Cuatro de cada diez ciudadanos encuestados creen que hay que reducir el gasto público, frente al 13,9 por ciento que piden subirlo
Ficha técnica
Universo: individuos de 18 a 75 años residentes en municipios de más de 500 habitantes de la Península e Islas Baleares.
Recogida de información: entrevista personal en el hogar.
Muestra efectiva: 982 españoles de 18 o más años.
Error muestral: +/- 3,2 por ciento, con un nivel de confianza del 95,5 por ciento.
Trabajo de campo: red de campo de DYM, del 18 de septiembre al 7 de octubre
La subida de impuestos que pretende aprobar el Gobierno en el Parlamento, con el beneplácito del PSOE, PNV y Coalición Canaria, cuenta con el rechazo frontal de la inmensa mayoría de los españoles, según se refleja en el último estudio demoscópico de DYM realizado para ABC sobre política económica. La reforma fiscal impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como receta teórica para recaudar más y compensar así parte del gasto social, sólo tiene el apoyo del 6,2 por ciento de los ciudadanos, mientras que un 92,6 por ciento se oponen a cualquier subida de sus impuestos.
«Este Gobierno pide a los ciudadanos un esfuerzo, cuando es necesario hacerlo por la disminución de ingresos y cuando es necesario para financiar las políticas de lucha contra la crisis sin acumular un déficit inaceptable». Así justificó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, la decisión de subir los impuestos, o dicho en el peculiar lenguaje del Gobierno de Zapatero, la «petición» de ayuda a los ciudadanos, para que se aprieten más el cinturón en época de crisis y «ayuden» a sostener las prestaciones sociales.
Pese a la estrategia del Gobierno de imbuir demagogia sobre una medida que siempre es impopular, para recabar más apoyo social, los ciudadanos, desde la izquierda a la derecha, han dado la espalda a la estrategia socialista y no parecen acoger de buen grado esa «petición» de ayuda que solicita con buenas palabras el Ejecutivo del PSOE en horas bajas, con más de cuatro millones de parados y un panorama bastante desolador. De esta estrategia forma parte el camuflaje verbal de la subida de impuestos, que para Zapatero es un «impulso fiscal extraordinario» y para Salgado sólo es un «cambio impositivo».
Las recetas de los encuestados son bastante diferentes: algo más de la mitad de los entrevistados, el 50,8 por ciento, consideran que lo que hay que hacer ahora, para salir de la recesión económica, es bajar los impuestos y no subirlos. El 41,8 por ciento cree que en estas circunstancias lo mejor es mantener la presión fiscal tal y como está y no poner las cosas más difíciles a los ciudadanos.
La oposición a la subida de impuestos es global y procede de todas las capas sociales, desde los que más tienen a los que menos. Si se desglosan los resultados del estudio demoscópico por actividad y clase social de los encuestados, se observa que entre las rentas medias el 47,6 por ciento cree que el Gobierno debería mantener los impuestos como están, mientras que el 43 por ciento opina que tendría que bajarlos, y el 8,1 por ciento, subirlos. Curiosamente, entre las rentas medias-altas hay una mayoría que considera que lo mejor sería dejar las cosas iguales (48,4 por ciento). En este grupo, un 11 por ciento ve acertada la subida de tributos. Las rentas más bajas, como es lógico, también apoyan mayoritariamente la bajada de impuestos (57,2 por ciento), y sólo un testimonial 2,7 por ciento considera que el Ejecutivo debería subirlos.
¿Austeridad en las cuentas?
El Gobierno del PSOE ha defendido además sus Presupuestos de 2010, criticados por toda la oposición parlamentaria sin excepciones (incluidos los diputados del PNV y CC, que los apoyan sólo a cambio de contraprestaciones), porque son «austeros». La vicepresidenta Salgado explicó en el último debate en el Congreso que el gasto se reducirá un 3,9 por ciento, es decir, que el año que viene el Estado gastará 7.500 millones de euros menos de lo que va a gastar en 2009. Para el PP y CiU, sin embargo, la austeridad brilla por su ausencia. Los populares, en sus enmiendas parciales para «rectificar» los Presupuestos, plantean un recorte de 10.000 millones de euros en el gasto, que incluye la supresión de los ministerios de Vivienda y de Igualdad, así como de la vicepresidenta tercera del Gobierno (la de Manuel Chaves).
En el estudio de DYM, la inmensa mayoría de los españoles se oponen a cualquier incremento del gasto público en las circunstancias actuales de España. El 44 por ciento de los encuestados opinan que el Gobierno de Zapatero debería mantener el gasto público tal y como está, mientras que el 40,8 por ciento considera que debería reducirlo. Sólo un 13,9 por ciento de los entrevistados apoyarían un incremento del gasto público en la actual situación de crisis económica.
En el desglose por actividad y clase social, los únicos que prefieren mantener el gasto público antes de reducirlo y mucho menos incrementarlo son los ciudadanos con rentas medias-bajas: el 44,4 por ciento cree que se debe dejar como está, frente al 38,2 por ciento que apoya la reducción del gasto. Curiosamente, el grupo más alto que pide un incremento de ese gasto público se encuentra en las rentas medias-altas: el 21,3 por ciento apoyaría esa decisión.
El estudio de DYM se detiene en situar a los entrevistados según las combinaciones posibles de las respuestas sobre los impuestos y el gasto público. Así, un «keynesiano» optaría por incrementar el gasto público, un «solidario» optaría por mantenerlo o bajarlo junto a una subida de impuestos, un «liberal» reduciría ambos conceptos (o como mucho mantendría el gasto público) y un «continuista», como su nombre indica, no tocaría nada.
Liberales y continuistas
Pues bien, un 44 por ciento de los encuestados reflejaron unas preferencias «liberales», mientras que el 22,5 por ciento podrían ser descritos como «continuistas», el 18 por ciento como «solidarios activos», y un 13,9 por ciento serían «keynesianos».
Por clases sociales, los «liberales» dominarían en todos los grupos, tanto que en las rentas bajas son el 47,6 por ciento, mientras que en las medias-altas serían el 32,9 por ciento. Los «solidarios activos» son sólo el 13 por ciento en rentas bajas.