(Publicado en El blog de Félix Sánchez Montesinos, aquí)
Las diputaciones fueron instituidas en la Constitución de 1812 para “…promover la prosperidad de la provincia”, decía su artículo 325. Desde entonces, fueron recogidas en los diferentes textos constitucionales salvo, con buen criterio, en la Constitución republicana de 1931.
Nuestra Norma fundamental se ocupa de ellas en el artículo 141 para atribuirle el gobierno y administración autónoma de la provincia. Sin embargo, deja una puerta abierta a que los poderes públicos puedan establecer o encomendar esta función “…a otras corporaciones de carácter representativo”, dice el citado artículo. La evolución y desarrollo de las diputaciones ha resultado muy irregular y su actual funcionalidad y eficacia fue puesta en duda por primera vez hace más de un año por nuestro partido Unión Progreso y Democracia.
En nuestro programa marco denunciamos la escandalosa situación que los ciudadanos no vemos obligados a soportar y pagar. ¡Hasta cinco administraciones sobre un mismo territorio!: Unión Europea, Estado, Comunidad Autónoma, Diputación y Ayuntamiento. ¿Es realmente necesario que nos gobierne o administre tanta gente? La respuesta es, sin dudarlo, no. ¿Podemos lograr una administración territorial más eficaz y barata si suprimimos alguno de los niveles administrativos? La respuesta es sí.
De todos estos niveles de administración que los ciudadanos pagamos y sufrimos el que actualmente ha perdido todo sentido es la Diputación Provincial; de hecho fueron suprimidas hace bastantes años en Comunidades Autónomas notablemente más pobladas que la nuestra y que requieren una mayor complejidad en la gestión de servicios. Me refiero a las llamadas comunidades autónomas uniprovinciales como Madrid, Navarra o Cantabria, por señalar algunas. Sin embargo, desde la gran coalición PP-PSOE han pretendido desvirtuar nuestra propuesta a todas luces beneficiosa para las ciudadanos e inquietante para los los cargos y “cargas” de los partidos políticos tradicionales, sus principales beneficiados. Comprendemos el temor que nuestra propuesta puede despertar entre trabajadores y funcionarios de estas corporaciones, alimentado interesadamente por los políticos de siempre a través de sus medios de comunicación “concertados”.
Lo decimos alto y claro para que no quepa ninguna duda: Hasta que se produzca la integración de las Diputaciones en las CCAA, deben convertirse en instrumentos auxiliares de los municipios sin capacidad suficiente para prestar servicios o mejorar la calidad de los que prestan. Si los municipios consideran que esa es la mejor opción, las Diputaciones deberían ser instrumentos de gestión común de servicios locales. La Diputación debe ser una institución técnica, especializada en la cooperación con los municipios. Ahora bien, nada justifica que sean los funcionarios quienes tengan que padecer los cambios o transformaciones; al contrario, los responsables políticos que han creado esta situación deben ser quienes asuman íntegramente el coste de la solución. Suprimamos los diputados, cargos, asesores, coches oficiales… etc. Es a esta clase política a la que hay que reconvertir.