Es difícil invertir en Cuenca, dice el consejero de Fomento, “cuando hay gente que está intentando disparar con francotirador”. La frase, pronunciada por Nacho Hernando ante alumnos de la Facultad de Comunicación de la UCLM, pretende ser un lamento heroico de quien se deja la piel por el progreso de la provincia frente a una minoría ruidosa que torpedea los proyectos. Sin embargo, basta detenerse un instante en el contexto para descubrir que no habla un activista acosado por los poderes fácticos, sino precisamente uno de los máximos responsables del desmantelamiento ferroviario de la provincia, vestido ahora de víctima. La metáfora del francotirador no describe la realidad: la de una ciudadanía que se defiende como puede de decisiones lesivas; describe, más bien, la tentación del poder de criminalizar la discrepancia cívica y de ocultar sus propias responsabilidades bajo una capa de victimismo.
El poder disfrazado de objetivo
Que un consejero de Fomento se presente como diana de “francotiradores” políticos o sociales sería casi un chiste si no estuviera hablando desde una posición de poder evidente. No es un ciudadano aislado tratando de hacerse oír ante un sistema sordo; es la voz de un Gobierno que ha rubricado, junto al Ministerio y ADIF, el cierre del tren convencional Madrid–Cuenca–Valencia, ha bendecido el Plan XCuenca y ha orientado la inversión pública hacia un modelo de movilidad que expulsa aún más a la España interior del mapa ferroviario.
El uso de la figura del “francotirador” tiene una carga simbólica muy fuerte. No estamos ante una crítica dura, sino ante una imagen casi bélica: alguien oculto, cobarde, que dispara a distancia, desde la sombra, contra los que “avanzan”. Asociar a ese imaginario a vecinos, plataformas ciudadanas, asociaciones ecologistas, sindicatos o ayuntamientos que recurren a los tribunales y se manifiestan en la calle es, lisa y llanamente, un intento de convertir la oposición legítima en una forma de sabotaje. La ecuación es clara: el que discrepa no es un interlocutor, sino un francotirador.
No es una exageración retórica sin consecuencias. Ese tipo de lenguaje construye un clima en el que la crítica aparece como un acto antisocial, antipatriótico, casi criminal. Se normaliza la idea de que quien recurre una decisión política no está defendiendo derechos, sino “disparando” contra su propia tierra. El consejero habla como si quienes han llevado el cierre del tren y el Plan XCuenca ante los tribunales fueran enemigos internos, cuando en realidad están utilizando precisamente los cauces que el Estado de derecho ofrece para corregir los excesos del poder.
¿Quién está realmente apretando el gatillo?
Si queremos sostener la metáfora del fusil, conviene preguntarse quién tiene las armas de verdad. Un consejero de Fomento dispone de presupuestos, de capacidad normativa, de influencia sobre la planificación de infraestructuras, de interlocución directa con ministerios, empresas públicas y grandes operadores. Puede cerrar líneas, mover millones, reordenar el territorio. Un colectivo ciudadano tiene, en el mejor de los casos, pancartas, ruedas de prensa, votos cada cuatro años y recursos judiciales complicados y caros.
Los únicos disparos efectivos sobre la mesa han sido los que han dejado sin tren a pueblos que, desde hace más de un siglo, se conectaban con Madrid y Valencia por vía convencional. Lo que se ha ejecutado no es un ajuste menor, sino una amputación territorial con consecuencias para la movilidad diaria, el empleo, la lucha contra la despoblación y el derecho básico a un transporte público digno. Quien dispara a matar contra un servicio público estructural no es el vecino que recurre, sino la administración que firma el cierre.
Lo que el consejero presenta como una heroicidad –“a pesar de los francotiradores seguimos sacando proyectos adelante”– es en realidad el relato de un poder que actúa a sabiendas contra una parte significativa de la opinión pública local y provincial. Cuando, pese a la contestación social, se suprime un tren y se apuesta por un modelo AVE + carretera, se está imponiendo una visión de territorio. Y esa visión no tiene nada de neutral: privilegia la alta velocidad y la circulación rápida de unos pocos sobre la accesibilidad cotidiana de muchos.
“Es difícil invertir en Cuenca”: la gran coartada
La frase central de Hernando –“es difícil invertir en Cuenca cuando hay gente que está intentando disparar con francotirador”– es un ejemplo de manual de inversión de responsabilidades. Deja caer que la provincia podría estar recibiendo aún más proyectos, más fondos y más atención si no fuera por esos molestos opositores que recurren todo. El problema no serían las decisiones políticas, sino los ciudadanos que no saben callarse.
Esta coartada es muy cómoda: si un inversor duda, no es por la inestabilidad normativa que genera el cierre de un servicio histórico; no es por la sensación de desprecio institucional hacia el medio rural; no es por la falta de una estrategia coherente a largo plazo. Es porque hay “francotiradores”. Es decir, porque todavía existen mecanismos de control democrático, oposición política, contraargumentos técnicos y jurídicos. La culpa, una vez más, recae en el mensajero.
Conviene recordar que buena parte de la contestación al Plan XCuenca no se opone a que se invierta, sino a cómo y en qué se invierte. La demanda no es “no hagan nada”, sino “no destruyan el tren convencional; modernícenlo, integren la infraestructura en un modelo más equilibrado, no sacrifiquen la vertebración territorial en nombre de una supuesta modernidad”. Las plataformas, alcaldes y colectivos que han acudido a los tribunales no están disparando contra la inversión; están tratando de impedir que se consolide un modelo que consideran devastador para el futuro de la provincia.
La justicia como escudo propagandístico
Otra de las afirmaciones de Hernando es que “la justicia ha terminado respaldando las medidas planteadas” en el Plan XCuenca y que, por tanto, “todo sigue en sus plazos”. El mensaje es claro: quien siga criticando o recurriendo actúa ya contra una decisión jurídicamente bendecida. De nuevo, la intención es deslegitimar la discrepancia, reforzada esta vez por una pátina de legalidad.
Pero la realidad es bastante más compleja. Que una sentencia concreta desestime un recurso y permita reactivar determinadas actuaciones no convierte en intocable el conjunto del plan ni convierte en infundadas todas las críticas técnicas, sociales y políticas. La legalidad de un procedimiento no equivale a su justicia material, ni a su conveniencia para un territorio concreto. La historia de las infraestructuras en España está llena de proyectos que fueron perfectamente legales y profundamente erróneos.
Además, el conflicto en torno al tren convencional y el Plan XCuenca no se ha cerrado ni social ni políticamente. Persisten recursos, informes críticos, posicionamientos de colectivos y nuevos frentes, incluso internacionales, abiertos contra el cierre. Presentar la situación como si la justicia hubiera hablado “en nombre de todos” y hubiera mandado callar a la ciudadanía es, de nuevo, atribuir a los tribunales un papel disciplinario que no les corresponde. La justicia resuelve pleitos; no amordaza conciencias.
El espejismo del “salto cualitativo”
El consejero se esfuerza en describir la situación actual de la capital y de la provincia como un momento “de transformación” con “una agenda de expansión y de inversión”. Los remontes mecánicos al Casco Antiguo, el vial de conexión con la estación del AVE y otros proyectos se presentan como prueba irrefutable de que Cuenca se halla ante un “salto cualitativo muy importante”.
Si se mira con lupa, sin embargo, la fotografía es menos triunfal. La mayor parte de las actuaciones estrella orbitan alrededor de la alta velocidad y de una determinada operación urbana sobre los terrenos del antiguo ferrocarril, más que de una estrategia integral de movilidad pública para toda la provincia. La ciudad núcleo concentra actuaciones visibles, fotogénicas, mientras las zonas rurales pierden la columna vertebral ferroviaria que hacía posible una cierta cohesión territorial.
La apuesta por el AVE y por infraestructuras asociadas tiene su lógica dentro de un modelo que prioriza la rapidez de conexión entre nodos principales. Pero lo que no puede es venderse como si fuera automáticamente sinónimo de desarrollo equilibrado. De hecho, la experiencia de otras provincias y regiones demuestra que la llegada de la alta velocidad no garantiza, por sí sola, ni un tejido productivo fortalecido ni una mejora de la vida cotidiana de quienes no pueden pagar los billetes o viven lejos de la estación.
Llamar “salto cualitativo” al proceso por el cual una provincia despoblada pierde su tren convencional y se le ofrecen, a cambio, remontes y un vial al AVE es pedir al ciudadano que aplauda la mano que le quita mientras muestra la otra llena de promesas. Es tratar de sustituir derechos por escaparate.
“Olvidarse de quién hace la inversión”: la amnesia como programa
En el tramo final de sus declaraciones, Hernando sugiere que lo mejor es “olvidarse de quién hace la inversión y apostar por Cuenca, sin más”. Esta frase, que podría sonar a llamamiento al consenso, es en realidad una invitación a la amnesia política. Lo que se pide es que el ciudadano renuncie a relacionar las obras con las decisiones, con los partidos, con las trayectorias de gobierno. Que se contente con cortar la cinta, sin preguntarse qué hubo que sacrificar para llegar hasta ahí.
Pero en democracia no se puede “olvidar” quién hace qué. Es esencial recordar quién impulsó el cierre del tren, quién diseñó el Plan XCuenca, quién negoció con ADIF los plazos y las condiciones, quién defendió en los tribunales y en los medios estas actuaciones. La responsabilidad política no se borra a golpe de inauguración ni de rueda de prensa en la que se presentan como inevitables decisiones que fueron, en realidad, opciones ideológicas.
Pedir que nos olvidemos de los autores equivale a pedir que dejemos de enlazar causa y efecto. Si Cuenca se queda sin tren convencional, no ha sido obra de la naturaleza ni de un accidente histórico: ha habido nombres y apellidos, firmas concretas, silencios cómplices, votos emitidos en órganos de gobierno. Y del mismo modo que un político reclama su parte del mérito cuando se inaugura algo, debe asumir su parte de responsabilidad cuando se clausura un servicio esencial.
El discurso que Cuenca no debe aceptar
El gran peligro de las declaraciones de Nacho Hernando no reside solo en la metáfora desafortunada del “francotirador”, sino en el tipo de cultura política que normalizan. Una cultura en la que el poder se presenta a sí mismo como víctima, la crítica se equipara a sabotaje, la justicia se invoca como escudo propagandístico, las decisiones estructurales se disfrazan de meras cuestiones técnicas y la memoria de lo ocurrido se declara irrelevante en nombre de un supuesto “bien común” que solo definen quienes mandan.
Cuenca, una provincia golpeada por la despoblación, el envejecimiento, la desertización de servicios y la concentración de oportunidades en unos pocos núcleos, no puede permitirse ese relato complaciente. Necesita, precisamente, lo contrario: ciudadanos que no se callen, instituciones que asuman sus responsabilidades, debates informados sobre el modelo de territorio y una mirada larga que entienda que las infraestructuras no son un regalo, sino una herramienta estratégica.
No son los vecinos, ni las plataformas, ni los alcaldes que recurren, ni los colectivos que acuden a instancias superiores quienes están “disparando” contra la provincia. Al contrario: están intentando, con los medios de los que disponen, evitar que se consuma un proceso de vaciamiento territorial que luego será dificilísimo revertir. Si hay francotiradores en esta historia, su objetivo no es la inversión, sino la verdad. Y en eso, el consejero no es la víctima: es el autor del relato.
Abrirse al futuro
Cuenca no necesita que nadie la salve de sus “francotiradores”, sino que la salve de decisiones tomadas a espaldas de su gente y justificadas con metáforas que insultan la inteligencia. Quienes defienden el tren convencional, quienes recurren el Plan XCuenca, quienes se niegan a tragarse el cuento del “salto cualitativo” saben que la verdadera inversión es mantener viva la posibilidad de un futuro distinto para esta tierra. Y eso empieza por llamar a las cosas por su nombre: lo que mata a una provincia no son las críticas, sino las políticas que la dejan sin tren, sin servicios y sin voz.