Perdone que no me levante
Manuel Sarachaga, economista
(Publicado en diarioliberal.com, aquí)
Hoy, 12 de Octubre, Fiesta Nacional, tras una semana tratando de encontrar una lógica a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011, nos desayunamos con la noticia de que el gobierno de Cataluña emitirá 2.000 millones de euros en bonos para colocarlos entre los ciudadanos de esa comunidad autónoma.
Vayamos por partes.
Los PGE, basados en unas previsiones macroeconómicas completamente irreales –en la línea del optimismo irracional de nuestro Presidente-, y apoyados por los insaciables grupos nacionalistas que someten al gobierno una y otra vez, no son los que nuestro país necesita. Pero no lo son porque recorten el gasto público –que es algo inevitable, por mucho que la progresía española diga lo contrario-, sino porque lo hacen de forma indiscriminada, injusta, insuficiente y equivocada. Son fiel reflejo de que el Estado residual que han dejado éste y anteriores ejecutivos es incapaz de servir a los fines de interés general y no es un instrumento válido para poner en práctica medidas eficaces que permitan acortar el tránsito hacia la recuperación económica.
El gobierno central hace tiempo que dejó de gobernar este país.
A pesar de lo urgente que es relevar al inquilino de la Moncloa, se equivocan quienes, desde una visión consciente de la realidad y conocedores de las reformas que son necesarias para permitir la viabilidad de España como economía y como Estado, jalean a aquellos otros que atacan al Presidente desde la demagogia social y progresista y lo acusan de neoliberal converso y peligroso, con la única intención de sentarse en el sillón abandonado. El cambio de rumbo en la dinámica del gasto que el gobierno emprendió en mayo era inevitable para salvar a España de la quiebra, independientemente de que haya sido precisamente este gobierno el que haya liderado ese camino previo hacia el abismo, que haya traicionado su propio ideario y que sea incapaz de poner en práctica y con acierto las reformas que son necesarias. Pero no pensemos que existe una alternativa social y progresista verosímil y factible. Esa opción, la del gasto público expansivo, es justo la que nos ha conducido a esta situación y ha estado a punto de mandarlo todo al garete.
Y se equivocan también quienes centran sus preocupaciones solamente en el Estado. Mientras éste trata de hacer lo posible por cumplir una senda de corrección del déficit, con más o menos acierto –más bien menos-, los reinos de taifas de uno y otro color viven en un mundo ajeno a la crisis, en el cual los esfuerzos por reconducir el derroche insostenible no son prioritarios ni urgentes. Serán sin duda las CCAA el principal escollo para cumplir con las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Eso no sería extremadamente grave si no fuera porque en sus manos está buena parte del Estado del Bienestar: Sanidad, Educación, Servicios Sociales… Una irresponsable gestión ha permitido que el gasto autonómico alcance niveles insostenibles y ponga en riesgo todo el sistema, con el beneplácito del gobierno central, que ha asistido impasible a este despropósito sin ejercer sus obligadas funciones de coordinación y de garantía de los principios de igualdad y solidaridad entre españoles. Un juego al que han jugado tanto el partido en el gobierno como el principal partido de la oposición.
Las CCAA han demostrado su total incapacidad para afrontar el inevitable reto de reformar los servicios públicos fundamentales que prestan y hacerlas económicamente sostenible. Si el gobierno central no ejerce las atribuciones que la Constitución le atribuye para evitar el colapso del Estado en su conjunto y no inicia un proceso para modificar el actual reparto competencial, asistiremos con seguridad a una mutilación indiscriminada del Estado del Bienestar y al fracaso de este galimatías autonómico que difícilmente se puede a estas alturas considerar como un éxito.
Y en éstas viene el gobierno catalán con sus bonos patrióticos, que no son únicamente una muestra más del fracaso en su carrera de gasto y endeudamiento –han sido rechazados por los inversores institucionales por la enorme desconfianza que suscitan y han de pagar un rendimiento casi igual al de los bonos griegos-, sino que son una palpable manifestación del modo progre de enfrentar la crisis, que no comprende que son las empresas y las familias quienes fundamentalmente generan riqueza y crean empleo, y que se caracteriza, entre otras bondades, por castigar a los agentes privados con más impuestos –cuando son incapaces de recortar el gasto como deberían- y por desviar el menguante ahorro privado hacia el imparable gasto público, haciendo todavía más difícil la reactivación del crédito hacia empresas y familias, algo que sus ideólogos reclaman insistentemente, pero que con sus actos impiden.
Ante este continuo de despropósitos, los ciudadanos parecemos asistir impasibles, como auténticos colaboradores necesarios de lo que ocurre. Los dos próximos años son la clave para determinar el futuro de este país, y de nosotros depende que las cosas sigan igual o que se vislumbren verdaderas alternativas. Actuemos en consecuencia.Hoy, 12 de Octubre, Fiesta Nacional, tras una semana tratando de encontrar una lógica a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011, nos desayunamos con la noticia de que el gobierno de Cataluña emitirá 2.000 millones de euros en bonos para colocarlos entre los ciudadanos de esa comunidad autónoma.
Vayamos por partes.
Los PGE, basados en unas previsiones macroeconómicas completamente irreales –en la línea del optimismo irracional de nuestro Presidente-, y apoyados por los insaciables grupos nacionalistas que someten al gobierno una y otra vez, no son los que nuestro país necesita. Pero no lo son porque recorten el gasto público –que es algo inevitable, por mucho que la progresía española diga lo contrario-, sino porque lo hacen de forma indiscriminada, injusta, insuficiente y equivocada. Son fiel reflejo de que el Estado residual que han dejado éste y anteriores ejecutivos es incapaz de servir a los fines de interés general y no es un instrumento válido para poner en práctica medidas eficaces que permitan acortar el tránsito hacia la recuperación económica.
El gobierno central hace tiempo que dejó de gobernar este país.
A pesar de lo urgente que es relevar al inquilino de la Moncloa, se equivocan quienes, desde una visión consciente de la realidad y conocedores de las reformas que son necesarias para permitir la viabilidad de España como economía y como Estado, jalean a aquellos otros que atacan al Presidente desde la demagogia social y progresista y lo acusan de neoliberal converso y peligroso, con la única intención de sentarse en el sillón abandonado. El cambio de rumbo en la dinámica del gasto que el gobierno emprendió en mayo era inevitable para salvar a España de la quiebra, independientemente de que haya sido precisamente este gobierno el que haya liderado ese camino previo hacia el abismo, que haya traicionado su propio ideario y que sea incapaz de poner en práctica y con acierto las reformas que son necesarias. Pero no pensemos que existe una alternativa social y progresista verosímil y factible. Esa opción, la del gasto público expansivo, es justo la que nos ha conducido a esta situación y ha estado a punto de mandarlo todo al garete.
Y se equivocan también quienes centran sus preocupaciones solamente en el Estado. Mientras éste trata de hacer lo posible por cumplir una senda de corrección del déficit, con más o menos acierto –más bien menos-, los reinos de taifas de uno y otro color viven en un mundo ajeno a la crisis, en el cual los esfuerzos por reconducir el derroche insostenible no son prioritarios ni urgentes. Serán sin duda las CCAA el principal escollo para cumplir con las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Eso no sería extremadamente grave si no fuera porque en sus manos está buena parte del Estado del Bienestar: Sanidad, Educación, Servicios Sociales… Una irresponsable gestión ha permitido que el gasto autonómico alcance niveles insostenibles y ponga en riesgo todo el sistema, con el beneplácito del gobierno central, que ha asistido impasible a este despropósito sin ejercer sus obligadas funciones de coordinación y de garantía de los principios de igualdad y solidaridad entre españoles. Un juego al que han jugado tanto el partido en el gobierno como el principal partido de la oposición.
Las CCAA han demostrado su total incapacidad para afrontar el inevitable reto de reformar los servicios públicos fundamentales que prestan y hacerlas económicamente sostenible. Si el gobierno central no ejerce las atribuciones que la Constitución le atribuye para evitar el colapso del Estado en su conjunto y no inicia un proceso para modificar el actual reparto competencial, asistiremos con seguridad a una mutilación indiscriminada del Estado del Bienestar y al fracaso de este galimatías autonómico que difícilmente se puede a estas alturas considerar como un éxito.
Y en éstas viene el gobierno catalán con sus bonos patrióticos, que no son únicamente una muestra más del fracaso en su carrera de gasto y endeudamiento –han sido rechazados por los inversores institucionales por la enorme desconfianza que suscitan y han de pagar un rendimiento casi igual al de los bonos griegos-, sino que son una palpable manifestación del modo progre de enfrentar la crisis, que no comprende que son las empresas y las familias quienes fundamentalmente generan riqueza y crean empleo, y que se caracteriza, entre otras bondades, por castigar a los agentes privados con más impuestos –cuando son incapaces de recortar el gasto como deberían- y por desviar el menguante ahorro privado hacia el imparable gasto público, haciendo todavía más difícil la reactivación del crédito hacia empresas y familias, algo que sus ideólogos reclaman insistentemente, pero que con sus actos impiden.
Ante este continuo de despropósitos, los ciudadanos parecemos asistir impasibles, como auténticos colaboradores necesarios de lo que ocurre. Los dos próximos años son la clave para determinar el futuro de este país, y de nosotros depende que las cosas sigan igual o que se vislumbren verdaderas alternativas. Actuemos en consecuencia.