la eutanasia. Lo creo de verdad. Creo que pueden existir muertes compasivas, tristes y reparadoras, en las que una sociedad madura acompaña a quien no tiene ya horizonte de alivio y pide acabar con su agonía. Pero frente al caso de Noelia Castillo, la joven de 25 años parapléjica, psiquiatrizada y agotada que ha recibido la eutanasia tras una larguísima batalla judicial, hay algo que no encaja. Y ese desajuste no tiene tanto que ver con la letra de la ley como con el paisaje social, mediático y cultural en el que la hemos dejado sola.
Porque, si Noelia se hubiera matado en silencio, de madrugada, saltando de un balcón o clavándose un cuchillo en el pecho, hablaríamos de “fracaso colectivo”, de la epidemia silenciosa de más de cuatro mil suicidios anuales en España, de salud mental desbordada y de un Estado que llega tarde. Eso es lo que decimos cada vez que una familia rompe el tabú y cuenta que su hijo, su pareja o su madre se quitaron la vida después de años pidiendo ayuda. Pero cuando el deseo de morir se vehicula a través de una ley garantista, con comités y resoluciones, y frente a ella se levantan actores religiosos y políticos, la conversación se deforma: ya no es la historia de una joven vulnerable a la que la vida ha ido destrozando por capas, sino una guerra de bandos en la que su muerte se celebra o se condena como una victoria más en la batalla cultural.
En los últimos días lo hemos visto con nitidez. Desde una parte del progresismo mediático se ha relatado la eutanasia de Noelia casi en el tono épico de la “conquista de un derecho”. Se ha escrito que “venció” al fanatismo religioso de quienes consideran que la vida es un don de Dios y, por tanto, indisponible. Se ha presentado su muerte como el triunfo de la autonomía frente al control de los cuerpos por parte de la Iglesia, del patriarcado o del Estado. Esa lectura tiene una parte de razón —Noelia se enfrentó a un laberinto judicial alentado por asociaciones ultracatólicas que pretendían impedir su voluntad—, pero corre un riesgo evidente: convertir un sufrimiento concreto, con nombre y apellidos, en un símbolo servicial para una causa propia. En ese terreno, lo que Juan Soto Ivars ha llamado “el suicidio aplaudido” empieza a ser una tentación real: la idea de que la muerte de una joven depresiva, pobre y traumatizada se celebra porque ha sido infligida “por los buenos” y contra “los malos”.
El reverso conservador no es menos utilitarista. La derecha política y mediática y la jerarquía católica han presentado el caso como una suerte de epítome de la “cultura de la muerte”. Hablan de “derrota social”, de “fracaso del Estado” y de una sociedad del bienestar “incapaz de cuidar y de amar”, en palabras de la Conferencia Episcopal. Algunos columnistas han llegado a equiparar la eutanasia con una “ejecución”, y a los médicos con “brazo ejecutor de una sentencia de muerte”. El mensaje de fondo es claro: si aceptamos que una joven con discapacidad y trastorno mental pueda acceder a la ayuda para morir, estamos legitimando que el suicidio asistido sea una salida más en los cuadros de depresión severa. De nuevo, el foco no está en la biografía concreta de Noelia, en sus carencias y sus traumas, sino en el valor que su caso tiene como munición para frenar o revertir una ley que esos sectores nunca aceptaron.
Los dos relatos comparten una misma ceguera: hablan de Noelia sin hablar de lo que la trajo hasta aquí. En ambos, su vida previa —infancia complicada, tutelas fallidas, ingresos psiquiátricos, agresiones sexuales, precariedad— aparece como telón de fondo, un párrafo obligado antes de pasar al tema “importante”: el derecho abstracto a morir, la lucha contra la Iglesia, la defensa de la vida a cualquier coste. Su historia real se convierte en decoración moral de un debate que la trasciende.
En los textos que se han ido publicando estos días, y también en el testimonio de una superviviente de varios intentos de suicidio que se ha viralizado tras el caso, aparecen detalles que deberían impedirnos tomar este atajo cómodo. Esa superviviente cuenta qué significa, en la práctica, vivir con ideación suicida persistente: cómo se estrecha el mundo, cómo el dolor psicológico se vuelve físico, cómo el horizonte se nubla hasta el punto de que la muerte parece una especie de descanso lógico. Cuenta también algo crucial: que lo que la frenó no fue un discurso abstracto sobre el valor de la vida, sino una combinación de atención adecuada, acompañamiento sostenido y tiempo. Tiempo para que los impulsos se enfriaran, para que los tratamientos hicieran efecto, para que apareciera al menos una mínima sensación de sentido. Hoy, años después, da las gracias por haber fallado. Y no lo hace desde un paternalismo condescendiente, sino desde una lucidez dolorosa: “Si en mi peor momento alguien me hubiera ofrecido morir ‘legalmente’, con el aplauso de todos, probablemente lo habría aceptado. Y hoy ya no estaría aquí para contarlo”.
Noelia, en cambio, no falló. No porque un día decidiera matarse y al siguiente encontrara una ventana abierta, sino porque el Estado, a través de su ley recién estrenada, le ofreció un dispositivo ordenado para concretar su deseo de morir. Y aquí está el núcleo incómodo: ese mismo Estado había fracasado previamente casi en todos los frentes en los que debería haber sostenido su vida. Falló cuando, siendo niña, no supo protegerla ni evitar que su biografía se torciera desde muy pronto. Falló cuando, ya adolescente, rebotó por centros de menores y psiquiátricos sin reparar las grietas de fondo. Falló cuando, tras el primer intento serio de suicidio, la dejó parapléjica y la devolvió al mismo entorno de precariedad y soledad. Falló, en definitiva, en garantizar que seguir viva mereciera mínimamente la pena.
El editorial de Ivars plantea una imagen potente: si un joven se sube a un quinto piso y amenaza con tirarse, el barrio se paraliza, corren los bomberos, los psicólogos, la policía. Nadie duda de que hay que hacer todo lo posible para evitar la caída. Pero cuando la decisión se etiqueta como “eutanasia”, los conceptos se vuelven resbaladizos: empezamos a hablar de respeto a la autonomía, de decisiones meditadas, de derechos. Es verdad que no estamos ante la misma situación. Una cosa es un impulso agudo y otra un sufrimiento crónico, evaluado durante meses por profesionales. Sin embargo, el paralelismo ilumina una tensión esencial: ¿qué esperamos que haga el Estado cuando una joven de 25 años nos dice, con toda la documentación en regla, que quiere morir porque vivir se ha vuelto intolerable?
La respuesta fácil es recurrir a la definición legal: eutanasia es la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura, con sufrimiento físico o psíquico grave, constante, e imposibilitante. Ideación suicida es otra cosa: el deseo de matarse sin que medie necesariamente una enfermedad incurable. En teoría, la frontera está clara. El problema es que, en la vida real, hay situaciones —como la de Noelia— que contienen elementos de ambas categorías: discapacidad irreversible, dolor crónico y, al mismo tiempo, una trayectoria de trauma, abuso y depresión severa. No es extraño que haya quien se pregunte, como hace Ivars, si se intentaron “todas las curas posibles” antes de certificar que la única salida digna era la muerte.
Desde la otra orilla del debate, la superviviente de varios intentos de suicidio aporta un matiz decisivo. Ella no niega el derecho a la eutanasia en casos de enfermedad física irreversible o deterioro cognitivo extremo. Lo que le aterra es el mensaje que puede recibir una chica de 18, 20 o 25 años con ideación suicida intensa cuando ve que la muerte de Noelia se presenta en algunos medios como un desenlace “coherente”, “valiente” o incluso “liberador”. Si lo que hace años se le repetía —que su vida importaba, que había que sujetarla con uñas y dientes a pesar del dolor— se ve reemplazado por un discurso en el que la sociedad parece decir: “Si sufres demasiado, también puedes irte, y te aplaudiremos”, la prevención del suicidio se debilita. No porque la ley obligue a nadie a morir, sino porque el clima simbólico cambia.
Aquí es donde el tratamiento mediático del caso ha sido, en muchos momentos, imprudente. El “show de la eutanasia”, como lo han llamado algunos críticos, no ha sido solo la entrevista de Sonsoles Ónega a horas de la inyección, con rótulos, música, planos de lágrima y promesas de una “última noche” en televisión. Ha sido también el desfile de tertulias que han convertido a Noelia en un personaje de trama, la proliferación de titulares que hablaban de su eutanasia como una especie de clímax argumental y la avalancha de contenidos en redes donde se simplificaba su historia hasta hacerla irreconocible. Mientras los verificadores desmontaban bulos sobre “menas”, sobre “eutanasia por depresión” o sobre inexistentes privilegios, en TikTok y en Twitter se encadenaban clip tras clip con reacciones viscerales, sin contexto, buscando el impacto inmediato.
En paralelo, algunos influencers se lanzaron a opinar en directo, a veces desde el desconocimiento más absoluto del expediente y de la ley. Streamers que se declaran defensores de la eutanasia se indignaban porque “quitarle la vida a alguien de veintipico años nunca puede ser la solución” sin haber leído ninguna resolución judicial; otros convertían el caso en una excusa para hablar, una vez más, de “cultura woke” o de la “dictadura de lo políticamente correcto”. Es legítimo que los creadores con audiencia expresen sus dudas; lo preocupante es que lo hagan en formatos y tonos en los que la complejidad no cabe, y en los que quienes están al otro lado —jóvenes frágiles, gente con ideación suicida— viven cada frase como un aval o una desautorización de sus propios pensamientos de muerte.
¿Qué hacemos entonces? Volver atrás y derogar la ley no solo sería injusto para quienes necesitan de verdad esa puerta de salida, sino que, además, no resolvería la precariedad de fondo: la ausencia de recursos en salud mental, la soledad estructural, la pobreza que atraviesa tantas biografías como la de Noelia. Pero tampoco basta con refugiarse en el “así lo dice la ley” y cerrar los ojos a los matices que estos casos extremos nos ponen delante. Si algo ha demostrado esta historia es que necesitamos, como mínimo, tres cosas.
La primera, reforzar de verdad —con presupuesto, plantillas y tiempo— la atención en salud mental y en discapacidad. No puede ser que la misma administración que no es capaz de ofrecer una red densa de apoyos acabe siendo diligente solo cuando se trata de organizar la muerte compasiva. No porque la prestación en sí sea ilegítima, sino porque, si no se percibe que se han agotado todas las posibilidades de sostener la vida, la eutanasia se convierte en el último eslabón de una cadena de abandonos.
La segunda, revisar el modo en que aplicamos la ley en contextos de ideación suicida persistente. No se trata de negar de antemano la capacidad de decidir de cualquier persona con diagnóstico psiquiátrico —sería una forma más de estigmatización—, pero sí de establecer salvaguardas adicionales claras: plazos más largos, equipos evaluadores reforzados, obligatoriedad de determinados tratamientos que hoy se ofrecen de forma errática. Y, sobre todo, coherencia: no podemos pedirle a un chico que baja a los raíles del metro que aguante porque “hay salida” y, al mismo tiempo, celebrar sin matices el acceso ordenado a la muerte de alguien de su misma edad atrapado en otro tipo de desesperación.
La tercera, una ética periodística y comunicativa a la altura del tema. Contar la historia de Noelia, o la de cualquier persona en una situación límite, exige un equilibrio difícil entre el derecho a informar y el riesgo de espectacularizar el sufrimiento. Hacerlo bien implica renunciar a algunos de los ingredientes que la televisión, las redes y el clic fácil consideran imprescindibles: la “última exclusiva”, la lágrima en directo, el titular redondo. Supone aceptar que, a veces, la mejor forma de respeto es contar menos, con más contexto, y dejar que la intimidad conserve un espacio propio que no pertenece al consumo de masas.
En Cuenca, en Castilla-La Mancha, en cualquier territorio de la España interior, estas preguntas no son abstractas. Cada día se registran intentos de suicidio que no salen en televisión, crisis de salud mental atendidas con urgencias sobresaturadas, vidas invisibles que acumulan trauma, pobreza y soledad. El caso de Noelia no es un meteorito caído sobre una sociedad sana; es un espejo incómodo de dinámicas que ya estaban aquí: la fragilidad de nuestros sistemas de cuidado, la tendencia a convertirlo todo en contenido y la facilidad con la que preferimos discutir de grandes palabras —“vida”, “muerte”, “autonomía”, “dignidad”— mientras miramos de reojo las biografías concretas que esas palabras atraviesan.
Quizá, más que preguntarnos una y otra vez si Noelia tenía o no derecho a morir —un derecho que la ley ya reconoce y que los tribunales le han garantizado—, deberíamos preguntarnos qué hicimos, como sociedad y como Estado, con cada una de las oportunidades que tuvimos para hacerle su vida un poco menos insoportable. Y, a partir de ahí, decidir si vamos a seguir aplaudiendo suicidios “legales” como quien celebra un gol contra el equipo rival, o si nos tomamos en serio la tarea mucho más ardua y menos vistosa de hacer que vivir, incluso para quienes más sufren, merezca algo más la pena.