Reclaman ayudas
El coste familiar por discapacitado puede superar los 30.000 euros
- En Valencia hay unas 18.000 personas con discapacidad intelectual
Efe | Valencia (Publicado en El Mundo, aquí)
Miembros de la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) en la Comunidad Valenciana han denunciado el "sobrecoste brutal" que supone para las familias la atención de estos discapacitados, cifrado entre 20.000 y 31.600 euros al año.
FEAPS-CV ha presentado el 'Estudio del sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual ocasiona en la familia en España-2008', en el que se cuantifica el tiempo que dedica una familia a la atención del afectado o los costes destinados a material ortopédico, ropa, higiene, transporte o copago de servicios.
En Valencia hay actualmente unas 18.000 personas con discapacidad intelectual, de las cuales el 31% es del nivel 1 o ligero, el 46% del nivel 2 o moderado y el 23% del nivel 3 o severo.
En el caso de la Comunidad Valenciana, este sobreesfuerzo económico oscila entre los 20.000 y los 31.600 euros anuales dependiendo del grado de discapacidad que tenga el afectado, cifras que superan la media nacional, estimadas entre 19.000 y 31.000 euros.
En esta región, un afectado de grado ligero supone un sobrecoste de 13.598 euros al año, el de grado moderado de 13.235 euros anuales, el afectado de grado severo en residencia cuesta a la familia 17.686 euros al año y en el caso del severo en el hogar la cifra asciende a 35.781.
"En la actual situación económica, estos datos demuestran la discriminación que algunas familias experimentan por el sobreesfuerzo económico que soportan al tener en su seno un miembro con discapacidad intelectual", ha asegurado Juan Cañizares, miembro de la junta directora de FEAPS-CV.
Cañizares ha señalado que frente a estas cifras no existe una "compensación clara" por parte de la Administración Pública para compensar el déficit de las familias.
Según el miembro de la FEAPS-CV, "no estamos mendigando ayudas ni limosnas, sino que la sociedad destine recurso reales para que los discapacitados tengan derechos civiles como cualquier otra ciudadano".
Juan Cañizares ha denunciado que los discapacitados intelectuales se encuentran en una "situación sangrante, cobran pensiones de miseria, los servicios se dan con cuentagotas y la situación de crisis económica les afecta más negativamente que al resto", a lo que hay que añadir "que se les pretende cobrar una serie de servicios que no se cobra a otros sectores de la población".
"Así como si una persona necesita ser atendida en el sistema público de salud no realiza ningún copago previo, tampoco en la atención a la dependencia se le debería exigir a una persona discapacidad intelectual", asegura la asociación.
Por ello, desde FEAPS-CV piden a la Administración la firma de convenios estables de dos o tres años "para poder contar con recursos claros, contemplados en los presupuestos y con sus correspondientes subidas del IPC, para gestionar los servicios con garantías".
Según Cañizares, muchos de los voluntarios que han sido formados por el tejido asociativo familiar se están yendo al sector privado, y ha indicado que por ello pretenden que la Administración compruebe que dan "la calidad y la atención directa que quieren los usuarios".