Los métodos para solucionar los problemas de España parece que siempre van a estar relacionados con el aumento de las sanciones a los ciudadanos. Si ya se acudió a la reducción de la velocidad máxima a 110 Km./h, un sistema evidente para conseguir imponer más multas a los conductores, ya que el ahorro energético de esta medida, según los entendidos, resulta mínimo; ahora parece que nuestro señor Rodríguez Zapatero ha ido a Bruselas para tranquilizar al resto de miembros de la CE diciéndoles que va a esmerarse para evitar la economía sumergida, utilizando el expeditivo y lucrativo medio de incrementar otra vez las sanciones contra aquellos que incurran en semejante delito. No es que esté a favor de estas prácticas, no es que no comprenda las justas quejas de aquellos comercios que pagan religiosamente sus impuestos y que sufren la competencia de estos advenedizos (a los que no les importa contratar a trabajadores por sueldos más bajos y, además, no los inscriben en la Seguridad Social). Y es que no entienda que, en un Estado de Derecho, el cumplimiento de las leyes es una exigencia de todo sistema democrático. Pero, ¡cuidado! sin excepciones ni privilegios.
En España tenemos reconocidos casi 4.700.000 parados y no parece que esta cifra vaya a disminuir sensiblemente, al menos dentro de esta año 2011.Esta reconocido oficialmente que más de 1’5 millones de estos desempleados no perciben nada o apenas nada por haber finalizado su derecho al subsidio y, no se sabe cuanto tiempo podrá el Gobierno seguir asegurando a los que no perciben ninguna clase de retribución los famosos 430 euros, que han tenido que volver a establecer ante la persistencia de la falta de demandas de trabajo. Si es cierto, como dijo el ministerio de Trabajo, que un 20% de la economía nacional era sumergida y si se tiene el convencimiento de que, una gran parte de los parados, están desempeñando otros trabajos para completar el subsidio de desempleo o para poder sobrevivir, en el caso de que no tengan derecho a él por agotamiento de plazo; nos preguntamos: ¿ hasta qué punto, esta economía sumergida, sirve para que una gran parte de los desocupados puedan malvivir? y ¿hasta que punto, la existencia de este fenómeno ilegal ha venido impidiendo que, en España, se hayan producido brotes de disturbios o actos de pillería, gracias al trabajo que los parados han conseguido para poder atender a sus más elementales necesidades?
En todo caso (si es que no hay un cambio radical en nuestra situación económica), si estos trabajadores que viven de pequeños trabajos ocasionales, (lo que se conoce como “chapuzas”), si se ven privados de poder seguir haciéndolos y, si el Gobierno no consigue que, en un breve plazo, se reactive la demanda interna –algo que está por ver – ¿qué ocurrirá si el país debe seguir endeudándose para poder atender a los pagos de tan numeroso elenco de gente sin trabajo?. Esta medida tan drástica que nos anuncian ZP y el ministro de Trabajo, ¿va a resultar beneficiosa para el país o, por el contrario, va a dar lugar a que, un sector de desempleados, que subsiste a base de las pequeñas ayudas que logran con sus trabajos esporádicos, van a tener que quedarse, una mano sobre otra, viendo como sus familias se van sumergiendo en la pobreza?
En Bruselas, el señor ZP se comprometió a poner coto al gasto público del Estado, sin embargo, no se atrevió a comprometerse a tomar las mismas medidas con la CC.AA, haciéndolo depender de posibles acuerdos con cada una de ellas. No va a ser fácil debido al excesivo endeudamiento que vienen arrastrando y a la poca confianza de los mercados en sus deudas, cuya confianza ha sido puesta en cuestión por Moody’s y Fitch. No se fían de que sean capaces de reducir su deuda ni de que sus gobiernos sepan ajustarse a unas políticas de moderación presupuestaria. Los graves desajustes de sus cajas de ahorros, que están pasando un momento difícil a causa de su elevada morosidad (superior al 5’5%) y a la obligación, impuesta por el Banco de España, tarde y en momentos poco propicios, de reestructurarse y de recapitalizarse, para cumplir con los nuevas normas de liquidez, para que la CE empiece a creer en nuestros propósitos de asumir una política de austeridad. Zapatero quiere sincronizar el gasto público con el aumento o disminución del PIB, una medida laudable si es que consigue que esta masa de desempleados disminuya y el coste que representa cubrir el gasto de casi cinco millones de subsidiados, se reduzca; algo que no vemos posible en el corto plazo. Otra de las promesas que ha esgrimido ZP en Bruselas, para convencer a nuestros tutores de la CE de que estamos haciendo los deberes, es la de la modernización de la formación profesional; una medida que, si se hubiera puesto en práctica al principio de la crisis, es posible que hubiera surtido efecto pero que, en estos momentos, cuando la economía está estancada y la demanda interna continúa en sus niveles más bajos a causa de que la desconfianza de la población en una recuperación cercana, siga estando bajo mínimos; y se tenga el convencimiento de que es imposible que la demanda interna se reactive y las empresas –que siguen sin conseguir los créditos que precisan de las entidades financieras –, especialmente las pequeñas y medianas, se decidan a ponerse al día o los pequeños empresarios ( los nuevos, por supuesto, porque muchos autónomos es muy probable que no quieran repetir su amarga experiencia de estos últimos años), se decidan a arriesgarse, confiando en una recuperación a medio plazo.
Lo que parece que ZP descarta es el hecho de que, España, se pueda contagiar de las dificultades de Portugal, que sigue resistiéndose a ser rescatada, aunque puede que aceptara un cierto control, algo similar a lo que se nos sometió, en el pasado mes de Mayo, por los EE.UU., el ECOFIN y Bruselas, que parece que el Gobierno no quiere reconocer; aunque es conocido por todos el ultimátum al que tuvimos que someternos, que fue la causa del radical viraje de la política económica española, que tuvo que poner en marcha el señor Zapatero, aunque significase tener que renunciar a todos sus proyectos socializantes. Sin embargo, aunque parece que en los parquets no se haya notado demasiado la situación de Portugal, nadie puede asegurar que no acabe por tener repercusión en nuestra nación ya que nuestros bancos tienen más de 61.000 millones de euros en deuda de dicho país. Lo que más nos llama la atención a los simples ciudadanos, es que estemos en una situación grave, que nuestra economía esté casi en la UCI y que estemos agobiados por la Deuda y, no obstante, nos podamos permitir la hombrada de meternos en una guerra cuyo coste mínimo, en el caso de que sea corta, se ha cifrado en más de 52 millones de euros y que el Gobierno – que limitó la velocidad máxima a los 110km/h. para ahorrar combustible –, haya decidido que los conductores noveles, los que han salido reciente de las escuelas de conducción, puedan eliminar el tope de 80km/h., al que tenían que sujetarse durante el primer año de conducción, y ahora puedan conducir a la misma velocidad que los veteranos, ¿acaso no significará un importante coste de combustible?, ¿ será una imprudencia que estos jóvenes puedan circular a velocidades de 110km/h.?, ¿aumentarán los accidentes? Ustedes mismos pueden contestarse fácilmente a estas preguntas. En realidad, sólo se trata de una más de las incongruencias que afectan a este Ejecutivo que seguimos soportando. Un apunte más: el señor Botín, este súper millonario que apadrina al señor Zapatero, ha dicho que no es partidario de unas elecciones anticipadas, ¡él sabrá por qué lo dice!, pero nadie nos priva de pensar que nuestro Gobierno sigue en manos del lobby bancario.
Miguel Massanet Bosch