El Gobierno será 'árbitro' en los debates sobre el fin de las medidas anticrisis, lo que le restará margen para defender sus posiciones
(Publicado en ABC, aquí)
España asume a partir de hoy y hasta el 30 de junio la presidencia de turno de la UE por cuarta vez en su historia con el reto de afianzar la salida de la crisis económica y financiera que afecta a Europa desde hace dos años y medio y de diseñar un nuevo plan económico capaz de generar crecimiento y empleo los próximos 10 años que sustituya a la fallida estrategia de Lisboa. También será una prioridad para el Gobierno español avanzar en la creación de un gobierno económico de la UE y especialmente de la eurozona.
El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero toma las riendas de la UE en una situación de debilidad desde el punto de vista económico. La recuperación en España va con retraso respecto a los grandes países de la eurozona como Alemania o Francia, debido al impacto de la burbuja inmobiliaria, de manera que el paro llegará en 2010 al 20% de la población activa, el doble que la media comunitaria, y el déficit público se situará en el 10,1% del PIB, según las previsiones de la Comisión Europea.
Al resto de países de la UE les espera en 2010 una recuperación débil (un crecimiento del 0,7% frente a una contracción del 0,8% en España), insuficiente para frenar el aumento del paro. Además, el déficit y la deuda continuarán disparándose debido a la caída de los ingresos fiscales, las medidas anticrisis y el gasto para las prestaciones por desempleo.
En este contexto, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, deberá dirigir los debates sobre cuándo deben retirarse los estímulos fiscales y los planes de ayuda a los bancos. Una eliminación prematura podría asfixiar la recuperación, pero la continuidad de estas medidas amenaza con provocar problemas de solvencia como los que afectan a Grecia y que podrían contagiarse a otros países y poner en riesgo la estabilidad del euro.
De momento, los 27 están de acuerdo en que todavía no ha llegado la hora de suprimir las ayudas, pero ya han dejado claro que como muy tarde deberá hacerse en 2011 y algunos países, como Grecia o también España, deben adelantarse para evitar que se dispare más su déficit y su deuda. Su papel de árbitro en las discusiones en tanto que presidenta del Ecofin restará a Salgado margen de maniobra para defender las posiciones españolas.
Las ayudas del FROB a las cajas, pendientes
También seguirá discutiéndose el calendario para retirar los planes de ayuda a la banca, empezando por las garantías públicas sobre la deuda. España también va con retraso en este campo ya que mientras países como Alemania, Reino Unido o Francia han recapitalizado sus bancos, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) todavía no ha materializado sus ayudas a las cajas de ahorros.
A la presidencia española le corresponderá además pactar con la Eurocámara y poner en marcha el nuevo sistema europeo de supervisión bancaria que acordaron los ministros de Economía en diciembre para prevenir nuevas crisis.
La nueva arquitectura consta de dos pilares: un Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos, que lanzará alertas cuando detecte riesgos para la estabilidad económica y emitirá recomendaciones; y tres Autoridades (bancaria, de bolsa y de seguros) que tendrán poderes de mediación cuando haya desacuerdos entre los supervisores de los países donde esté presente un banco transfronterizo con problemas. España deberá garantizar que la nueva estructura empiece a funcionar en 2010.
También será tarea de Salgado culminar la aprobación de las normas que regularán los fondos de inversión de alto riesgo ('hedge funds'), que ya ha sido descafeinada por la presidencia sueca para calmar las preocupaciones de Londres y los requisitos de capital y políticas retributivas de los bancos. La presidencia española impulsará igualmente medidas legislativas para dar respuesta a las crisis bancarias transfronterizas y facilitar la liquidación de entidades en problemas.
Para Zapatero, la prioridad de la presidencia española al margen de la lucha contra la crisis es avanzar en la creación de un auténtico gobierno económico de la UE y, especialmente, de la eurozona. Se trata de reforzar la cooperación de los países que comparten la moneda única para superar la asimetría que provoca la existencia de una política monetaria común frente a 16 políticas económicas distintas.
Nueva estrategia económica
Durante la presidencia española se diseñará el nuevo plan económico de la UE para los próximos 10 años, denominada "Europa 2020". Deberá sustituir a la estrategia de Lisboa, cuyo objetivo de convertir a Europa en la economía del conocimiento más competitiva del mundo en 2010 ha resultado un fracaso. El Gobierno intentará que la nueva estrategia imponga un número limitado de objetivos más realistas y que se aumenten los controles para garantizar que los Estados los cumplen.
El nuevo plan tendrá como prioridades la creación de empleo –y para ello la presidencia propugna en su programa reformas del mercado laboral que aumenten la flexibilidad y la seguridad y faciliten la movilidad de los trabajadores–, la inversión en I+D y la sostenibilidad medioambiental. Su aprobación está prevista en la cumbre que se celebrará los días 25 y 26 de marzo. Y para prepararla ya se ha convocado una reunión extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno en febrero.
En materia medioambiental, la presidencia española tendrá que liderar el desarrollo y la profundización del acuerdo de mínimos sobre cambio climático alcanzado en la cumbre de Copenhague, que la UE considera decepcionante. El objetivo comunitario sigue siendo que el pacto se convierta en 2010 en un texto jurídicamente vinculante que incluya objetivos de reducción de emisiones por países y cifras de ayudas a los países más pobres para luchar contra el cambio climático.
Finalmente, se espera que la Comisión presente durante la presidencia española la primera propuesta para reformar el marco presupuestario de la UE a partir de 2013. Los borradores preparatorios generaron una gran polémica al defender una reducción del peso de la política agrícola común (PAC) y de los fondos regionales en beneficio de una mayor inversión en I+D. La presidencia española defenderá la continuidad de una PAC bien financiada más allá de 2013, así como una reforma de la política pesquera común que mejore la sostenibilidad.