Manuel Martín Ferrand (Publicado en Republica.com, aquí)
Ojalá Mariano Rajoy sea capaz de torcer el rumbo disparatado señalado por José Luis Rodríguez Zapatero durante estas dos últimas legislaturas. De momento, ha conseguido, en su calidad de gran triunfador del 20-N, erradicar la confusa y nociva política que nos ha instalado, con cinco millones de españoles sin trabajo, en el furgón de cola de la Unión Europea. Nuestra normativa electoral marca unos plazos demasiado largos para el trámite del relevo en las Cámaras y, como consecuencia, en el de los presidentes del Gobierno; pero contando con la buena voluntad del PSOE y de sus dirigentes, no pasará muchos días sin que comiencen a advertirse los primeros signos de la nueva etapa.
El PSOE, a más de tres millones y medio de votantes en su distancia con el PP, ha obtenido los resultados más bajos desde las primeras elecciones democráticas, las del 15-J de 1977. El análisis no puede ser más elemental ni más sencilla su explicación. Rodríguez Zapatero, iluminado por la memoria de su abuelo, no da más de sí. Sobrevenido como presidente en plena onda expansiva del 11-M y, antes, designado como candidato por le Ejecutiva de su partido con la intención fundamental de que no lo fuera José Bono, es un político mediocre, sin grandeza. Los españoles han querido castigarle y lo han hecho con saña en la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba, coautor de la calamidad que nos ha arruinado y endeudado.
Uno de los aspectos positivos del resultado en el enfrentamiento entre el PP y el PSOE puede verse en la fatal demolición del bipartidismo que, degenerado en partitocracia, ha marcado los últimos años de la vida española. Cinco grupos parlamentarios en el Congreso y doce partidos en presencia conforman un cuadro distinto del que cabe esperar una mayor transparencia y cercanía a los ciudadanos. Si IU y sus aliados, con Cayo Lara a la cabeza, entiende que su trabajo está en el Parlamento y no en la calle, puede obtener un liderazgo – moral por lo menos – de la izquierda.
El avance de los nacionalistas vascos y catalanes es otra de las notas sobresalientes en estos comicios. En el País Vasco, con el PSOE como tercera fuerza y el PP en el cuarto lugar representativo, el PNV le ha cedido la prioridad nacionalista a Amaiur, una confusa izquierda abertzale que, de momento, merece todas las sospechas. En Cataluña, CiU ha conseguido lo que venía intentando en las diez elecciones legislativas precedentes, anteponerse al PSC y, tras mucho cacareo triunfalista, el PP de Alicia Sánchez Camacho ha vuelto a ser la cuarta fuerza en el Parlament. En lo que al PSOE respecta, los resultados del PSC reducen al mínimo las posibilidades de Carme Chacón en sus aspiraciones de ser, como secretaria general, la sucesora de Zapatero cuando se celebre el próximo Congreso de la formación.
Curioso es el ascenso de UPyD. En razón de nuestro curioso sistema electoral, la formación que encabeza Rosa Díez ha obtenido más de un millón cien mil votos – doscientos mil más que CiU – que le darán derecho a cinco escaños en la carrera de San Jerónimo con grupo parlamentario y todo. Once escaños menos que los nacionalistas catalanes. Con todo, será difícil que en esta legislatura se llegue a abordar una reforma seria y honda de la Ley Electoral. Los líderes de los partidos grandes – y el PSOE todavía lo es – no quieren poder el suplemento de poder que les otorgan las listas cerradas y bloqueadas.
A partir de este momento, y dando por hecho que Rajoy, para tranquilizar a nuestros socios europeos y estimular a los mercados, dará a conocer el nombre de su ministro de Economía lo importante es fijar las bases de una nueva política. Las representaciones cuantitativamente menores que completan las Cámaras tienen escaso significado si el PSOE cumple con su deber y el PP activa sus iniciativas.
El peligro está en la calle. Desde el advenimiento de los “indignados” del 15-M, de quienes ha sacado provecho electoral IU, gritar en la vía pública se ha convertido en algo políticamente rentable; pero conviene recordar que los trescientos cincuenta diputados del Congreso son los representantes de todos los españoles. Los “indignados” no representan a nadie y carecen de legitimidad alguna para tal suplantación. La confianza que España necesita recuperar entre los observadores extranjeros para su recuperación en los mercados pasa por un impecable orden público. Algo que deben favorecer los sindicatos, si realmente pretenden el empleo de quienes no lo tienen, y todos cuantos confían más en el alboroto que en la razón.
Mariano Rajoy puede y debe redimirnos de los males del zapaterismo y, de paso, abordar una regeneración democrática que José María Aznar nos dejó a deber en sus dos legislaturas. A partir del primum vivere – trabajo para todos – no estará de más ir sentando los cimientos para una verdadera actualización del Estado. Algo que arranca de la nítida separación entre sus poderes y sigue por una rotunda y no discutible definición territorial. Todo se andará.