ARMANDO F. BARTOLOMÉ, COORDINADOR LOCAL DE UPYD DE GIJÓN (Publicado en elcomerciodigital.com, aquí)
La reforma del mercado de trabajo es una de nuestras grandes asignaturas pendientes, por razones económicas y de justicia. Ahora es un mercado dual, formado por dos tipos diferentes de contratos de trabajo: los contratos indefinidos blindados, y el abigarrado conjunto de contratos temporales aprobados en los últimos decenios. Este mercado dual hace que la economía española sea rígida y poco competitiva -en esto hay prácticamente consenso universal- y crea dos clases de empleados con distintos derechos, mucho menores en el caso de los que tienen contratos temporales, que, además, son, en la mayoría de los casos, mujeres, emigrantes y jóvenes profesionales (los 'mileuristas'). Esta reforma se debía haber abordado en la época de prosperidad, con un desempleo bajo y sin déficit público; ahora llega con cinco años de retraso.
El Gobierno inicia una reforma laboral en el peor momento, en plena crisis económica, con un desempleo altísimo. Y lo hace por la presión de los países desarrollados y de los mercados internacionales, que exigen señales de confianza en la solvencia del país. La propuesta de reforma que se votó el 22 de junio, en forma de real decreto, que se convertirá en ley dentro de algunos meses (un mal procedimiento que incrementa la inseguridad, porque es posible que la ley definitiva sea diferente al decreto y las empresas esperarán a que se despeje la incertidumbre), está muy lejos del tipo de reforma laboral que UPyD ha propuesto, resumible en crear un tipo único de contrato indefinido con coste creciente del despido.
A continuación, van las razones principales por las que no apoyamos la reforma laboral del decreto ley del Gobierno (aunque nos abstuvimos en la votación del Congreso porque hemos dicho que es necesario debatir qué reforma laboral necesitamos):
– No introduce un tipo único de contrato indefinido, por lo que mantiene la dualidad del mercado de trabajo, con la segregación de derechos laborales y la baja competitividad de la economía española. Además, mantiene muchos de los instrumentos de contratación ya existentes, es decir, retoca un sistema fracasado en lugar de simplificarlo y renovarlo a fondo. Las bonificaciones a la contratación indefinida son costosas e ineficientes.
– No aborda la mejora de la formación de los desempleados ni modifica con claridad la negociación colectiva por ramas de actividad. Se facilita que las empresas con problemas se descuelguen de los convenios colectivos, pero no se definen los supuestos de este descuelgue.
– Aumenta la inseguridad jurídica al remitir a la magistratura laboral la resolución de los despedidos considerados improcedentes, pero sin aclarar qué se entiende ahora por tal cosa, abriendo la puerta a interpretaciones antagónicas. Por otro lado, prevé subvencionar el despedido mediante el dinero del Fondo de Garantías Salariales (Fogasa), sostenido con las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, de manera que se primará a las empresas que despidan trabajadores con el dinero de las que mantienen la plantilla.
En resumen: no resuelve los principales problemas del mercado de trabajo (dualidad y profusión de tipos de contrato).