Lucio Anneo Séneca, cordobés, preceptor del joven Nerón y destacado filósofo, dejó escrita para la posteridad la siguiente idea: “Quién pudiéndolo hacer no impide que se cometa un crimen, lo estimula”. En el derecho español existe la figura del cómplice o del inductor que reciben su parte de pena por su participación, secundaria si se quiere pero de evidente colaboración en cualquier acción criminal con la que se les pueda relacionar. A nadie se le oculta que, el papel de la ilegalizada Batasuna en las acciones criminales de la banda terrorista ETA, fue fundamental; no sólo por la información que facilitaba sino por la colaboración logística y financiera que prestaba a la banda; la formación de los nuevos miembros que suplieran a los que fueran apresados y la evidente participación de sus juventudes en la Kale Borroca, encargada de producir disturbios callejeros y de crear inseguridad en la ciudadanía del País Vasco. Lo cierto es que, el fanatismo de ambas formaciones, ETA y Batasuna, fueron los artífices de que España estuviera sometida al terror terrorista durante 50 años y los culpables de que personas inocentes pagaran con su vida o con mutilaciones de por vida, por el simple hecho de transitar por una calle a la que, un destino inmisericorde, los llevó. Las víctimas de la locura, el fanatismo y el instinto destructivo de aquellos que, en su insania, confundieron aspiraciones nacionalistas o independentistas con destrucción, aniquilación y limpieza étnica de personas que a lo único que aspiraban era a que se las dejara vivir en paz o cumplían con su deber o simpatizaban con otras ideas; no han tenido la oportunidad de volver a empezar de nuevo; no han recibido otra recompensa por su sacrificio que las oraciones de sus familiares y el horror de millones de personas decentes que veían como España se había convertido en un país dominado por las bajas pasiones de unos iluminados, que querían imponer sus tesis por la fuerza de las armas.
La cifra de casi novecientas víctimas del terrorismo etarra no nos permite a los españoles; no permite a nuestro Estado de Derecho y no permite a ningún político, sean cuales fueren sus ideas y sentimientos; que se le de un carpetazo al tema, que se concedan perdones o que se hable de treguas o suavización de penas para todos aquellos sujetos que, cumpliendo condenas o siendo prófugos de la justicia, han intervenido directa o indirectamente, en acciones terroristas que han teñido sus manos de sangre de víctimas inocentes. No estamos hablando de crímenes pasionales ni, tampoco, de locos criminales y menos de accidentes (como nuestro presidente del gobierno, señor Rodríguez Zapatero, calificó a los crímenes de ETA, en una de las ocasiones en que pretendía pactar con ella); no señores, estamos refiriéndonos a crímenes perfectamente planeados, estudiados al milímetro y perpetrados a traición, con alevosía y prevaliéndose, en todas las ocasiones, de abuso de fuerza. El mal causado por las acciones criminales de ETA no ha quedado circunscrito a las víctimas, sino que ha tenido un efecto multiplicador que se ha extendido a los familiares directos, a los conocidos, a sus compañeros de trabajo y a todas las personas decentes a las que les causa repulsa y escandaliza que, en España, se produzcan semejantes demostraciones de vileza y maldad.
Se habla de que esta nueva formación, hecha a imagen y semejanza de la antigua e ilegalizada Batasuna, bautizada como SORTU, manifiesta rechazar la violencia, incluso la etarra, acepta a regañadientes la Ley de Partidos; hacen promesas de limitarse a la actividad política y presentan unos estatutos , fruto de una labor de encaje de bolillos pergeñada por expertos en la materia, que de todo hay en la viña del Señor, aunque esta viña sea incapaz de dar otro fruto que la ira contra España y la hiel de los amargados seguidores de aquel fabricante de historias y émulo del flautista de Ammelín, que fue conocido como Sabino Arana; sobre el cual pesa la responsabilidad de todos los asesinatos que, en nombre de sus ideas, se han cometido en el País Vasco. Para algunos políticos, especialmente del PSOE, parece que esta nueva formación pone punto final al problema de ETA y empiezan a hacer campaña a favor de darle vía libre, para que pueda concurrir a las elecciones; incluso, en algunas camarillas de la derecha y de la prensa conservadora, que se las dan de muy demócratas y “legalistas”, parece que ya están presuponiendo que el TS no podrá encontrar grietas en la Estatutos de la nueva formación política y que es conveniente que se le de vía libre para concurrir a los próximos comicios. Esto es lo que viene intentando ZP desde que falló su negociación secreta con ETA, sellada por el asesinato de la T4 del aeropuerto de Barajas.
Se ha venido criticando, incluso por amplios sectores de la derecha del señor Rajoy, las oportunas y certeras declaraciones y denuncias del señor Mayor Oreja, que ha tenido la rara habilidad de ir pronosticando con matemática exactitud todos los movimientos y contactos de la banda terrorista con los emisarios del gobierno del PSOE. Pero no es casualidad que, unos meses antes de las elecciones de Mayo, los círculos afines a ETA se hayan movilizado, para presentar una formación “aséptica” con la que concurrir a las elecciones de Mayo. La intención: ocupar de nuevo los cargos públicos de los que fueron desalojados y, con ello, obtener la información y los recursos necesarios para alimentar a los etarras que, sin esta ayuda, están condenados al ostracismo y, seguramente, a la extinción por consunción o vencidos por las fuerzas de orden público. Se dice que todo va a depender de la información que aporte la Guardia Civil, la Policía Nacional y, es muy probable, que el propio CESID; para que el TS pueda decidir si, detrás de SORTU, se esconden los mismos componentes o un número de ellos que permita poner en cuestión la legalidad del nuevo partido.
No obstante, a muchos nos preocupa el hecho de que todo este sector de las fuerzas de seguridad del Estado, que debe proporcionar las herramientas al tribunal para que pueda decidir, con conocimiento de causa y argumentos, el rechazo de SORTU; esté controlado por el ministerio de Interior que está bajo las órdenes del señor Rubalcaba, un personaje con un historial político que se remonta a los tiempos de los GAL, ( negó, reiteradamente, la relación del Gobierno con aquella banda); que ha intervenido de forma activa en la negociación con ETA de la pasada legislatura (algo que negó repetidamente) y que ahora, con un ZP desarbolado, parece que dirige, por su cuenta, esta nueva política que, aunque él lo niega de nuevo, nos hace pensar que, desde el Gobierno, se va a ver con buenos ojos el darles una salida política a los abertzales. No obstante, y las víctimas del terrorismo lo dejaron meridianamente claro en la pasada y multitudinaria manifestación del día 5 de febrero, ni la banda ha dejado las armas ni tiene proyecto de hacerlo ni los de Sortu han renegado de las muertes causadas por ETA ( se han limitado a rechazar las que se pudieran producir) ni se ha hablado de rendición y de encarcelación de etarras para que paguen sus crímenes.¡ No hay pacto que valga, legalización que se proponga; perdón que se implore; indulto que se proponga o media alguna de gracia que se intente conceder si, previamente, no hay una declaración de ETA, de aquellos que la vienen apoyando, de los medios que la vienen defendiendo; por la que se pida perdón a las víctimas de su insania; se produzca la rendición de la banda, con la consiguiente entrega de armas y el libramiento a la Justicia de todos aquellos que tienen causas pendientes con ella! Toda otra medida que no se ajuste a estos términos, no será más que un agravio a los muertos y un engaño a la ciudadanía española.
Miguel Massanet Bosch