Se dice que la famosa madame Pompadour le dijo al rey Luis XV de Francia: “Después de nosotros ¡qué venga el diluvio!” y, mucho me temo que, si Dios no lo remedia, el diluvio de despropósitos que cada día venimos contemplando en España a cargo del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero y de muchos de los gobiernos autonómicos (que los ciudadanos tenemos que soportar), va a tener consecuencias difíciles de prever y, con seguridad, verdaderamente deletéreas para nuestro pobre país. Y no se crean ustedes que se trata de un mero pálpito, que también, porque tenemos suficientes pruebas de que existe un conchabamiento secreto entre el gobierno de la nación y el de la autonomía catalana, que pudiéramos definir fácilmente como “pacto de no agresión” para que, ninguno de ellos, tome medidas que pudieran interferir en la marcha del otro e impidieran, a cada uno de ellos, alcanzar sus fines últimos. Nunca he dudado de que uno de los personajes políticos que ha tenido más que ver y ha contribuido de forma necesaria en este contubernio ha sido, sin duda, el señor Durán y Lleida, un señor que, curiosamente, viene mereciendo una buena calificación entre todos los españoles, quizá a causa de que su talante conciliador, su aparente moderación y la evidente facilidad para ocultar lo que se viene cociendo por detrás de las bambalinas entre el nacionalismo y el gobierno Central, lo ha convertido en una pieza básica del separatismo catalán..
¿Recuerdan ustedes la firmeza con la que el señor Durán de CIU declaraba que iban a votar en contra de los Presupuestos Generales del Estado para el 2011? Pues observen lo que sucedió cuando se presentaron para su aprobación al Parlamento. Entonces “otro” señor Durán, comiéndose sus anteriores palabras, argumentaba que “su responsabilidad política le hacía apoyar al Gobierno”. Lo que ocurría era que en forma alguna quería propiciar una victoria en el Congreso del PP que, sin duda, hubiera ido en contra de sus ansias independentistas, como se puede deducir fácilmente de las palabras del propio señor Mas, cuando afirmó que “lo peor que le podía ocurrir a Catalunya sería una victoria, con mayoría absoluta, del PP”. Un señor lector criticaba, eso sí muy educadamente, uno de mis artículos en el que opinaba sobre la señora Chacón y sus aspiraciones al puesto que ocupa el señor Zapatero; reprochándome que me remontara a los años treinta para apoyar mis tesis, achacándome pretender “separar de nuevo a los españoles”, meterme con el pueblo catalán e inmiscuirme en lo que, para él, era algo inevitable que, al fin y al cabo, se produciría cuando lo quisiera el pueblo catalán. Se olvidó este caballero de que fue la misma señora Chacón la que afirmó que este Ejército que ella ha moldeado es el que don Manuel Azaña, entonces ministro de Guerra, le hubiera gustado tener. No fue con el ánimo de levantar viejos rencores, porque esto se lo dejo a la Ley de la Memoria Histórica, sino para argumentar un hecho incontestable que es el de que: al prócer de la República y más tarde presidente del gobierno republicano, señor Azaña, lo que le ocurría era que, por su gusto, no hubiera existido en España ejército alguno y, por ello, se dedicó con raro empeño a poner todas las trabas y a dictar todas las leyes precisas, para intentar convertirlo en inofensivo. Es evidente que no lo consiguió.
Por supuesto que no coincido en absoluto con mi amable crítico, entre otras razones por el simple hecho de que no es, en absoluto, el resto de España quien pretende apartarse de Catalunya, sino que, todo lo contrario, son los políticos catalanes y no el pueblo catalán ( del que formo parte) los que, desde hace unos años, coincidentes en su mayor parte con los que lleva en el poder el PSOE del señor Zapatero, han encontrado en la política permisiva, proclive, insensata, interesada y demencial del actual presidente del Gobierno, el cauce adecuado para ir fomentando, entre el pueblo catalán, unas ideas bastante simples pero, evidentemente, demoledoras; de forma que han pintado al Gobierno Central, al que identifican como la causa de todos los males con el propio Madrid, como el enemigo número uno, el que sangra con sus impuestos a los catalanes; quien se resiste a reconocer que Catalunya es la locomotora de España y que, sin ella, esta nación no sería nada. Según ellos la autonomía es maltratada no permitiendo que el catalán sea la lengua única de la comunidad, que la Justicia sea la que decidan los catalanes y que las leyes del Estado pretendan tener vigencia dentro del espacio catalán. O sea, para abreviar, que quieren conseguir que España siga financiando las infraestructuras catalanas, asuma los déficit de la Seguridad Social en Catalunya y cumpla con todos los artículos económicos del Estatut, incluso los 15 que el TC declaró ilegales (¿ para cuando se va a ejecutar esta sentencia?); aún a costa de que, el resto de comunidades, tengan que recortar sus gastos por el simple hecho de que la comunidad catalana sea la más endeudada y la que tenga más número de parados de toda España; lo que desdice, por cierto, la pujanza industrial que se vienen atribuyendo.
Lo que viene sucediendo es que, el gobierno catalán (el anterior Tripartit y el actual de CIU del señor Mas), no quieren aceptar las sentencias que han emitido el TC, el TS y tampoco muchas de las que, en su día, emitió el TSJC, sobre la aplicación de la tercera hora de enseñanza del castellano. Ni tan siquiera han puesto excusas para disimularlo, sino que, en tono desafiante, han advertido al Gobierno de España que no van a cumplir con ninguna norma o resolución judicial que ellos consideran que les coartan sus facultades decisorias. Pero que nadie se escandalice porque, tanto el señor Rodríguez Zapatero, como el ministro de Cultura y otros miembros del Ejecutivo, se han cansado de decir que, “en Catalunya, no existía ningún problema con la enseñanza y uso del idioma español”. Seguramente será por ello que el TS ha tenido que emitir una sentencia dando la razón a unos padres que no consiguieron de ninguna manera que sus hijos fueran escolarizados en su idioma vehicular y, también, será casualidad que, tanto en Mallorca como en Catalunya, los niños que en el colegio se expresan en castellano son relegados y vejados con calificaciones negativas.
Una encuesta celebrada entre la población catalana ha puesto en claro lo que la política de paños calientes y permisividad del gobierno socialista viene produciendo en una ciudadanía que, hace sólo unos pocos años, no tenía más que un 8% que deseaban la independencia del país y ahora esta cifra se ha elevado a un , más que preocupante, 24%. Todavía tenemos tres tercios de la población que no desea independizarse de España, algo que, por otra parte, sería una insensatez desde todos los puntos de vista; pero no hay duda que, el triplicar la cifra de hace unos pocos años, tiene que ponernos en guardia y debiera de hacer reflexionar al señor Zapatero y su equipo. Claro que esto va a ser muy difícil, porque nuestro Presidente sabe que depende del apoyo catalán en el Congreso para poder sacar adelante sus leyes y sus acuerdos económicos y, en especial, para mantener a raya al PP que está pidiendo, con insistencia, unas elecciones generales. Ni a Zapatero ni a CIU les conviene porque, en la actualidad, las posibilidades del PP de conseguir un resultado espectacular en las próximas municipales parece que lleva camino de materializarse y, si es así, el itinerario para conseguir un buen resultado en las legislativas del 2012 quedaría expedito, salvo que ocurriera un vuelco espectacular, algo que, si el señor Rajoy supiera jugar sus cartas, ¿sabrá hacerlo?, le dejaría vía libre para enfrentarse, con garantías, a aquellos comicios. No obstante, no puede despreciarse la posibilidad de un golpe de mano en Catalunya si no se actúa a tiempo. Ojo pues.
Miguel Massanet Bosch