Fernando Iwasaki, ABC (Publicado en UPyD, aquí)
Seguro que si los jueces, fiscales y políticos que ahora tienen que examinar a la nueva franquicia de ETA/Batasuna fueran igual de suspicaces que los inspectores que Hacienda prepara para trincar a los falsos parados y autónomos, los terroristas acabarían todos presos. ¿Por qué para el Gobierno un signo exterior de riqueza convierte a los ciudadanos en sospechosos, mientras que los signos exteriores de apoyo a ETA no convierte en sospechoso a ningún abertzale radical?
Me asombra que la capacidad del Gobierno para intuir la existencia de economía sumergida, sea inversamente proporcional a su capacidad para intuir el terrorismo sumergido. Y conste que quienes viven de la economía sumergida no hacen apología de la insumisión fiscal, ni evitan condenar la evasión de impuestos, ni crean plataformas para apoyar a los presos por delitos fiscales, ni organizan marchas violentas para destrozar mobiliario urbano, ni nada por el estilo. En realidad, por no hacer, no hacen ni el huevo. Por el contrario, la ETA sumergida está en todos esos fregados, pero la Fiscalía y la Audiencia Nacional son incapaces de advertirlo. ¿Qué necesitan para corroborar que ETA y las franquicias de Batasuna son la misma cosa? ¿Un CIF compartido?
ETA busca una tapadera legal para conseguir dinero público y miles de ciudadanos realizan sus actividades económicas al margen de Hacienda. Una cosa es segura: ni un solo euro de la economía sumergida serviría para financiar a ETA/Batasuna, a no ser que consideremos economía sumergida el cobro de rescates e impuestos revolucionarios. Miren por dónde, si algún juez no quisiera ser cómplice de esta nueva «faisanada», podría procesar a ETA/Batasuna por recaudar dinero negro a través de secuestros y extorsiones.
Soy de los que piensan que si hubiera voluntad política, ETA/Batasuna no podría presentarse a las próximas municipales ni en calidad de bulto. ¿Acaso el Gobierno socialista no ha ordenado que las frecuencias de ciertas cadenas de radio y televisión cambien justo durante la campaña electoral? ¿No es casualidad que todas las cadenas afectadas tengan como denominador común ser críticas con el Gobierno? Por lo tanto, si hubiera deseos reales de impedir que ETA/Batasuna se presente a las elecciones, con toda seguridad que habría una vía legal para chafarles la operación. Una inspección de Hacienda, por ejemplo, ya que estamos en el tema.
Respaldaría cualquier iniciativa para combatir la economía sumergida, siempre que conlleve una reducción de los costos de la legalidad. Es decir, lo que cuesta entrar y permanecer dentro de la ley, para que no sea algo tan ruinoso como hasta ahora. O dicho de otra manera, para que mantener la democracia no nos salga carísimo a quienes cumplimos la ley, mientras que a terroristas, criminales y mafiosos les sale baratísimo cobrar y encima zurrarse sobre la ley.
Estoy contra la economía sumergida, sí; pero me molesta muchísimo más financiar a la ETA sumergida con mis impuestos.