EDITORIAL (Publicado en El País, aquí)
La crisis exige consenso social y político, pero no debe lograrse a costa de vaciar las reformas
La oportunidad de firmar un pacto social amplio, al que podrían sumarse las fuerzas políticas, en especial el Partido Popular, ha revitalizado las intensas negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos para reformar el sistema de pensiones públicas, cuya necesidad, incluso urgencia, ya muy pocos discuten. Sobre todo después de que los balances hayan demostrado que, por primera vez en la historia, en 2010 las cotizaciones pagadas por los trabajadores fueron insuficientes para pagar las pensiones. El Gobierno ha recurrido a la táctica de ampliar los asuntos de negociación con sindicatos y CEOE, de forma que ahora parece dispuesto a moderar algunos aspectos de la reforma laboral a cambio del acuerdo sindical sobre la edad de jubilación a los 67 años. La estrategia ha generado una cierta confusión; tanta que el Gobierno ha tenido que desmentir una supuesta oferta que, asegura, nunca hizo: prolongar la vida útil de las nucleares a cambio de avances en materia de pensiones.
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La situación de la economía necesita un pacto social, firmado por Gobierno, empresarios y sindicatos, que demuestre públicamente la voluntad de acometer las reformas necesarias en el mercado laboral y en las pensiones públicas. Ese pacto debe tener como objetivo culminar la reforma laboral, adoptar decisiones para crear empleo y conjurar la amenaza futura sobre las pensiones. Necesita también un acuerdo político público entre el Gobierno y el primer partido de la oposición para ratificar que el compromiso de ajuste del gasto central y autonómico se mantendrá, sea cual sea el color del Gobierno a partir de 2012. Hay que defender que se negocien estos pactos; con ellos será más fácil recuperar el crecimiento económico.
Pero tienen que negociarse con extremo cuidado. El riesgo de buscar consenso a cualquier precio, intercambiando cromos de la legislación laboral con estampas de las pensiones, es el de descafeinar el contenido de las reformas, hasta el punto de que pierdan eficacia para los fines que persiguen, no convenzan a las instituciones europeas que observan el cumplimiento de los compromisos nacionales y aumenten la desconfianza de los acreedores de la deuda española. Zapatero se encuentra en una encrucijada: cuantas más concesiones haga a los sindicatos, menos credibilidad exterior tendrán sus reformas; y cuanto más rigurosas sean estas, más hostilidad encontrarán en los agentes sociales.
Los pactos son necesarios y preferibles a un estado de confrontación social. Pero los negociadores, el Gobierno en particular, tienen que evitar que el resultado final sean reformas vacías de contenido. Los sindicatos vuelven a amenazar con que defenderán sus posiciones "en la calle" si el Gobierno aprueba sin acuerdo la reforma de las pensiones. Hay que recordar a UGT y CC OO que son más útiles si se implican en una reforma, aunque no sea la que ellos quieren, que si se excluyen de ella. Entre otras cosas porque corren el riesgo de que las amenazas formen parte de un paisaje al que ya no se presta atención.