Todos ustedes ya saben como concluyó aquel episodio bíblico de la Torre de Babel por lo que no vamos a repetirlo, sin embargo, aquel castigo de Dios parece que se ha venido perpetuando a través de los tiempos y, a pesar de los esfuerzos de muchos en conseguir unificar todos los idiomas, hasta ahora los intentos han sido vanos y, a lo más que se ha llegado, ha sido que, algunos idiomas, hayan adquirido preponderancia sobre los menos usados y, esta circunstancia, los ha popularizado. Lo curioso es que, si existe una tendencia en Europa de unificar a todos los estados miembros de la CE, si se intenta hacer desaparecer las barreras económicas, culturales, políticas, lingüísticas y religiosas que puedan marcar diferencias entre unos y otros y se pretende crear un súper estado, de carácter supranacional, que aúne a los ciudadanos en un solo grupo que se entienda, a poder ser, en un mismo idioma o, al menos, en unos pocos idiomas oficiales; resulta una evidente paradoja y una contradicción el que, dentro de un mismo país, cuando existe un idioma oficial, reconocido, por la Constitución, como preferencial al resto de lenguas locales; resulte que, en uno de los órganos públicos y representativos de los ciudadanos españoles en cada región, como es el Senado, se les haya dado cancha a los partidos nacionalistas para que, aprovechándose de la blandura y condescendencia del Gobierno que, como se sabe, está sujeto al chantaje nacionalista para poder mantenerse en el poder; para que hayan dado un paso más, no quizá el más importante, pero sí lo bastante revelador de su intento continuado de ir adquiriendo cuotas de poder, en su camino hacia el autogobierno y su probable escisión de España.
Porque, ¿estamos o no estamos en España?, y si lo estamos y tenemos una Constitución donde se habla de “la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” y en su, Artículo 3.1, deja nítidamente especificado que “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla”; deberíamos preguntarnos si, en algún artículo de nuestra Carta Magna se excluye a los cargos públicos o a sus señorías, los senadores o congresistas, de este deber que obliga a conocer el castellano. Ya sabemos que se ha venido puenteando la Constitución, que algunos eruditos han pretendido ver los tres pies al gato, buscando interpretaciones absurdas, vericuetos legales por medio de los cuales negar lo que resulta ser una de las normas constitucionales más claramente definidas y más rotundas. No es lo mismo que, las llamadas lenguas cooficiales, puedan coexistir “en sus respectivas autonomías” – fíjense en la precisión con la que queda enmarcado en el texto constitucional, la localización y el límite que se les marca a las lenguas cooficiales – con el castellano, la lengua del Estado; sino que, en este caso, se les concede un plus de implantación que excede, por lo que de claudicación nacional supone, de la misma potestad del Gobierno o del Congreso cuando les ha concedido un privilegio que puede atentar contra el mandato constitucional.
Y si esto es lo que dice nuestra Constitución del 1978, ¿cómo, diablos, se puede entender que los partidos políticos hayan consentido que en la Cámara Alta, una de las dos cámaras en las que se concentra la representación de todo el pueblo español, se permita que se usen otras lenguas que no sea la castellana?, ¿acaso los señores senadores, sean castellanos, gallegos, andaluces o catalanes, no entienden, leen y escriben, con soltura, el castellano? O ¿es que durante todo el tiempo que viene funcionando el Senado, los señores senadores han sido incapaces de entenderse entre sí y han realizado sus reuniones empleando el esperanto o el lenguaje de los signos? ¡Claro que se podría pensar que, esta cámara de ambiciones territoriales y de presumible representación de las regiones, ha tenido poco que hacer; ha servido de poco y ha hecho un papel secundario y más bien poco airoso, desde que se estableció la democracia en España! Incluso se han levantado algunas voces diciendo que o se potencia y se da vigor a esta institución o mejor sería eliminarla; con lo cual, sin duda, se ahorraría una cifra considerable en sueldos de los senadores y en gastos de mantenimiento,
Pero, como nunca lo absurdo puede tener límite, como la imbecilidad humana no tiene fronteras y como, en España, se les ha dado demasiado sedal a los nacionalistas; el PSOE, después de haberse mantenido firme hasta hace poco, negándose a consentir tamaño desafuero, ahora, debilitado, en sus últimos estertores y más necesitado que nunca del apoyo nacionalista; ha acabado por ceder y ha permitido que se usen las lenguas locales en las reuniones de la Cámara lo que supone, debido a que muchas de sus señorías no entienden ni el catalán, ni el gallego y menos el vascuence, ha sido preciso habilitar pinganillos, 400 en total, para todos y, de paso, establecer una dotación de “traductores”, 7 de momento, para que traduzcan las alocuciones de los senadores de aquellas partes de España que tienen sus propias lenguas vernáculas. Aparte de que, en momentos de crisis, cuando muchos españoles no tienen trabajo y otros temen perderlo, cuando España ha de recurrir, constantemente, a emitir deuda pública que ha de pagar a intereses elevadísimos y cuando, desde Bruselas, se nos pide que reduzcamos los gastos públicos y estructurales, no parece que ninguna cantidad se pueda considerar, como dice la señora Silva del PSOE, como mínima, ni por supuesto, es demagógico denunciar cualquier despilfarro, aunque fuere de un euro en el que incurra el Estado.
El hecho de que esta absurda decisión nos vaya a costar la friolera de 350.000 euros cada año, casi 60 millones de las antiguas y añoradas pesetas; cuando no tiene utilidad alguna y, teniendo en cuenta de que no se trata nada más que una escenificación, para que los nacionalistas se vanaglorien de haber impuesto sus respectivas lenguas locales al Estado español; es obvio que trasciende de la mera anécdota para adquirir la categoría de una imposición inaceptable para el Gobierno español y, si lo ha hecho y lo ha consentido, a mi modesto entender, se trata de una más de las concesiones vergonzosas, anticonstitucionales y contrarias a los intereses de la patria, a la que tan acostumbrados nos tiene el señor ZP y su gobierno socialista, gran experto en utilizar los caminos tortuosos de las triquiñuelas legales, la presión a los tribunales y la eliminación, sacándoles de sus respectivos cometidos, de aquellos funcionarios públicos que intentan resistirse a sus deseos. No, señores, no es algo que se pueda entender como un tema baladí ni que se pueda dejar pasar sin manifestar nuestra más absoluta repulsa ni, tan siquiera, concederle el beneficio de tomárselo a broma porque, por desgracia, estamos hablando de algo trascendente, de una cesión de soberanía del Estado y de una nueva concesión encaminada a fortalecer la influencia secesionista dentro de las mismas instituciones del Estado, como ha sido el incluir, otra vez, a través de las manipulaciones políticas, a un magistrado catalán, el señor Gay, de conocidos sentimientos catalanistas, como miembro del TC. Es una cuestión de estética, en un momento en que los magistrados de dicho alto tribunal han estado puestos en tela de juicio y los partidos políticos han continuado demostrando su incapacidad para renunciar a ejercer su influencia en la designación de los nuevos magistrados, permitiendo que lo hicieran los propios miembros del colectivo de magistrados, libremente y mediante la valoración de los méritos profesionales de los candidatos y no en función de sus afiliaciones políticas. Uno más de los desaguisados del PSOE.
Cicerón decía en sus Filípicas: “De todos es errar; sólo del necio perseverar en el error”
Miguel Massanet Bosch