(Publicado en El Imparcial, aquí)
Tengo pocas dudas de que la vida pública española está viviendo un momento especialmente delicado. Los tiempos de crisis, y éste lo es, sirven para hacer análisis de fondo, ir a la raíz de lo problemas, evitando siempre el peligro de los extremismos y radicalismos, pero siendo honesto con la realidad que te rodea, sin exagerarla ni dulcificarla, tratando de encontrar la justa y no siempre fácil distancia de observación, que te permita ver con claridad lo obvio, pero semioculto.
El pueblo español está profundamente desengañado con la clase política, motivos desde luego no le faltan, desde noviembre de 2009 en las encuestas del CIS aparece invariablemente como el tercer problema que tienen los españoles, después del paro y la crisis económica. La resignación y la falta de confianza se ha instalado en la conciencia de los españoles y están convencidos de que quienes tienen que solucionar sus problemas, o no están preparados, o no tienen intención o acaban convirtiéndose en una parte del problema más que en un cauce de solución. Evidentemente toda generalización es injusta, y en nuestra clase política, cómo no, hay personas preparadas y honestas que trabajan con responsabilidad por nuestros ciudadanos, pero desde luego no están en las cúpulas directivas de nuestros principales partidos políticos tradicionales, aquéllos que han sido los protagonistas de nuestras dos últimas legislaturas.
¿Dónde está el principal problema? A mi entender, el principal problema que corre nuestra joven democracia es su presente degeneración en partitocracia, creo que de aquí surgen una parte no menor de los problemas más acuciantes que tenemos. La esencia de la democracia es el respeto por las Instituciones, por los Poderes Públicos y, sobre todo, por el Estado de Derecho, no perder el sentido de Estado y del límite por parte de quien ejerce el poder. Sin embargo, en estos últimos años estamos asistiendo a una denodada lucha por parte de los partidos políticos tradicionales, especialmente los dos grandes partidos políticos de ámbito nacional, por conquistar cada vez, más cotas de poder, sin respeto a las Instituciones, ni al interés primordial del bien común de los ciudadanos. Veamos algunos datos que avalen está afirmación.
En plena crisis económica y financiera, cuando los ciudadanos españoles hemos pasado, en términos económicos, un último año verdaderamente duro, vemos con asombro como nuestros partidos políticos, que gestionan nuestras administraciones públicas han gastado más que nunca. Así, hace pocos días nos daban el dato que el gasto de las Comunidades Autónomas había llegado por primera vez a 107.000 millones de euros, superando la barrera, nunca había sucedido, del 10% del PIB. Más datos, dentro de la Comunidad de Madrid, de 222 Ayuntamientos, 140 no había presentado a la Cámara de Cuentas de la Comunidad los correspondientes documentos para controlar su gasto público, y sólo el 9 % lo habían hecho en tiempo y forma. Seguimos, Rosa Díez (UPyD) presentó en el Congreso de los Diputados una proposición para que, al igual que el resto de todos los españoles, los parlamentarios tuvieran que cotizar 37 años para tener derecho al 100% de su pensión, y que éste no lo lograran sólo con menos de 10 años de cotización. Todas sus señorías votaron en contra de Rosa Díez. Más datos, la misma diputada de UPyD presentó hace casi un año una iniciativa parlamentaria para despolitizar las Cajas de Ahorro -una de las más grandes vergüenzas de nuestros partidos políticos tradicionales, que incluso como el caso de Aguirre y Gallardón con Caja Madrid, se pelean públicamente y con el mayor de los descaros por su control- nuevamente sus señorías votaron todos en contra. Más datos, incluso la que fue Presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, criticó duramente a los partidos políticos tradicionales por su acoso y derribo a una de nuestras Instituciones clave en nuestro régimen democrático. Más datos, de la politización que los partidos políticos tradicionales han sometido al órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, ni hablamos, la mayor vergüenza es que su actual Presidente fue nombrado públicamente desde Ferraz, aunque la politización de este órgano viene de más antiguo, cuando el Gobierno del Presidente González modifico en 1985 la Ley Orgánica del Poder Judicial, provocando la inmediata dimisión de su Presidente Carlos María Sainz de Robles por herir de muerte la independencia de la justicia, lamentablemente el tiempo le ha dado la razón, hoy más de la mitad de los jueces de España han firmado un histórico manifiesto en defensa de la independencia judicial. Más datos alarmantes, incluso algún Poder Público, gobernado por partidos nacionalistas, se niega públicamente a aplicar las resoluciones judiciales, incluidas las del Tribunal Supremo.
Los anteriores datos, estimo, son una pequeña clara muestra de lo que es la partitocracia, uno de los mayores peligros para la democracia, pues los principales actores de la ésta pierden el respeto a su esencia, que no es otra que el servicio a los ciudadanos, por encima de sus propios intereses. Ante esta realidad el ciudadano se siente, lógicamente, desesperado, pues no ve el camino de salida, que siendo difícil, también es evidente: el lamento y la resignación nada logran, el progreso se debe a los inconformistas, si no te gusta lo que hay, tienes que cambiarlo. Al final el ciudadano decide, y esa también es su parte de responsabilidad en esta tarea democrática, que a todos afecta e indefectiblemente y tiene que asumirla.