No sé si debo creérmelo, si debo interpretarlo como una promesa en firme o sólo se trata de uno más de los globos que lanzan los políticos de tanto en tanto, para conseguir congraciarse con el electorado. En todo caso, bienvenida sea la propuesta de Rajoy, si no fuera porque, algunos miembros de su partido, no se hubieran apresurado a matizar sus palabras, enturbiando, con los habituales condicionantes, la frescura de una propuesta tan demandada por los ciudadanos y tan justa, en cuanto significa la eliminación de un privilegio, como es la jubilación especial de los parlamentarios con el 100% de sus retribuciones y con sólo 8 años de cotización. Pero es que, el simple hecho de que el país esté en una situación preocupante, en la que ha sido preciso implantar medidas que han perjudicado a una gran parte de los españoles, han rebajado sus retribuciones a los funcionarios y han congelado sus ingresos a los pensionistas y, todo ello, cuando el Estado ha sido incapaz de contener el precio de los servicios, que han sido superiores, en la mayoría de los casos, al incremento del IPC del año pasado. Como es fácil de comprender, el poder adquisitivo de los ciudadanos ha quedado cercenado, no sólo a causa de que muchos de ellos hayan perdido su trabajo, pasando a formar parte de estos 4’6 millones de parados, sino también porque, muchos de los que trabajan, han tenido que amoldarse a reducir sus salarios o, en el mejor de los casos, se han quedado como estaban o sus aumentos han sido escasos. Es notorio el hecho de que, si en casi todo el año la inflación se mantuvo en cotas bajas, a partir de los últimos meses ha empezado a subir con fuerza (seguramente resultado del obligado aumento del IVA), de modo que, el resultado a final de año, ha sido un inesperado IPC de un 3%.
¿Ha mejorado sensiblemente la situación de las empresas de nuestra nación?, ¿ha mejorado la demanda interna?, ¿ha mejorado la venta de inmuebles o se han reducido la oferta de los que ya están construidos, pero que siguen sin venderse, cifrados en más de 800.000? Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que nada de esto ha sucedido y que, por mucho que, desde el Gobierno y algunos medios económicos que les son afines, intenten dorarnos la píldora; lo que es evidente es que estamos todavía a la cola de Europa y que, por mucho que ZP intente dar la crisis por solventada y la señora Salgado, sin el más mínimo pudor, nos quiera hacer tragar que, en las cancillerías europeas todo son elogios y parabienes por las reformas del Ejecutivo ( algunas de ellas imaginarias) que ha tenido que acometer, obligado por las circunstancias, para paliar los efecto deletéreos de la crisis que está soportando España; consecuencia de la mala política económica del PSOE durante más de dos años –hasta que, desde Bruselas, le leyeron la cartilla y le impusieron la receta a la que se tenía que amoldar –, es obvio que el problema que Europa tiene en estos momentos es la inminente caída de Portugal y la situación, inestable y manifiestamente mejorable, de las finanzas y la economía de nuestra nación. La prueba la tenemos en las continuas visitas de expertos de la UE y del FMI que están interesados en comprobar, directamente y sobre el terreno, lo que se está cociendo en el ámbito económico y financiero (sector bancario y, particularmente, las cajas de ahorros y sus balances marcados por la caída de la burbuja inmobiliaria), haciendo hincapié en el endeudamiento de nuestras autonomías, que rivaliza en importancia con el del mismo Estado.
Nuestro Gobierno ha sido incapaz de dar ejemplo de austeridad, y no lo ha hecho porque el despilfarro es algo consustancial en la filosofía de estos socialistas que dirigen el destino de España. Ya lo dijo, el 29 de mayo del 2004, la ministra socialista Carmen Calvo: "Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie”. En esta lapidaria frase, en este concepto sectario de que el dinero de los españoles, el que pagamos por medio de nuestros impuestos, no es un “dinero de todos” y, deberíamos añadir “y para todos”, sino que, una vez ingresados en las Arcas del Estado, su destino puede ser el que, libre y caprichosamente, piensen darle quienes nos administran; no, como sería lógico suponer, para mejorar el bienestar común, proveer las necesidades de los ciudadanos y organizar, de una manera eficaz, la convivencia y la solidaridad entre todos los ciudadanos de las distintas comunidades de la nación española. Y que nadie se atreva a mencionar lo del “chocolate del loro”, con lo que lo que se pretende justificar los derroches del Gobierno socialista; porque, muchos pocos hacen un mucho y, si sumamos los casos de clientelismo en los gobiernos autonómicos, consistentes en encargos de trabajos a profesionales externos; pagando, a precio de oro, asesorías de amiguetes; aumentando las plantillas de funcionarios (aunque sea sin hacer oposiciones); mejorándose los sueldos; viajando a cuerpo de rey; utilizando coches oficiales hasta para irse de picnic con la familia; subvencionado lo de la “Alianza de Civilizaciones” o enviando preservativos para los negros africanos; podríamos comprobar que, si los ahorráramos, quizá las pensiones no necesitarían congelarse.
Un caso lacerante lo tenemos, tanto en el Congreso como en el Senado, (350 parlamentarios en el primero y 264 senadores en el segundo si no ando muy equivocado) sin que nadie parezca apercibirse de ello. Estos señores perciben sueldos que, para una importante parte de sus señorías resultan ser desorbitados, injustificados y, evidentemente muy superiores a los que percibían en sus respectivos trabajos. No siempre el ser elegido para estos puestos de representación comporta que los electos tengan una preparación adecuada y, es muy posible, que con el sistema de listas cerradas el clientelismo, el chauvinismo o la endogamia política jueguen un papel importante, en ocasiones, muy por encima del valor intrínseco de los elegidos. Si aceptamos que, entre los miembros del Congreso y del Senado, los hay que no precisan de la retribución que perciben por su cargo, ya que disponen de otras fuentes económicas suficientes y, por otra parte, si también admitimos que, el resto de los diputados o parlamentarios, perciben retribuciones más elevadas de las que percibían en sus actividades privadas; no vemos la razón para que no se haya tomado una medida ejemplar de disminuirles los sueldos a los diputados y senadores, para equipararlos a los ciudadanos menos favorecidos. Aparte de que, tantas comisiones parlamentarias, permanentes o no permanentes, seguramente no tienen otra utilidad que la de justificar el número exagerado de diputados elegidos que, como ya he repetido en varias ocasiones, resultan innecesarios, muy caros de mantener (dietas, viajes, pluses etc.) y un lujo excesivo para esta nación, que tiene que mantener dos cámaras (la Alta y la Baja), en las que los que parten el bacalao no llegan ni al tercio de los elegidos. El recorte de las pensiones de sus señorías, que ya fue propuesto, antes que por el señor Rajoy, por la señora Rosa Diez, nos parece una idea fenomenal pero, ya puestos en faena, tampoco estaría de más que se recortaran los sueldos de todos estos “servidores de la patria” que, con poco esfuerzo, contribuyen a la imponente carga de la que se deben hacer cargo los ciudadanos españoles; gravamen que empieza con el coste del Gobierno, el de las Cortes de la Nación, los de los gobiernos autonómicos ( en los que los sueldos de los gobernantes están por las nubes), las diputaciones, las empresas públicas, los entes para estatales y toda esta serie de organismos, destinados especialmente a dar ocupación a los paniaguados de los diversos partidos que, en este aspecto, ninguno quiere ir a la zaga de los otros. ¡Ánimo pues, y manos a la obra, que el pueblo español seguro que se lo agradece! Aunque solo fuere por ver la cara de bobos que se les queda a los que, tan ricamente, viven a espaldas de los contribuyentes. Una gozada.
Miguel Massanet Bosch