PAPELES DE INFORMACION POLITICA Nº 10
CONSEJO DE DIRECCION, PROGRAMA Y ACCION POLITICA DE UPYD
La lucha sin cuartel contra ETA y todo lo que representa, terrorismo y totalitarismo político, es una de las señas de identidad de UPyD. Una de las razones inmediatas para la creación del partido fue, precisamente, la actitud vacilante y oportunista del PSOE sobre la negociación política con ETA, y la tendencia del PP a apropiarse de esta lucha como un asunto partidista cuando es uno de los principales desafío de la democracia española. Lejos de ser un “problema vasco”, o un conflicto entre España y Euskadi, la consecución del Estado vasco que ETA pretende sólo puede obtenerse destruyendo la democracia española en su conjunto, lo que ocurriría si España renunciara a la vigencia de su ciudadanía, sus instituciones y sus leyes en los territorios que ETA reclama como propios.
ETA está muy débil desde el punto de vista operativo. Su debilidad es la verdadera razón de su baja actividad actual, felizmente traducida en la práctica desaparición de atentados desde hace muchos meses. No se trata de que ETA haya decidido desaparecer (su último comunicado dejaba claro que nunca lo hará voluntariamente), sino de que está más acosada que nunca por el rechazo social, el acoso policial y el trabajo jurídico y político para progresar en su aislamiento. Una parte esencial de ese trabajo político y jurídico ha sido la Ley de Partidos, que permitió ilegalizar a Batasuna y todos sus avatares, con la excepción de ANV debido a la calculada ambigüedad del gobierno. La ratificación de la Ley de Partidos por el Tribunal de Estrasburgo (Tribunal Europeo de Derechos Humanos), y por tanto de la ilegalización de Batasuna debido a su integración en ETA, ha sido decisiva para remachar el aislamiento internacional de la banda y obligarle a intentar nuevas vías de actuación legal.
Para ETA es esencial estar presente en las instituciones; es otra vía, muy eficaz y complementaria del terrorismo, para imponer su proyecto político. Quedar fuera significa, en cambio, su muerte a medio plazo. Por eso ETA siempre ha intentado todas las fórmulas posibles para tener un partido político legal y listas electorales bajo marcas blancas o de conveniencia.
El último intento de este tipo es la creación de Sortu (crear) en un contexto muy especial: en la situación de extrema debilidad del terrorismo etarra y bajo la expectativa de cumplir la Ley de Partidos presentando un partido con un nuevo nombre y nuevos estatutos que incluyan algún tipo de rechazo de la violencia política. Esta expectativa ha sido alentada por los partidos nacionalistas, IU y portavoces oficiales u oficiosos del PSOE y sus medios amigos. El compromiso implícito es que si Batasuna es capaz de representar un distanciamiento de ETA con declaraciones que incluyeran el rechazo de “todo tipo de violencia, incluyendo atentados futuros de ETA”, y pidiendo la legalización bajo nuevos estatutos, entonces no habría ningún impedimento legal para que el nuevo partido sustituyera a Batasuna y sus marcas en las instituciones. Este es el panorama en el que se desenvuelve estos días el debate sobre la legalización o no de Sortu, ese nuevo partido ad hoc. En realidad no tan nuevo ni en apariencia, pues sus impulsores públicos son todos ellos sin excepción dirigentes muy cualificados de ETA-Batasuna, algunos como Rufi Etxeberria con varias condenas por este motivo, o Iñigo Iruin, cerebro de la asesoría jurídica de Batasuna y dirigente político del más alto nivel.
UPyD se opone sin reservas a la posible legalización de Sortu por las siguientes razones:
1 – Incumple la Ley de Partidos. El art 12.3b de esta ley establece sin ninguna ambigüedad que no se podrá legalizar ningún partido que continúe de algún modo al antes ilegalizado. Sortu ha sido creado y presentado por conocidos dirigentes de Batasuna. Por lo tanto, la continuidad entre Batasuna y Sortu que prohíbe la Ley de Partidos es evidente e innegable.
2 – El nuevo partido no rompe con ETA. Sortu sólo se compromete en sus estatutos a rechazar futuros atentados terroristas si éstos se produjeran. No hay pues ninguna ruptura con ETA desde el momento en que no se condenan los atentados del pasado, ni se exige la desaparición de ETA. Un paso que siempre han dado todos los grupos históricos nacionalistas salidos de ETA que han roto realmente con la banda, desde Euskadiko Ezkerra hasta Aralar.
3 – El problema no son los estatutos del partido. Este es un falso debate. Herri Batasuna, Batasuna y demás marcas nunca fueron ilegalizados por sus estatutos, sino por quedar probada la integración en ETA, que no es una banda sino un entramado de organizaciones con división del trabajo: unas mataban y otras explotaban los resultados del asesinato. Mientras Sortu no rompa con ETA, será parte del entramado, con o sin tregua, exactamente igual que Batasuna.
4 – Legalizar un partido que no rompe con ETA y refunda su partido ilegalizado sólo porque presenta unos estatutos aceptables equivaldría a legalizar el terrorismo cuando está en tregua o permanece inactivo. Sería como legalizar un partido por la corrupción o por el maltrato a las mujeres mientas una u otro sólo sean hipotéticos, o cometidos por terceros.
En definitiva, no podemos aceptar excusas para legalizar a Batasuna bajo un nuevo nombre, ni ningún partido surgido de Batasuna que no rompa explícitamente con ETA exigiendo su disolución incondicional y condenando toda su historia de terror y crimen organizado, no sólo posibles atentados futuros. Menos que esto significaría volver a dar vida a una ETA agonizante cuyo fin está en manos de la democracia española.