Ahora se trata de los orfanatos. Claro que los orfanatos modernos no son como nos relataban los escritores del XIX ni la pobreza endémica de ciertas capas mendicantes de la sociedad, perfectamente descritas por C. Dikens, en su novela “Oliver Twist”, donde se hablaba de pandillas de pequeños delincuentes explotados por malvados rufianes que se aprovechaban de ellos para enriquecerse. En España, no obstante, sí es cierto que existen ciertos barrios de la periferia de las grandes ciudades, en los que la miseria es patente. Cierto que la palabra orfanato siempre ha tenido connotaciones peyorativas y se la ha asociado con maltratos, con abusos y con lúgubres y húmedos edificios en los que, los niños acogidos malvivían en la más absoluta indigencia. Hoy en día existen leyes para proteger a estos niños, sin embargo, no parece que en los centros de acogida de niños que dependen de la Administración del Estado español o, en su caso, hayan sido transferidos a las autonomías; exista el control adecuado para evitar situaciones como han sido denunciadas por el Defensor del Pueblo, de mal tratos, abusos, vejaciones, celdas de castigo etc. Parece que hasta hace poco estas situaciones eran ignoradas o, se hacía la vista gorda, por parte de las autoridades que tenían la función de ocuparse de ello. Según he podido informarme se tomaron medidas contra algunos de los centros que incurrieron en tales desmanes pero, al parecer, existen otros muchos donde parece que el brazo de la ley se ha encogido y no ha llegado a afectarlos.
Aunque es difícil conseguir una información fidedigna, a fecha de hoy, Se habla de la existencia de, aproximadamente, 40.000 menores tutelados por las administraciones en todo el estado español y otros se refieren a unos 30.000. Son las administraciones autonómicas quienes tienen las competencias y, en muchos casos, la transparencia brilla por su ausencia. Y, de esos niños, niñas y adolescentes, probablemente alrededor de un 30-35% viven en centros residenciales: Es decir, entre 8.000 y 14.000 están ocupando centros de acogida tutelados por el Estado. En efecto, el problema parece revestir una gravedad que no puede ser dejada de valorar por el Gobierno de la nación y, sin más retardo, poner en marcha una serie de medidas para que cesen, de inmediato, este tipo de arbitrariedades y abusos, evidentemente inadmisibles en cualquier país civilizado. Al parecer, como se denuncia en un estudio de la Asociación ASEESU, “Un dato importante a tener en cuenta es que los centros residenciales de menores, tanto los cerrados, los semi-cerrados, como los abiertos, se han convertido en un negocio. Como es sabido, más del 90% de dichos centros están privatizados y en manos de fundaciones, cooperativas y asociaciones de todo tipo. Y este es un negocio muy lucrativo desde hace unos años: Por ejemplo, en Cataluña, en el caso de un centro residencial abierto la “cooperativa”, “asociación” o “fundación” que lo regenta puede recibir de la administración más de mil euros semanales por cada menor, si tiene 16 o más a su cargo, los educadores/as trabajarán con ratios de 6-7 menores/ 1 profesional y serán, claro está, mileuristas- cobrando un salario de unos mil euros mensuales tan sólo – los socios de la “entidad” en cuestión obviamente tendrán remuneraciones bastante más altas.”;existen, pues, intereses económicos que hacen sospechar que las aportaciones de la Administración no son destinadas a los fines a las que están destinados o, al menos, parte de ellas se desvían a otros beneficiarios en detrimento de la calidad de vida y necesidades de aquellos chicos en los que debieran ser invertidos. Y existen privatizaciones que no se acaban de entender.
En esta ocasión, y sin que sirva de precedente, no quiero dudar del altruismo y buena fe de la ministra de Sanidad, señora Pajín, cuando nos ha anunciado su propósito de eliminar todos los orfanatos de este país (creo que existen de 50 a 52 de estos establecimientos). Espero que, como ha ocurrido en otras ocasiones, no se trate de otra triquiñuela para desviar la atención del pueblo español del desempleo creciente o de la, cada vez, mayor dificultad de los ciudadanos para intentar subsistir ante el aumento del coste de los servicios y la rebaja de los salarios (parece que, según los datos de las negociaciones colectivas, los salarios sólo han sufrido un incremento promedio de un 1%). Es evidente que, en todo caso, el intento del PSOE de dejar la mayor cantidad de leyes posible ante la eventualidad de ser descabalgados del poder y pasar a la oposición; les ha hecho ponerse las pilas a los ministros y, en especial, a esta señora que no quiere pasar desapercibida en el cargo para el que ha sido designada. Sea lo que fuere, debemos alabar su intención de eliminar una situación que se viene manifestando como una lacra en la sociedad española. Ahora bien, como suele ocurrir cuando se corre demasiado para poner en práctica una idea, aunque sea buena; a nosotros se nos ocurre que antes de quitarle las pipas del comedero al loro debemos ocuparnos de darle otra comida que le permita sobrevivir.
A uno se le ocurre que, suprimir de golpe unas instituciones que puede que alberguen a 14.000 menores, no va a ser cosa fácil. Todo cambio abrupto de un sistema comporta modificaciones más o menos extremas que, en ocasiones, pueden hacer inviable el proyecto. Si ya se disponen de unos edificios; si se tiene una organización, aunque sea imperfecta y, posiblemente, corrupta; si existen unos servicios: atención médica, enseñanza, actividades deportivas etc. y si, en cada comunidad autónoma, existen departamentos de las administraciones cuya misión específica es controlar el funcionamiento de estas instituciones de menores, ¿por qué no se empieza por un barrido de funcionarios, de empleados civiles y de profesionales, que han sido los causantes de tales hechos corruptos y delictivos, para sustituirlos por personas decentes que, dada la cantidad de parados existentes, muchos de ellos universitarios, es seguro que se conseguirían con facilidad?, ¿por qué no se empieza por los máximos responsables, aquellos que cobran sueldos astronómicos para no cumplir con su deber y se los degrada, se les baja el sueldo y se los pone de escribientes o, mejor todavía, se los planta en la calle?. Sería un procedimiento menos costoso, más práctico, más expeditivo y ejemplarizante y, por supuesto, menos complicado que el tener que colocar a 14.000 niños bajo la custodia de familias voluntarias, remuneradas y profesionales.
Veamos, no puedo evitar que esto de “remunerar” me haga sospechar en clientelismo, endogamia y enchufismo. Es difícil conseguir que 14.000 menores sean colocados entre familias que sean adecuadas para la tarea, por muy buena intención que se tenga. Si partimos de que lo primero que se intenta con esta reforma es el bien de los menores, si se busca mejorar su situación y mantener la disciplina adecuada para su formación; no creemos que el separarlos de sus compañeros, no para adoptarlos (una solución que merecería mayor atención y menos cortapisas legales), sino para darlos en tutela; no veo que la Administración; so pena de que aumente sus efectivos exponencialmente y garantice la preparación y efectividad de quienes deban controlar a las familias y a los menores; vaya a ser capaz de asumir tan ingente labor, por mucho que se extreme la labor selectiva de las familias que deban adquirir la responsabilidad de la custodia del menor. Si, en las familias normales, ya existen graves problemas para educar a los hijos; si son frecuentes los casos de indisciplina; si el impulsarlos a estudiar ( como consta en el informe Pisa, que habla de 30% de abandono escolar en España), en muchos casos, es una labor titánica; cuesta admitir que alguien por simple interés económico, vaya a controlar mejor a los menores que en los centros públicos, siempre que, y aquí está el quid de la cuestión, se garantice que funcionen adecuadamente.
Miguel Massanet Bosch