¿Qué hay detrás del cierre del tren Cuenca-Valencia? Es hora de levantar la alfombra (por Juan Andrés Buedo)

Que se investigue la trazabilidad del cierre del tren

Hay decisiones públicas que no pueden enterrarse bajo una montaña de tecnicismos. El cierre del tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia es una de ellas. No basta con decir que hubo informes, acuerdos, protocolos y resoluciones. La pregunta verdaderamente democrática es otra: ¿cómo se fabricó la decisión final y qué intereses, criterios y omisiones la hicieron posible?

La UCO no debe convertirse en un recurso retórico para alimentar titulares. Pero tampoco puede descartarse su intervención si Fiscalía o un juzgado aprecian indicios suficientes. La Unidad Central Operativa actúa como Policía Judicial en investigaciones complejas, especialmente cuando puede haber delitos económicos, corrupción o actuaciones de especial trascendencia, y lo hace bajo impulso judicial, fiscal o previa denuncia comunicada a la autoridad competente (RTVE). Por tanto, la cuestión no es lanzar acusaciones, sino pedir que se compruebe documentalmente si todo el proceso fue limpio, completo y leal con los territorios afectados.

El cierre de la línea no fue un simple ajuste técnico. Afectó a pueblos, comarcas, oportunidades económicas, derechos territoriales y al futuro de una provincia castigada por la despoblación. Cuando una infraestructura pública desaparece, la Administración tiene la obligación de explicar no solo por qué la cierra, sino también qué alternativas estudió, qué inversiones descartó, qué datos utilizó y a quién escuchó antes de tomar la decisión.

Ahí está el núcleo del problema. Varios ayuntamientos afectados alegaron indefensión porque, según denunciaron, recibieron fuera de plazo la documentación clave y no pudieron alegar, rebatir ni comprobar los datos del informe que sirvió de apoyo a la clausura (La Voz del Tajo). También cuestionaron la imparcialidad del informe de Ineco, al haber sido elaborado por una empresa pública dependiente del propio Ministerio de Transportes, es decir, del ámbito institucional que impulsaba el cierre (La Voz del Tajo).

Es cierto que el Tribunal Supremo desestimó el recurso de varios ayuntamientos contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero de 2023 y consideró que el Gobierno contó con información suficiente para acordar la clausura del tramo Tarancón-Utiel (Poder Judicial). Pero una resolución contencioso-administrativa no debe cerrar el debate político, social ni, si aparecieran indicios nuevos, penal. La legalidad formal de un acuerdo no impide examinar la trazabilidad previa de los informes, las comunicaciones, los intereses concurrentes y las decisiones administrativas que condujeron al desenlace.

Por eso conviene formular la sospecha en forma de preguntas verificables. ¿Se dejó deteriorar la línea durante años para después presentar su mal estado como argumento de cierre? ¿Se comparó honestamente la clausura con una modernización gradual? ¿Se valoró de verdad la rentabilidad social, territorial y ambiental del tren? ¿Tuvieron los municipios acceso efectivo y en plazo a la documentación esencial? ¿Existían expectativas urbanísticas o patrimoniales vinculadas al cambio de uso de los terrenos ferroviarios? ¿Qué administraciones empujaron el cierre y con qué motivaciones concretas?

Estas preguntas no imputan delitos. Exigen transparencia. Y cuando la transparencia no llega por voluntad política, debe llegar por vía institucional. Fiscalía, un juzgado, una comisión parlamentaria o los órganos fiscalizadores competentes deberían poder reconstruir la cadena completa: quién encargó los informes, quién los redactó, quién los validó, qué datos se omitieron, qué alternativas se descartaron y quién se benefició directa o indirectamente de la desaparición del tren.

Cuenca no puede conformarse con explicaciones paternalistas. No se puede pedir resignación a una provincia que pierde servicios, infraestructuras y población mientras se le promete desarrollo sobre las ruinas de lo que se le acaba de quitar. El tren convencional no era una reliquia sentimental. Era una herramienta de vertebración, una posibilidad de futuro y una garantía mínima de igualdad territorial.

Por eso, sí: si existen indicios suficientes, la UCO debería investigar los intríngulis de los informes previos y de la decisión final. No para fabricar culpables, sino para evitar que una decisión de enorme impacto público quede reducida a un expediente cerrado entre despachos.

Porque cuando se levanta una vía férrea, también se levanta una sospecha. Y en democracia, las sospechas no se tapan con silencio administrativo. Se despejan con documentos, comparecencias, responsabilidades y verdad.

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