Germán Yanke (Publicado en Estrella Digital, aquí)
El caso del juez Garzón se desarrolla en varios planos, que en ocasiones se entrecruzan y hacen difícil una valoración conjunta. Uno de ellos es la valoración jurídica o personal -porque también los legos tenemos derecho a nuestra opinión- sobre todas o algunas de sus instrucciones en la Audiencia Nacional. Otra, la conversión en un supuesto delito de prevaricación determinadas decisiones procesales, como pretende hacer el juez Varela en el Tribunal Supremo. Una más, la batalla que, utilizando su situación, se viene librando en la opinión pública. Otra, su situación actual y las tácticas de defensa que utiliza. Demasiados asuntos para un solo magistrado.
Vayamos por partes. Sobre las instrucciones de las víctimas del franquismo y del 'caso Gürtel', en este caso la orden de escuchas de determinadas conversaciones de procesados y abogados, coincido con los tribunales superiores que rechazaron sus actuaciones y con la Fiscalía, que se opuso a la competencia en el primero y que solicitó justificaciones que no hubo en el segundo. En el caso de Botín oigo y leo sobre la existencia de “supuestos” pagos para unos cursos en Nueva York y reservo mi parecer hasta que alguien aclare si los supuestos son o no reales. La conversión de todo ello en delitos de prevaricación me parece incomprensible, en el fondo y en la forma. Si el juez Pedreira ratificó las escuchas antes de que fueran rechazadas por el Tribunal Superior de Madrid, ¿prevaricó también o manifestó un criterio jurídico no avalado por el Tribunal? Si algunos magistrados de la Sala de la Audiencia dieron por buenas las decisiones de Garzón, ¿prevaricaron o discreparon doctrinalmente?
Por la personalidad del juez, muchos de sus detractores -no todos- se han apuntado, oralmente o por escrito, a un escandaloso todo vale. Sus defensores -no todos- han querido tirar por elevación poniendo en duda la Transición y la Ley de Amnistía. Un espectáculo, el de unos y otros, que, por ocultar verdades para afianzar mejor sus argumentos, me parece deshonesto.
No es difícil pensar que, en estas circunstancias, el juez Garzón, por mucha tranquilidad que quiera aparentar, lo esté pasando mal. Pero, precisamente por ello y por sus particulares circunstancias, pienso que debería haber sido más cuidadoso en la puesta en libertad de Díez Usabiaga, teniendo en cuenta que esa decisión es un agravio comparativo con otros presos y que, sobre todo, es difícilmente comprensible que, después de tomarla, se esté investigando que hay de cierto en los datos que la sustentaron. Vuelvo a discrepar de una actuación de Garzón y me pasma que, con la que está cayendo, no haya desplegado más cautelas. El martes, el magistrado pidió al Consejo General del Poder Judicial que le declare en situación de servicios especiales para poder aceptar la oferta de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para trabajar como asesor externo de la misma. Es inevitable pensar que, en este último episodio, se mezclan sus conocimientos del crimen organizado con una estrategia para evitar, en su caso y al menos hasta que vuelva a su puesto en la Audiencia, la inhabilitación. Y todo ello en una carrera para ver si se logra esa suerte de excedencia, si es que el Consejo lo considera pertinente, antes de que, si así ocurre, se abra el juicio oral que implicaría la inhabilitación.
No se trata de tener una opinión del Poder Judicial ni idílica ni simple, pero todo esto (todo, los diferentes planos y sus intersecciones) no ayuda desde luego a dar una imagen meramente razonable.