En este país tenemos gran facilidad para olvidarnos de aquello que no nos conviene, que quisiéramos no tener que recordar, porque nos resulta algo incómodo para nuestras conciencias o tenemos la percepción de que nos puede perjudicar en nuestros intereses o en la consecución de nuestros objetivos, fueren cuales fueren. Es evidente que, el tener que echar la mirada hacia atrás y que se nos echen encima los fantasmas de casi un millar de personas inocentes asesinadas por la banda terrorista ETA, no es una experiencia agradable; y si, por añadidura, nos detenemos a pensar en los motivos de que hubiera tenido lugar tal carnicería, todavía resulta más impactante y desconsolador.
Verán, si un hombre, obcecado por un arranque de ira, asesina a otro; si el afán de venganza nubla la mente de alguien que ha sido objeto de una injusticia o si un ciudadano para defender a su familia o para procurarle sustento delinque; nunca podrá ser aplaudido, nunca podrá dejar de recibir su castigo pero, evidentemente, ante los ojos de la sociedad tendrá una condena más leve, más matizada y menos intensa que alguien que asesina a sangre fría, con premeditación y alevosía; pero, si este criminal, por añadidura, comete el abominable acto de privar de su vida a una persona, contra la cual no tiene ningún pleito pendiente, que no conoce y que, lo único que justifica tal incomprensible y denigrante acción, es la utópica obsesión por conseguir la independencia de una porción del territorio español, porque hubo un iluso llamado Sabino Arana, que tuvo delirios de grandeza y se empeñó en afirmar que, la raza vasca era una raza superior y que, por ello, debiera independizarse de España; nación a la que lleva unida cientos de años, con la que le han unido lazos comerciales y con la que ha mantenido, al revés que el resto de comunidades del país, un sistema fiscal que la ha estado beneficiando y que le ha permitido tener ventajas de todo orden para su industria, su economía y su desarrollo; entonces, señores, ya no hay excusa que valga, justificación que se pueda aducir ni perdón que otorgar, sino que lo único que cabe es enarbolar la espada justiciera de la Ley y descargarla, con toda la fuerza que le otorga la razón y la justicia, sobre aquellos criminales culpables de tales fechorías.
Y es que, el pueblo español, tan sensible ante las injusticias; tan maleable y solidario ante los sucesos catastróficos y tan dispuesto a prestar su ayuda ante las necesidades ajenas que se nos dramatizan a través de la radio, las cámaras de TV y los programas benéficos, pilotados por celebridades; vean por donde, también es capaz de pasar por el lado de un hombre tendido en una acera sin hacer otra cosa que apartarse para esquivarlo o, si presencia una acción delictiva, volverse hacia otro lado para no tener que asumir las inconveniencias que le pudieran reportar su intervención. Y, así nos encontramos que, cuando se trata de apoyar a las víctimas del terrorismo de la banda ETA; cuando las organizaciones de afectados por los crímenes terroristas elevan sus reproches hacia un Gobierno, que parece que lo único que espera es apuntarse el mérito de haber conseguido la desaparición de la banda –aunque sólo se trate de simularlo, permitiendo que, sus patrocinadores y simpatizantes, puedan ocupar puestos en los ayuntamientos y diputaciones, desde los cuales puedan seguir financiando un aparato político militar secreto que, desde la clandestinidad, se siga reforzando y preparándose para intervenir de nuevo, si las circunstancia y la debilidad del gobierno español así se lo permitieran – sin importarle, como lo ha demostrado a través de los años que ZP lleva al frente del Ejecutivo, el dolor de las víctimas, las humillaciones que se les han inflingido y el dolor de los familiares de las víctimas al ver como los verdugos de sus familiares han sido tratados a cuerpo de rey, sólo para favorecer sus fines electorales.
Resulta antitético, difícilmente compaginable y absolutamente deleznable que, por una parte, el señor ministro del Interior, A.Rubalcaba, se muestre como el gran depredador de la banda ETA, que no acepte otra solución que la rendición y la entrega de las armas y que se muestre absolutamente contrario a la legalización de este camelo con apariencias de legalidad, que es SORTU y, al propio tiempo, el señor Patxi López el lehendakari del País Vasco, se muestre favorable a su legalización y estime conveniente que se les de baza, en la política del país, a unos señores que sabe positivamente ( la policía lo ha demostrado fehacientemente) que no son más que abertzales, de la misma pasta y sentimientos que los miembros terroristas de la propia banda. Y esta postura es compartida, aparte del conocido negociador, el señor Iriguren, por muchos otros miembros del PSE, como el parlamentario José A. Pastor, que ha encontrado un asidero al que agarrarse con los votos particulares emitidos por siete magistrados del Supremo que, vayan ustedes a averiguar que malos fados les han inducido a darles este respiro a los defensores de la legalidad del colectivo SORTU.
Por supuesto que los del PNV, al menos de puertas para fuera, también – lo ha declarado el señor Urkullu – son partidarios de legalizar la nueva formación, aunque mucho me temo que, en su fuero interno, estén poniendo cirios en la capilla de Ignacio de Loyola para que no se les permita estar presentes en la próximas elecciones locales, en las que piensan sacar un buen puñado de votos de los extremistas que no pudieran votar a ninguna formación procedente de la ilegalizada Batasuna. La verdad es, señores, que todas estas combinaciones políticas apestan a componenda y a negociaciones secretas entre ETA y el Gobierno porque, en caso contrario, resulta difícil de entender que entre el gobierno central de Madrid, del PSOE, y sus representantes en el país vasco siga habiendo un enfoque tan distinto de la situación vasca. Recuerden lo ocurrido con los nacionalistas catalanes, que fueron mimados por ZP mientras pensó que podía contar con ellos para aprobar todas las nefastas leyes que nos han endosado a los españoles y, no obstante, observen el giro radical de su política hacia Catalunya y su financiación que, tan pronto como el PSC ha sido desbancado de la Generalitat, ha cambiado radicalmente su “talante” y ahora está intentando, por todos los medios, que el señor Mas y los suyos queden ahogados por los despilfarros, derroches, lujos y excesos económicos procedentes, precisamente, de las actuaciones del gobierno del Tripartito, presidido por el nefasto señor Montilla.
El día 9, una vez más, el señor Alcaraz, inquebrantable ante la adversidad, volverá a la calle apoyado por las víctimas de ETA, para advertir a ZP y los suyos que no están dispuestos a que todas aquellas personas inocentes que fueron masacradas por los criminales de ETA sean postergadas, olvidadas, deshonradas y ofendidas por razones estrictamente políticas y de conveniencia partidista. No hay ley humana que pueda sustituir a aquella natural que le concede, a cada persona, el derecho a la vida y no hay excusa, motivo o interés político que pueda justificar el privar a un ser humano de su derecho a la existencia, incluso cuando está gestándose dentro del útero de su madre. Debería el Gobierno hacer caso de la voz del pueblo español y debería el TC desprenderse de su contaminación idealista, cuando deba decidir sobre la viabilidad de SORTU, si es que todavía quiere que el pueblo siga creyendo en la Justicia. P.Cirio, el escritor latino decía: “La absolución del culpable es la condenación del juez”.O eso es lo que opino yo.
Miguel Massanet Bosch