Estos días he tenido ocasión de leer un artículo muy interesante sobre los famosos “liberados sindicales”; estos señores que aparentemente, sólo aparentemente, dedican el tiempo en que debieran dar el callo en su puesto de trabajo, a actividades sindicales, para conseguir lo que el señor Rodríguez Zapatero define como “conquistas sociales” para el resto de sus compañeros de trabajo. Lo que ocurre es que, como no podía ser menos, estos señores que no trabajan, estos beneficiarios del “ocio” sindical, aparte de no dar rendimiento alguno a la empresa y, por extensión, a la producción nacional; perciben su salario de la empresa como si, en realidad, contribuyeran a la producción y engrandecimiento de la misma. Esto es un mal endémico fruto del legado de la izquierda emperrada en imponer a los empresarios la carga de apechugar con aquellos que más interés tienen en empobrecerlos. No en todas las naciones ni en todos los sindicatos se mantiene esta misma línea de conducta, la misma incompetencia, el mismo cerrilismo y falta de sentido común. Tampoco todos los sindicatos prestan sumisión al Gobierno, como en el caso de los españoles acostumbrados a vivir a expensas del Estado en lugar de las cuotas de sus afiliados. Es cierto que naciones, como Alemania, tienen unos sindicatos que gozan de la sensatez, realismo y conocimiento de causa, lo que les permite formular sus reivindicaciones en el momento adecuado, con las argumentaciones razonadas y, y esto es muy importante, sabiendo que cada mejora que se consigue para el personal, suele representar una contraprestación en productividad que, a su vez, contribuye a mejor sostenimiento de la empresa.
En España todo es distinto, aquí tanto CC.OO como UGT, son sindicatos básicamente constituidos como cadena de transmisión del PC y del PSOE, respectivamente, y su carga ideológica sobrepasa con creces al sentido común, la imprescindible percepción de la realidad económica de la empresa y de la necesidad de mantener una productividad y, si es posible mejorarla cuando se ponen sobre el tapete de la negociación, los aumentos salariales o mejoras sociales. Nadie puede poner en duda, hoy en día, que nuestras empresas deben soportar un importante coste adicional por cada trabajador que se dedique a las tareas sindicales o miembros de los comités de empresa. La ley les concede 40 horas mensuales que ellos ya se ocupan de que nunca sean menos y, por añadidura, a través de la negociación colectiva o por exigencias sindicales, siempre suelen ser más, especialmente cuando se trata de asistir a las interminables negociaciones de los convenios. Pero, según fuentes del periódico LD, actualmente, en España se calcula que tenemos a 57.000 “liberados”, que suponen un coste para las empresas cifrado en 1.600 millones de euros al año; de los cuales, 8.368 pululan por Andalucía, una de las regiones del país que más alto índice de desempleo registra y que, por añadidura, debe soportar la carga del famoso PER que, como todo el mundo sabe, consiste en un subsidio para los trabajadores del campo, que lo perciben mientras no tienen faena acuícola lo que, en muchos casos, supone que no trabajan más de dos meses al año.
Ni que decir tiene que, todos estos sueldos, bicocas, bagatelas y momios, quienes acaban pagándolos somos el resto de los ciudadanos de a pie, a través de los precios, las cotizaciones a la Seguridad Social, y los impuestos, entre los cuales tenemos al famoso IVA, cuyo porcentaje todos sabemos que va a aumentar sustancialmente a partir del próximo julio. Pero es que no acabamos todavía con la lista de los que no trabajan. Si añadimos a los más de 4’5 millones de parados (incluidos los que el Gobierno no considera como tales por estar adscritos a cursillos, o por pedir empleos determinados o por buscar un primer empleo etc.) todos estos funcionarios cuya plantilla, sólo en un año, ha crecido en 1.000.000 de nuevo empleos, nos situamos cerca de la cifra de 3 millones de empleos públicos, cuyo coste, si contamos a altos cargos de la Administración, del Ejército y de la Administración de Justicia, nos lleva a considerar el gran bocado del león que se le infligen a los Presupuestos Generales del Estado, por tales conceptos. Ahora, parece que, el Gobierno, forzado por su endeudamiento y por el déficit público, se está apercibiendo de ello, pese a la paradoja de que la única medida que se les ha ocurrido ha sido cubrir sólo el 10% de las futuras bajas de funcionarios ¡A buenas horas mangas verdes!, cuando el mal ya está hecho y la economía española en la UVI. Excluyamos también, del trabajo productivo, a todos los cargos electos que ocupan escaños en el Parlamento, el Senado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, diputaciones etc. Todos ellos cobran suculentos sueldos, dietas, jubilaciones especiales y otras gabelas. Pero nadie quiere recortarse el sueldo, ni perder las ventajas de su puesto, aunque ello redundara en el ahorro de gasto público.
Señores, es una cifra que asusta, una cifra desmesurada y, evidentemente, insostenible si, como parece, el señor Zapatero quiere que, en España, tengamos una economía “sostenible” que, para él, sólo se centra en las energías alternativas y en el juguete del ministro Sebastián, el tan cacareado coche eléctrico que, vaya usted a saber, cuando se va a imponer entre la ciudadanía española. A todo este coste superfluo, faraónico e “insostenible” se le deberán añadir las bicocas que se les pagan a asesores, a vendedores de imagen; a encargados de estudios diversos (como ocurre en Catalunya) sin otro efecto que pagar cantidades exorbitantes por trabajos perfectamente prescindibles pero que sirven para contentar a aquellos fieles que los votan. No duda el Gobierno socialista en condonar, magnánimamente, las deudas exteriores a los países de la misma ideología o apoyar causas perdidas como la absurda Alianza de Civilizaciones. Todo ello acaba de redondear este circo del gasto desbocado, generado por el gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, que no e capaz de poner freno a tanto gasto inútil mientras el déficit interior público se dispara y el endeudamiento se está convirtiendo en el único medio de financiación del Estado ante una recaudación de tributos cada vez más reducida como consecuencia de la recesión económica.
España está a la cola de las naciones europeas en cuanto a productividad, competitividad, posibilidades de salirse de la recesión, confianza de los inversores y solvencia financiera. Las que producen la riqueza, las empresas, deberían crear nuevos puestos de trabajo y, los bancos, deberían facilitar líneas de crédito para inversiones, promociones, innovaciones etc. No obstante, están bajo mínimos, sin posibilidad de competir dignamente con las empresas extranjeras. Enfrentadas al concurso de acreedores y, por si no bastara, abocadas a tener que afrontar un aumento del IVA y de los impuestos y tasas municipales, que van a agravar, todavía más, sus costes de producción, desde los de las materias primas hasta el transporte, la energía, los combustibles, los componentes, el mantenimiento, la mano de obra y las cargas financieras. Y, díganme ustedes, ¿es posible que, con este panorama, España, pueda crear riqueza, salir de la crisis y competir en confianza, productividad y solvencia, con el resto de Europa? La repuesta, es posible que la tengamos el próximo semestre, cuando los efectos de las ayudas a los coches, las compras anticipadas (para evitar el efecto del aumento del IVA) hayan dejado de camuflar la realidad y el desempleo siga creciendo y la demanda se siga contrayendo a causa de la inseguridad de la ciudadanía, enfrentada a un futuro inestable en manos de un Gobierno inexperto y débil.
Miguel Massanet Bosch