Miguel Valverde (Publicado en Expansión.com, aquí)
El Gobierno ha convertido la reforma laboral en un complicado silogismo, fruto de su propia improvisación y torpeza.
Improvisación, porque cómo ha terminado por reconocer el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha visto sorprendido por la dureza de la recesión y la destrucción de 1,8 millones de empleos y no ha sabido cómo reaccionar a tiempo ante la tormenta de datos, y torpeza, porque en esas circunstancias ha respondido de manera alocada, con muchas medidas distintas y sin una estrategia clara cuando el crecimiento del paro amenaza con colocar el déficit público en niveles inasumibles.
En esta situación, y después de dos años de legislatura y seis trimestres de recesión, la primera premisa planteada es la necesidad, ahora sí, de hacer una reforma laboral que, a medio plazo, atenúe la presión sobre el gasto de cerca de 4,5 millones de parados, próximo al 20% de la población activa.
La segunda premisa es que la modificación ha de hacerse con el consenso de la patronal y de los sindicatos, y cómo eso, ayer y hoy, está resultando muy difícil, la conclusión final es tratar de buscar soluciones imaginativas que puedan contentar a los dos: es decir que, en el controvertido asunto del despido, se puedan mantener la indemnizaciones de los trabajadores al mismo tiempo que se rebajan los costes de las empresas. Esta es la razón de tratar de imitar la regulación del despido en Austria y, tal vez, buscar su aplicación a través del Fondo de Garantía Salarial.
En cualquier caso, Florentino Felgueroso, profesor de la Universidad de Oviedo e investigador de la Fundación de Economía Aplicada (Fedea), advierte de que este sistema tiene varios problemas. En primer lugar, que la economía austriaca tiene muy poco que ver con la española. En segundo lugar, que la adaptación de este modelo es muy complejo técnicamente, empezando por el principal problema, que es el de la financiación, porque deberían ser las propias empresas las que pongan los recursos; las mismas que financian el Fondo de Garantía Salarial. ¿Cómo se puede soportar si no una nueva partida de gasto público con el grave problema de desequilibrio que tenemos en nuestras cuentas?
Y en tercer lugar, la aplicación del modelo austriaco de despido es complicado porque exige un contrato único, frente a la multitud de modalidades que hay en España entre temporales y fijos. Se trata de que, a lo largo de su vida laboral, el trabajador disponga de una cuenta personal financiada por las empresas a través de abonar al mes el 1,53% del salario bruto.
Sólo si es despedido, el beneficiario puede disponer de esa cuenta y, en todo caso, al final de la etapa laboral puede disponer de la cantidad como una cuantía adicional a la pensión complementaria. De acuerdo con los expertos, la indemnización para el trabajador es inferior a la que tendría en España. Razón por la cual, CCOO empieza a pensar que, a lo mejor, ha metido la pata hasta el fondo al apoyar una alternativa para el despido que empezó a lanzar el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
En todo caso, se pueden escribir muchas páginas sobre la doctrina comparada del despido o el llamado modelo alemán de reducción de jornada que, con variantes, en España lleva cuarenta años vigente. Como diría Juan Antonio Sagardoy, promotor del Estatuto de los Trabajadores, ni es nuevo ni es alemán.
Sin embargo, la verdad es que el Gobierno está dando todas estas vueltas sobre distintos modelos laborales porque no se atreve a coger el toro por los cuernos de un problema que es el elevado nivel de desempleo y que, como dice Fernández Ordóñez, es “españolísimo” por sus características y dimensiones y, en consecuencia, española debe ser la solución. Ni la rebaja de la indemnización por despido es la única modificación que puede necesitar el mercado de trabajo ni ésta es la única reforma que requiere la economía.
Sin embargo, está claro que hay que modificar las cosas para intentar crear la mayor cantidad posible de empleo y poder sostener con las cotizaciones el modelo de protección social. Y en ese objetivo, no nos engañemos, está claro que son los sindicatos los que más deben ceder en la negociación para flexibilizar el mercado laboral. Y si no hay acuerdo, el Gobierno debe dejar de perder el tiempo.