Existe en el lenguaje económico un término ingles, difícil de comprender para los que somos legos en la materia, el credit crunch que, para entendernos, significa que el Estado acapara los créditos de las entidades financieras mientras las empresas, los pequeños negocios y los particulares se quedan a dos velas. Los bancos, como las Cajas y demás entidades de crédito contraen la concesión de créditos, fuere porque ya no les queda capacidad para ello o fuere, y esto es lo más corriente, porque después del susto de las sub primes ya no se fían ni de su propia sombra. En todo caso, a los analfabetos en temas económicos nos choca que, cuando el Gobierno empezó a reconocer que la crisis también nos afectaba a los españoles, una de las primeras medidas a las que recurrió, para intentar paliar los efectos de la recesión que se avecinaba, fue apoyar a aquellas entidades financieras, en gran parte culpables del estallido de la burbuja inmobiliaria, con una dotación de 50.000 millones de euros que, en teoría, debían servir para que concedieran créditos a aquellas entidades económicas ( industrias, comercios y autónomos) que, aún teniendo una solvencia acreditada, a causa de la contracción de la demanda, estuvieran teniendo problemas de liquidez que les obligaran a reducir su producción, prescindir de parte de su plantilla y, en algunas ocasiones, verse forzadas a acudir al procedimiento de concurso de acreedores, algo que suele resultar muy gravoso y que, en nada, contribuye a promocionar o prestigiar a quien deba recurrir a este último remedio, si es que no quiere quebrar.
Lo curioso es que, aún teniendo en cuenta que los fines para los que se dotaron aquellas provisiones (a cargo del dinero de los españoles), no se consiguieron, debido a que, incomprensiblemente, el Gobierno no se aseguró, antes de otorgar las ayudas, de que los apoyos se materializaran en los créditos a empresas; controlando, por medio de las consabidas auditorías (ya que las ayudas se dieron fueron a cambio de que el Estado se hiciera cargo de los “activos tóxicos”) o controladores internos, que pudieran dar fe de que los efectivos recibidos se utilizaban para los propósitos para los que fueron destinados.; y no, como ha ocurrido en realidad, en sanear los balances de las entidades crediticias que se beneficiaron de ellos. En realidad, nos cuesta entender como, cuando parecía que los bancos amenazaban con derrumbarse, apenas pasado un año y medio y sabiendo que, muchas de las entidades salpicadas por el problema hipotecario, se han tenido que quedar, por impagos, una gran cantidad de inmuebles ¡Oh, sabio Kalikatres!, sus balances no hayan sufrido la depreciación de sus inmovilizados a causa de la depreciación; a diferencia del resto de activos inmobiliarios, pertenecientes a propietarios particulares, que sí han visto como sus inmuebles se han devaluado notablemente, en sólo un año. El Banco de España, que sabe mucho de estas trampas, ya ha obligado al sector financiero, para prevenir la morosidad, a provisionar un 20% del valor de los activos inmobiliarios en cartera, en lugar del 10% anterior, cuando éstos lleven más de un año en su balance.
Con todo, a pesar de que han provisto 90.000 millones de euros para apuntalar las Cajas de Ahorros (es sabido que, en teoría, deberían estar controladas por sus Consejos de Administración en los que hay representación de los Sindicatos, Partidos políticos y del Estado); que también participaron en la merienda de negros en que se convirtió la especulación inmobiliaria; el propio Banco de España ha situado en posición de alto riesgo a ocho entidades que, a causa del hermetismo oficial, no se sabe cuales son, pero si lo dicen los del banco será cierto que están al borde de la quiebra. Así las cosas, resulta incomprensible que algunos bancos estén dando dividendos a sus accionistas como si no tuvieran problema alguno, lo que nos reafirma en el convencimiento de que los banqueros son inmunes a la recesión y que son capaces de sacar provecho hasta de las propias piedras. Pero, claro, nadie nos impide pensar si, en realidad, ¿era preciso que se ayudara a las entidades financieras?, ¿no hubiera sido más sencillo destinar los 50.000 millones de euros a ayudar, a través del ICO y sin intermediarios, a aquellas empresas que, aún siendo rentables y solventes, tuvieran dificultades de tesorería? Por lo visto no lo entendieron así ni ZP ni el señor Solbes. Es evidente que el FROB o sea los 90.000 millones de nuestros impuestos y de deuda pública, destinados a salvar las Cajas de Ahorros en peligro de bancarrota, vuelve a incurrir en el mismo problema con el que se encuentra la FED en EE.UU, que se ha tenido que hacer cargo de créditos tóxicos a cambio de dinero contante y sonante, y esto no ha hecho más que devaluar el valor del dólar, al perder el soporte de unas garantías sólidas. En lugar de dejar que, las fuerzas que rigen la economía, actúen libremente, dirigidas por sus propias leyes y permitir que aquellas empresas que no sean viables, quiebren; dotando a los fondos de garantía de depósitos de más solidez económica para poder salvaguardar los derechos de los impositores; se prefiere confiar en los mismos directivos que condujeron a sus entidades al desastre para intentar volverlas a reflotar. Pero no olvidemos que esto sucede porque todos los partidos las han politizado y sacan provecho de ello.
Pero volvamos a los credit crunch. Aquí nos encontramos con la paradoja de que, el Estado, da dinero a las entidades crediticias para que concedan créditos, los créditos no se conceden a quienes debieran haberlos recibido, al contrario, se contraen más si cabe; de manera que, muchas empresas deben quebrar, otras acudir al concurso de acreedores, otras a reducir su producción y prescindir de parte de sus plantillas y otras, las menos, a recapitalizarse emitiendo obligaciones o ampliando el número de sus accionista para poder aguantar el golpe de la crisis. Pero, señores, como el Gobierno necesita dinero obliga a estas entidades crediticias, que no dan créditos a empresas y particulares, a que se los den a él, bien comprándole Deuda Pública, bien apoyando a empresas públicas o bien dándole créditos en condiciones especiales, que todos ya sabemos en lo que consisten (el señor Montilla nos podría explicar algo sobre aquel crédito de un millón de euros concedido al PSC, por la Caixa, y que parece que nunca ha sido devuelto ni su pago les ha sido exigido), ¡Dios sabe a cambio de qué contraprestaciones!, porque, ya se sabe, en este mundo en el que vivimos nadie da algo por nada. Esto, señores, es el famoso credit crunch, el Estado recibe parte del dinero que prestó de aquellos que lo recibieron, con preferencia a cualquier empresa, sociedad o particular que lo precisase. Seguramente, dada la situación de endeudamiento de nuestra Administración, se dedicará a pagar los 22.000 millones de intereses que debe abonar por los intereses de nuestra Deuda pública. La pescadilla que se muerde la cola.
Nuestros biznietos serán los que continuarán pagando las consecuencias de este Gobierno insensato que no se para en gastos, sin querer reconocer sus consecuencias. Por ejemplo, la señora Bibiana Aído ha decidido otorgar una cantidad de 845.000 euros (unos 141 millones de pesetas) para “investigaciones relacionadas con estudios feministas” algo, por supuesto, de “suma urgencia” para solucionar el problema del paro en España. Continuamos estando, aunque no se comente, en deflación, nuestro PIB continúa en un -4%; sigue en aumento el desempleo y las empresas, las que no caen, están en la cuerda floja; mientras el Gobierno se niega a la reforma laboral que se le pide desde toda Europa. ¡Un paraíso, señores, un paraíso!
Miguel Massanet Bosch