La política tiene sus tiempos, pero también sus síntomas. Y cuando una legislatura deja de gobernar para limitarse a sobrevivir, la pregunta ya no es si conviene esperar, sino cuánto deterioro institucional puede soportarse antes de devolver la palabra a los ciudadanos.
España salió de las elecciones generales de 2023 con una aritmética endiablada: el PP obtuvo 137 escaños, el PSOE 121, Vox 33 y Sumar 31, mientras que la gobernabilidad quedó pendiente de una compleja constelación de apoyos nacionalistas e independentistas. Esa realidad podía administrarse con altura de Estado, prudencia parlamentaria y una agenda clara. Pero cuando la mayoría se convierte en una negociación permanente, cuando cada votación se transforma en un mercado de urgencias y cuando el Gobierno parece depender más del cálculo que del proyecto, la legislatura pierde pulso político.
El adelanto electoral no debe plantearse como una amenaza ni como una concesión a la oposición. Debe plantearse como una salida democrática cuando el país entra en una fase de bloqueo, desconfianza y agotamiento. Las elecciones no son un fracaso del sistema, sino precisamente el mecanismo que permite recomponerlo cuando la representación parlamentaria ya no traduce con claridad la voluntad política del momento.
La lógica política exige el adelanto electoral porque gobernar no es resistir. Gobernar es aprobar presupuestos, fijar prioridades, ofrecer estabilidad, rendir cuentas y sostener una dirección reconocible. Si todo eso queda sustituido por la táctica diaria, por la dependencia de minorías decisivas y por el aplazamiento constante de los problemas, entonces el poder deja de servir al país y empieza a servirse a sí mismo.
También lo exige por higiene democrática. Una democracia madura no teme las urnas. Las convoca cuando la situación política se vuelve excepcional, cuando el mandato se ha erosionado o cuando la ciudadanía percibe que las decisiones fundamentales se toman en despachos donde pesa más la supervivencia que el interés general. El voto no resuelve todos los problemas, pero devuelve legitimidad, ordena responsabilidades y obliga a cada fuerza política a explicar qué quiere hacer, con quién y a qué precio.
No hay que confundir estabilidad con permanencia. Un Gobierno puede durar mucho y ser inestable; otro puede durar menos y haber cumplido una función necesaria. La estabilidad verdadera no consiste en sumar escaños a cualquier coste, sino en ofrecer un horizonte inteligible. Cuando la política se vuelve opaca, cuando los pactos se explican mal y cuando la acción pública se reduce a conservar la posición, el país entra en una fatiga que acaba dañando a las instituciones.
El adelanto electoral sería, además, una forma de clarificación. Que cada partido se presente ante los ciudadanos con sus alianzas posibles, sus límites reales y sus compromisos verificables. Que nadie gobierne después diciendo que no tuvo alternativa. Que nadie apoye desde fuera fingiendo que no condiciona desde dentro. Que la ciudadanía sepa qué bloque político puede formar mayoría y qué precio institucional, territorial o presupuestario tendría cada fórmula.
Quienes rechazan el adelanto electoral suelen invocar la necesidad de agotar la legislatura. Pero una legislatura no se agota por calendario, sino por capacidad política. Si hay programa, mayoría y confianza, debe continuar. Si no los hay, insistir puede convertirse en una forma de degradación. La Constitución permite que las Cámaras se disuelvan anticipadamente; por tanto, acudir a las urnas no es una anomalía, sino una herramienta prevista para momentos de bloqueo o pérdida de impulso político.
España necesita algo más que resistencia parlamentaria. Necesita claridad, autoridad democrática y un Gobierno con respaldo suficiente para tomar decisiones de fondo. Si ese respaldo ya no existe, si cada paso depende de una negociación agónica y si la legislatura ha dejado de producir futuro, lo honesto es reconocerlo.
La lógica política, cuando se desprende del cálculo personal, conduce a una conclusión sencilla: antes que prolongar artificialmente una situación agotada, conviene abrir una nueva etapa. Y en democracia, las nuevas etapas no se decretan desde los gabinetes. Se abren en las urnas.