Ya estamos acostumbrados a las largas cambiadas del señor Rodríguez Zapatero y a que, el Gobierno, nos venda gato por liebre, por lo tanto no nos vamos a rasgar las vestiduras ni vamos a invocar a los dioses del Olimpo por el hecho de que, una vez más, nos hayan tomado a los ciudadanos por imbéciles y, lo que debía ser una reforma inaplazable, una medida que se iba a implantar poco menos que manu militari, según se podía colegir de las declaraciones de ZP sobre un tema tan espinoso, en las que se amenazaba a los agentes sociales para que llegaran a un acuerdo o ¡el peso de la ley iba a caer sobre la cabeza de Sindicatos y Patronales!. Lo justificaba para proteger a los futuros pensionistas del año 2020 que se iban a quedar sin cobrar ni un céntimo de las pensiones de la Seguridad Social. Pero así como hemos pasado de la depresión más absoluta, escenificada por la cara de vinagre de doña Elena Salgado, al optimismo exhibido últimamente por la ministra, encantada y eufórica de que el déficit de la Administración Central “sólo” es de un 5’1% del PIB en el 2010, algo que, traducido a millones, asciende a 53.444 millones de euros; así han variado las pensiones.
No se lo que pensará la señora vicepresidenta pero, como español de a pie, me parece una cantidad astronómica que no justifica su alegría porque, según dice, el Gobierno había previsto que fuera ocho décimas superior. Según sus previsiones tendremos sic “ un colchón” de 8.000 millones de euros para atender desviaciones presupuestarias, en especial las causadas por la necesidad de destinar más recursos al pago de las subvenciones por desempleo; un tema del que se procura no hablar por parte del Gobierno y que, vamos a ver como, dentro de esta operación que han puesto en marcha los socialistas para maquillar la verdadera crisis en la que estamos inmersos, van a encontrar medios para que, al menos de cara a la galería, los 4.600.000 parados oficiales ( sin contar los que están en paro pero no figuran en las listas del INEM por participar en cursillos, buscar trabajo a tiempo parcial, estar afectados por ERES, etc.) vayan a desaparecer de las estadísticas de paro por pasar a percibir ( al menos por unos meses) este nuevo invento de los 350 euros mensuales cuya percepción se supedita al reciclaje de los perceptores de esta ayuda que, el señor ministro de Trabajo, ya ha dicho que sólo se percibirá “mientras haya dinero para ello”.
En todo caso, uno se hace cruces de que, por ejemplo, los partidos que forman parte de la comisión del Pacto de Toledo, no supieran llegar a un acuerdo sobre la edad en la que deberían jubilarse los españoles ni, tampoco, concretaran los años de cotización previstos para calcular la base de la pensión. Su comunicado final fue digno de una de las astracanadas de los famosos Hermanos Marx, cuando se reconocía, sin ambages, que se “había llegado al acuerdo de que no se podían poner de acuerdo” sobre el tema que habían debatido. ¡Vamos, como para darles una patada en el trasero a todos y enviarlos a sus casas a espigar cebollinos! Como ya hemos comentado en otras ocasiones, la madre del cordero en la cuestión de las pensiones es que, el “sistema de reparto”, que se ha venido utilizando, se ha demostrado como insostenible cuando, como ha ocurrido recientemente, se producen circunstancias en las que los cotizantes a la Seguridad Social disminuyen, aumenta el desempleo y el Estado no recauda lo necesario para poder atender la demanda de financiación que se precisa, para mantener las jubilaciones que se vienen produciendo. Hace ya muchos años que se debiera de haber promocionado el sistema de capitalización y permitido que, en el aspecto de las pensiones, cada trabajador pudiera programarse su futuro; manteniendo el sistema de asistencia sanitaria pública. Es evidente que ha llegado un momento en el que, el sistema está haciendo aguas, la población laboral ha incrementado su promedio de vida y los jubilados disponen de más años para cobrar sus pensiones que el previsto por los sistemas actuariales que se utilizaron, para determinarlo.
Pero, si nos atenemos a lo que ha sucedido en el Congreso de Diputados, en esta especie de casa de Troya en que los nacionalistas de CIU y el Gobierno de ZP lo han convertido; ha sido, sin duda, una muestra más de la indefinición, de la flexibilidad y falta de concreción, de la expresión más evidente de la componenda política a espaldas de los intereses de los ciudadanos y de la influencia que, CIU y de su portavoz, el señor Durán, tienen a la hora de que el Gobierno acepte sus tesis sólo para sostenerse en el poder; lo que, como contrapartida, evidencia el temor que el nacionalismo tiene a una eventual victoria del PP con mayoría absoluta, algo que, si sucediese, pudiera representar el estoconazo definitivo a sus aspiraciones independentistas; como el mismo Jordi Pujol, ha expresado claramente, al lamentarse de que se les hayan cortados las alas ( evidentemente desde el punto de vista económico) lo que, para este caballero, sólo les deja dos opciones o rendirse o independizarse, algo que debería de haber precisado con un “si el resto de España lo permite”. En todo caso, resulta algo impensable un órgano, como es el Parlamento, pueda pergeñar un refrito de lo que no dijo el Pacto de Toledo pero que ahora parece que admite: el retraso en la edad de jubilación utilizando una nueva fórmula (fruto del contubernio Gobierno- CIU) “basada en la gradualidad y el mantenimiento de estímulos (¿cuáles?) a la prolongación de la vida laboral y en un esquema razonable (¿qué se entenderá por razonable? y, ¿quién determinará lo que es razonable o no?) de posibilidades de jubilación anticipada (¿en qué casos será admisible o cuando será posible hacerlo?, o ¿quiénes decidirán los años de cotización precisos?)” ¿Ustedes lo entienden? Yo no o, puede que sí, pero no quiero creerlo.
Es decir, el Parlamento se ha limitado a darle carta blanca al Gobierno, a los Sindicatos y a la Patronal a hacer de su capa un sayo con el tema de las pensiones. Si era verdad que el sistema no se sostenía y era preciso fijar una edad determinada para jubilarse, que permitiera al Estado y a la Seguridad Social garantizar a los futuros jubilados la percepción de una pensión digna, ¿cómo es posible que, en unos pocos días, resulte que los unos por tener trabajos que desgastan más que otros; los otros por tener unos determinados años cotizados; los restantes por haber sido despedidos por ERES antes de la edad mínima de jubilación ( veamos los casos, como el de los 4.500 trabajadores despedidos de las cajas, con el 90% de sus salarios y el pase a la jubilación al finalizar el periodo de desempleo o los 2.500 que dejarán PRISA o los que los recortes de algunos servicios de la Administración van a dejar en la calle etc.); van a poderse jubilar antes de los 67 años y los restantes, para que no salgan tan perjudicados, lo van a hacer de una forma escalonada; sin que ello contradiga la urgencia con la que se nos vendió la reforma?, o ¿deberemos pensar que se nos quiso asustar? o, ¿acaso, está en el ánimo del Gobierno subirnos, otra vez, los impuestos para poder atender la nueva situación que estos cambios va a dejar en el panorama de las jubilaciones? Apostaría a que va a haber acuerdo y que CC.OO y UGT van a aceptar la componenda ¿cuánto le va a costar al Gobierno que lo hagan? Lo cierto es que, pese a la euforia de la señora Salgado, faltará ver si este sistema consistente de afrontar el tema de las jubilaciones, va a cuajar en Europa y si van a tragar que, retrasando, camuflando y haciéndolo por etapas, España va a cumplir, de verdad, con su promesa de jubilar a los 67 años y, de paso, bajar el cálculo de las bases de cotización. Mucho me temo que, estas veleidades, las vamos a pagar los de siempre.
Miguel Massanet Bosch