(Publicado en ABC, aquí)
El difícil momento actual nos devuelve a la fuente de los viejos debates y reflexiones. Cuestiones de carácter básico, pero fundamental, quedaron preteridas en el curso de la crisis financiera, y aún lo siguen en muchos casos, cuando advertimos los efectos de aquélla y el dramatismo de la desaparición de empresas o la pérdida de empleo para muchos ciudadanos. Se trataría de reflexionar, y debatir, sobre los principios generales que deben regir la acción de un buen gobierno.
Los tiempos han cambiado mucho en lo tecnológico, lo financiero, y en la implosión de redes sociales y de comunicación, en las últimas décadas. Y, sin embargo, no han evolucionado al mismo ritmo los mecanismos institucionales mediante los que el poder político se expresa y establece sus cauces de relación e intercambio con los ciudadanos. Modos de gobierno, controles y límites en el ejercicio del poder y, también, en organizaciones y empresas privadas gestoras de actividades esenciales de interés general, desde los bancos a los medios de comunicación, el sector del agua o las empresas energéticas. En unos casos, cada vez en los menos, se trataría de realizar un control directo sobre la actuación de estas entidades o empresas. Y, en otros, de la mera supervisión o regulación de actividades o funciones, ya abiertas al mercado y la libre competencia empresarial. No obstante, siempre deben existir reglas claras, predecibles, susceptibles de rápidas impugnaciones, denuncias o cambios, cuando no sirvan con eficacia o corrección a los fines para los que fueron creadas.
Hablamos hoy de Gobernanza para definir y encuadrar los principios, valores, criterios y formas que deben atender las citadas instituciones públicas y organizaciones privadas a la hora de revelar su actuación, gestión o estilo de gobierno. Gobernanza en un mundo globalizado, desafiante, más libre y vertiginoso que nunca, pero también con muy graves desequilibrios y conflictos. Se exige una nueva Gobernanza para la comunidad internacional jurídicamente organizada, pero no se ofrecen soluciones de cambio con consenso y generosidad suficiente por las grandes naciones. ¿Qué lugar ha ocupado el sistema de Naciones Unidas en el análisis y la canalización de propuestas, en esta crisis financiera de alcance global? El fiasco de la política monetaria que provocó el estallido de la crisis, no se explica sólo en los efectos de la masiva titulización de deudas de baja calidad y su penetración internacional, sino por la acción política y la falta de control y buena regulación que habilitó el desarrollo de tales procedimientos, técnicas y productos derivados. Una irresponsable Gobernanza que habilitó una política monetaria capaz de hipnotizar a las clases medias con un acceso indiscriminado a un crédito que se ofrecía como ahorro, pero sin seguridad ni control real. Y es preocupante que muchas manifestaciones de aquella Gobernanza permanezcan en la deficiente gestión de esta crisis, donde el crédito sigue sin fluir suficientemente, y aumenta la necesidad de capitalización, que no llega.
Hablamos también de una nueva Gobernanza en la UE. Y se repiten principios como flexibilidad, transparencia, o subsidiariedad. Objetivos como la garantía del Estado de Bienestar, la lucha contra el cambio climático, o la mayor proximidad hacia los ciudadanos. Y los deseos son plausibles, pero la realidad es que la Unión se aleja de las necesidades más acuciantes, y sus mecanismos de gobierno demandan reformas al poco de estrenarse su último Tratado.
Hablamos también de Gobernanza empresarial, aunque a través de sus técnicas propias, en este caso el gobierno corporativo» o la «responsabilidad social». La suma de acciones externas e internas que permitan proyectar sobre la empresa controles regulatorios, mecanismos de transparencia, o asumir, desde ella compromisos con intereses generales, como la acción social, o la cooperación con la protección y defensa del medio ambiente, o determinadas acciones de patrocinio o mecenazgo. Nos referimos, fundamentalmente, a los grandes grupos empresariales. A esos grandes árboles societarios que cuentan con múltiples ramas, pero actúan con unidad de dirección económica.
En este sentido hemos ido observando, en el campo de las sociedades cotizadas, la formulación, desde finales de los ochenta, de códigos de conducta empresarial, desde el Cadbury, pionero en este tipo de regulación, a la Sarbanes-Oxley Act en el ámbito internacional. O el Informe Winter en la UE. En España, los Códigos Olivencia y Aldama, y la Ley de Transparencia de 2003, han abordado los principales aspectos del tema. Ahora bien, dada la complejidad de la ordenación en esta materia, la internacionalización de los mercados, la posición de inversores institucionales, y la transcendencia social y económica de estas cuestiones, resulta imprescindible elevar a la categoría de ley imperativa muchos de los problemas que aún se encajan en el ámbito voluntario de esta regulación.
Naturalmente, el objeto del buen gobierno depende del concepto de proyecto empresarial. Las empresas son de capital, que aportan inversores y accionistas, y su fin es obtener un beneficio de acuerdo con sus posibilidades y méritos propios. Junto a ello, una gran empresa debe sumar al beneficio y la preocupación económica, otros objetivos: empleo y formación, servicios, adecuados incentivos, compromiso social y medioambiental, calidad de interlocución con el regulador.
Estos días hemos asistido a una batalla empresarial entre dos grandes sociedades españolas, que va más allá de la interpretación del artículo 123 de la Ley de Sociedades Anónimas, y la aplicación de la inteligente «doctrina FCC», establecida en 2004, en orden a la separación del socio competidor, y afecta al concepto de empresa que cada grupo tenga, y al papel que debe adoptar el regulador en estos conflictos. Pudiera ser útil ponderar la distinción, ampliamente aceptada, entre shareholders y stakeholders, para medir cuál se ajustaría mejor, en este caso, a las concretas obligaciones de las empresas reguladas, y los compromisos de su gobierno corporativo.