Un estudio cifra en 26.000 millones el sobrecoste autonómico (por Javier López Vivas)

Duplicidades, superfluidad, excesos de gasto. Éste es el diagnóstico económico sobre el estado de las autonomías que ha elaborado el Grupo de Administración Pública de UPyD en el libro El coste del Estado Autonómico, publicado por la Fundación Progreso y Democracia y presentado este lunes en el Ateneo de Madrid por Carlos Martínez Gorriarán, vicepresidente de la Fundación, Jaime de Piniés, economista jefe y socio director de Piniés & Aguilar Asociados, y miembro del Grupo de Economía de UPyD, y Ramón Marcos Allo, autor del libro, letrado de la Administración de la Seguridad Social, Servicios Jurídicos Centrales del Instituto Social de la Marina, y miembro del Consejo de Dirección de UPyD.

Marcos Allo estimaba que el “sobrecoste” podría significar hasta 26.000 millones de euros. Esto es, que de corregir las disfuncionalidades en el gasto de las diferentes administraciones públicas España podría pagar, según Marcos, los intereses de su deuda anual, que equivalen a esa misma cifra. El estudio aporta abundantes datos que avalan la tesis principal del libro, a saber, que las comunidades autónomas se han arrogado la potestad de miniestados, asumiendo servicios y competencias que, en definitiva, reproducen innecesariamente la estructura del Gobierno del Estado.

Se trata principalmente, aunque no solamente, de lo que el estudio llama “gastos evitables”: por ejemplo, la existencia de 50 universidades en España (en Alemania, con el doble de la población, ostentan el mismo número), los diversos medios de comunicación públicos autonómicos, que en 2008 arrastraban una deuda de 1.600 millones de euros; la proliferación de organismos público-privados (entre 2003 y 2008 se ha pasado de 163 fundaciones públicas a 541, de las que 344 son autonómicas, un incremento del 80%); órganos públicos duplicados (defensor del pueblo; instituto meteorológicos; delegaciones comerciales en el extranjero; oficinas antifraudes; tribunales de cuentas, etcétera).

En los “gastos inevitables”, como es el caso de Gobiernos, consejerías y parlamentos regionales, el estudio señala el gasto desproporcionado. Por ejemplo, el Parlamento catalán, con 135 parlamentarios, tiene un coste por diputado el doble (505.926 euros) que el el Congreso (280.000 euros), con 350 escaños.

A todo esto, se suma el fraccionamiento regulatorio. Hay más de 100.000 normas vigentes entre las diferentes administraciones. En muchos casos, normas que se duplican o conservan diferencias apenas apreciables. Esto, señala Ramón Marcos, “hace ilusoria la unidad de mercado” y la movilidad laboral: hace engorroso para las empresas migrar de una comunidad a otra, amén de desincentivar entre sus trabajadores el traslado (el ejemplo más paradigmático, según Marcos, sería el de la imposiblidad de poder educar en castellano los hijos en comunidades como Cataluña).

Otro aspecto que resalta el informe es el aumento en los gastos de personal y de funcionamiento de las administraciones autonómicas. En los últimos veinte años, mientras el número de empleados de la administración central disminuía en un 56%, de 1.308.692 en 1990 a 575.021 en 2009, el de las comunidades autónomas ha pasado de 514.273 a 1.332.844, debido, principalmente, al traspaso de competencias como la sanidad y la educación, que requieren mucho personal.

En conjunto, se dibuja un fresco público en el que el 50% del presupuesto total lo gestiona el Estado con el 21,8% del personal público, y las autonomías, con el 50,6% de empleados públicos, administrarían el 35% del presupuesto. Las entidades locales, que en España suman 8.101, el 73% con menos de 1.000 habitantes (en el Reino Unido, por ejemplo, hay 340 entes locales para una población de 60 millones de habitantes), gestionarían el 15% del presupuesto con el 23,8% del personal público. En suma, autonomías y municipios gestionan el 50% del presupuesto con el 74,3% del personal público.

Por último, el estudio presenta unos indicadores para medir la eficiencia y eficacia de las administraciones autonómicas. Jaime de Piniés aclaró que se trataba de un “análisis preliminar”. Cruzando variables como el gasto en personal, el gasto corriente o de funcionamiento, el número de empleados públicos y el peso del PIB, el estudio traza una clasificación de las comunidades autónomas en cuatro grupos: las más eficientes (menos personal público y mayor incremento del PIB) serían Asturias, Madrid, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla; las más previsibles (más personal público y mayor incremento del PIB) lo constituirían Cantabria, Extremadura, Navarra, Aragón, Murcia, Galicia, La Rioja y País Vasco.

Cataluña y la Comunidad Valenciana formarían el grupo de las estancadas, con menos personal público y menor incremento del PIB y Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha compondrían el grupo de las más gastadoras, con más personal y menor incremento del PIB.

Los ponentes aclararon que no preconizan el cierre del Estado autonómico; su intención, más bien, es reformarlo siguiendo criterios de racionalidad y austeridad. Martínez Gorriarán advertía que “a día de hoy el Estado autonómico es insostenible” y que con la actual arquitectura resulta más bien “un factor de crisis”. Para tal fin, los tres ponentes señalaron que es al Gobierno al que la corresponde cuantificar el “sobrecoste” autonómico. “Nosotros hemos roto el hielo”, dijo Piniés.