(Publicado en Expansión-Reggio´s, aquí)
TRIBUNA
El pasado fin de semana hemos vivido una de las más graves crisis institucionales de la historia de la democracia española, después del intento de golpe de Estado y del 11-M. La respuesta adoptada, la declaración del estado de alarma, tiene múltiples perspectivas de análisis. Una que me parece interesante es la del precedente. Es la primera vez, en más de treinta años de democracia, que se da este paso, cuando aquellos hechos, sin duda más graves, no tuvieron tal respuesta.
El precedente es aún más relevante en tanto que la declaración del estado de alarma no conduce necesariamente a la militarización del personal afectado, como ha acordado el Real Decreto 1673/2010 que “declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo”. La Ley Orgánica 4/1981, de estados de alarma, excepción y sitio no establece tal relación. Por lo tanto, el precedente es doble: por un lado, la declaración, y por otro, la militarización.
Entiendo la necesidad de solucionar con urgencia una situación crítica, pero es lamentable que el único instrumento en manos del Estado para restablecer un servicio público esencial como el de la seguridad aérea, paralizado por el chantaje de un colectivo de poco más de 2.000 personas, sea acudir al Ejército. Estamos como en los mejores tiempos del siglo XIX. Se pretende solucionar un problema del siglo XXI con los instrumentos del siglo XIX. El Ejército vuelve a solventar un problema socio-laboral cuando no es éste uno de sus cometidos constitucionales (art. 8). Es paradójico que sean los socialistas quienes recuperan este protagonismo social del Ejército. ¿Qué habría pasado si un gobierno del PP hubiera hecho lo mismo? Es la pregunta que en miles de variantes nos suscita este gobierno. Muchos estamos convencidos de que la reacción habría sido otra radicalmente distinta, pero es un gobierno con etiqueta socialista, y ello le permite hacer cosas que para los “otros” serían inimaginables.
A mi juicio, hemos asistido al mayor fracaso del Estado democrático: su incapacidad para solventar por medios jurídicos más adecuados una huelga de un colectivo infinitesimal. Es el momento de la reflexión. Los tiempos de las vísceras han pasado. Ahora es el momento de deliberar si no debería el Estado dotarse de una legislación de huelga, adecuada a las circunstancias del siglo XXI, que evite acudir a soluciones del siglo XIX.