“Es desdicha de las edades que los locos sirvan a los ciegos de lazarillos”, W. Shakesperare, de su obra el Rey Lear.
No sabemos si ha sido casualidad o es que el gobierno socialista de España tomó como ejemplo al gobierno socialista de Grecia, pero si uno toma como vara de medir lo que hoy dice de la situación griega un articulista de LD. Adriá Pérez Martí, no nos quedará mas remedio que convenir que ambos gobiernos han seguido pautas muy similares a la hora de poner en práctica las recomendaciones, mejor dicho las exigencias, que se les han hecho desde la UE. Es cierto que el gobierno del señor Karolos Papoulias, se mostró sumiso a las indicaciones de Bruselas y también lo es que el Parlamento Griego adoptó una serie de medidas que estaban comprendidas dentro de las recomendaciones recibidas, pero, tal y como ha ocurrido en España, casi ninguna de ellas se ha puesto todavía en práctica, con lo que, como es obvio, no se han conseguido los efectos beneficiosos que para le economía se habían previsto. Según el FNI, por el contrario, el paro ha aumentado (16’5%); el PIB ha decrecido; el Gobierno en lugar de liberalizar la economía incrementa los impuestos; no reduce el gasto público ni aplica reformas estructurales. Únicamente se basa en la tributación a las persona físicas (Impuesto sobre la Renta y el Patrimonio) y en el incremento del IVA y de los impuestos especiales.
¿Les recuerda a ustedes, esta conducta del gobierno griego, a algo parecido que ha venido dándose en España durante los años pasados? En el mes de mayo del 2010 ya se nos dio el primer tirón de orejas desde Bruselas y, en Agosto del corriente año, se nos volvió a cantar las cuarenta; hasta tal punto que, el señor Rodríguez Zapatero, recibió una carta ( circunstancia que fue negada por el Ejecutivo socialista) en la que, sin más rodeos, se nos conminaba a tomar serias medidas reestrúcturales y a fijar el límite de gasto, tanto del gobierno Central como de las autonomías que, por cierto, el montante de sus deudas preocupaba más a Europa que el del propio Tesoro Público. Fue necesaria la restauración de una norma, eliminada por el PSOE, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para lo que se requirió y, así se llevo a cabo, una reforma de la Constitución de 1978 para aplicarla con carácter general. Sin embargo, la presión de los Sindicatos y la falta de energía y voluntad del Ejecutivo de Zapatero, dejaron a medio camino una reforma laboral que era imprescindible para que la actividad económica se pudiera relanzar. No se modificaron los convenios colectivos ni se tocó el escabroso tema de la flexibilización de las plantillas. Tampoco se pusieron en marcha medidas de contención de los salarios, para rebajar el excesivo coste que ha venido representando, para las empresas, el hecho de tener una estructura monolítica, nada flexible y muy costosa a la hora de intentar reducirla.
Resulta un contrasentido que, mientras en España tengamos más del doble de desempleo del de la UE, con cifras tan alarmantes como la de tener 5.000.000 de personas en paro o en busca de trabajo, resulte que, por no haber legislado sobre las revisiones salariales fijadas en los convenios, se de la absurda circunstancia de que, los que tienen el lujo de tener una trabajo, parece ser que son los únicos de los que se preocupan los sindicatos mayoritarios en nuestro país, CC.OO y UGT. De hecho, por raro que pueda parecer, ¡España es uno de los países en los que más se han incrementado los costes laborales!
De la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE se deduce que el coste laboral de las empresas crece un 1’5% en el tercer trimestre del 2.011 respecto al mismo periodo del año anterior con lo que el coste por trabajador y mes aumenta un 1’2% y alcanza los 1.800,84 euros de media. Si añadimos el efecto de la disminución de la jornada de trabajo el coste laboral por hora efectiva aumenta en un 4’8%. Así resulta que los costes laborales en España aumentan en plena crisis Los técnicos atribuye este fenómeno a la negociación colectiva entre patronal y sindicatos que imponen salarios y condiciones de trabajo a las empresas y trabajadores lo que, en el caso de una empresa con pérdidas puede significar un gran handicap, si pretende llegar a un acuerdo con su plantilla para disminuir sus costes laborales. Las cláusulas de actualización automática de salarios relacionadas con el aumento del coste de vida y no en función de la mejora de la productividad; han sido y siguen siendo uno de los principales motivos del desmesurado encarecimiento de los costes salariales, especialmente en tiempos de recesión.
Tampoco me parece una solución inteligente las últimas propuestas de la CEOE de congelar los salarios durante cuatro años consecutivos. Vamos a ver, no se trata de pasarse de listos y querer sacar provecho de las actuales circunstancias adversas de la economía. Bastaría que, hasta que el tema económico se estabilice en España y se considere que el país ha restablecido su normalidad, el Gobierno, cada año, fijara, de acuerdo con los datos de la situación real de las finanzas y la economía del correspondiente ejercicio, unos baremos o topes salariales en función de la marcha de los distintos sectores productivos. Sin duda que, una moderación de los costes salariales y un sacrificio de los que tengan la suerte de gozar de un puesto fijo, podría dar un impulso a la contratación de parados, a medida que las otras disposiciones que, sin duda, va a establecer el nuevo Gobierno en orden a la moderación de la fiscalidad de las empresas y el progresivo restablecimiento de los créditos, en función de que, la situación del sector bancario (quizá con nuevas fusiones), se vaya normalizando y puedan retornar a lo que constituye su principal actividad, la concesión de créditos, para ayudar a la liquidez de las industrias y a su modernización, con el fin de hacerlas más competitivas.
Es obvio que, si a los trabajadores se les exige sacrificios y contención de gasto, no parece que sea posible que aquellos sectores de la industria, el comercio o los servicios que vengan teniendo buenos resultados en sus balances, así como quienes sean propietarios de grandes fortunas, queden exentos de contribuir, en mayor medida, a la recuperación de la nación; lo cual, seguramente, podría estar en consonancia con lo que se viene aplicando en muchos países, donde se ha establecido un impuesto especial para las grandes fortunas; una especie de gravamen, que podría tener carácter de excepcional, por el que aquellos a los que no les impacta directamente la crisis, al menos con tanta fuerza, en lo que respecta a sus necesidades más básicas e imprescindibles; tuvieran la obligación solidaria de contribuir a mejorar las condiciones de vida de aquellos que, puede ser, que no dispongan de lo necesario para subsistir dignamente..
Ya sé que se me argumentará que las grandes fortunas tienen la tendencia a escurrir el bulto y la tentación de irse, con sus millones, a otro país donde no les acosen a impuestos. Aquí es donde entra una de las labores principales del Estado que, no consiste precisamente en perseguir a los grillos para sacarles unos pocos cuartos de sus errores, sino de vigilar de cerca, no con intención incautatoria ni con fines de fiscalización de sus vidas, sino con la misión de que nadie evada sus responsabilidades y, menos, aquellos a los que contribuir a la causa común no les representa el más mínimo inconveniente. O, así es, señores, como creo debe enfrentarse este problema.
Miguel Massanet Bosch