Madeleine de Souvré, marquesa de Sablé (1.599–1.678), íntima amiga del duque de La Rochefoucauld, aunque no es muy conocida su faceta de escritora, también escribió 40 máximas, como lo hizo el propio duque; aunque tenemos que decir que, si bien coincidían en cuanto a su concepción de la naturaleza humana tenían diferencias por lo que respeta a la naturaleza de las relaciones humanas y, estas diferencias, emergen con claridad en sus respectivas colecciones de Máximas. Sin embargo, para este comentario, nos viene como anillo al dedo citar una de las máximas de la marquesa digna de ser tenido en cuenta: “Nada más peligroso que un buen consejo acompañado de un mal ejemplo”. Es evidente que el papel de la gran banca y de las cajas de ahorro en lo que han sido las causas de la crisis que estamos soportando ha sido, sin duda, crucial. Lo ha sido y, por desgracia, parece que lo sigue siendo si es que queremos fijarnos en la falta de credibilidad de algunos balances de dichas entidades; de la forma poco convincente con la que se han cerrado, creemos que en falso, algunos de los rescates a cargo del FROP y, si nos atenemos a la poca confianza demostrada por las agencias de rating hacia ellas manifestada, en los últimos tiempos, en continuas correcciones a la baja de las calificaciones de algunas de las más importantes entidades bancarias de este país.
Lo cierto es que, el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, al parecer en buena sintonía con el banquero Botín, ya empezó por concederles importantes avales para evitar que una parte importante de las entidades bancarias, como consecuencia del efecto de las sub–prime americanas y nuestra propia burbuja inmobiliaria, tuvieran que enfrentarse a la quiebra. Por los visto, los 50.000 mil millones de euros iniciales en avales a la banca no fueron suficientes para tapar los agujeros ni, por supuesto, fueron utilizados para lo que debía haber sido su objetivo inicial o sea facilitar la concesión de créditos a las empresas para darles la liquidez que precisaban para seguir desarrollando sus actividades. Las consecuencias son conocidas y los cientos de miles de empresas y autónomos que han tenido que abandonar sus actividades junto a los cinco millones de parados que tenemos en España, demuestran a las claras los nefastos efectos que nos ha traído la restricción crediticia en nuestra nación.
Pero, si hay algo peor que verse obligados a pagar, con nuestros impuestos, el rescate de todos estos bancos y cajas que, por su afán especulativo, por su falta de una visión clara del panorama económico y por el ansia enfermiza de conseguir cada vez más beneficios, aunque ello comportara asumir riesgos que la cordura, el rigor profesional y el sentido común aconsejaban medir con más sensatez; probablemente sea el que, incomprensiblemente, muchas de estas entidades financieras sigan ocultando en sus balances los efectos que la caída del valor de sus activos inmobiliarios ha tenido en sus activos. No es de recibo que se sigan contabilizando inmuebles valorados según criterios de hace diez años, en tiempos de sobre valoración del sector inmobiliario, cuando todos sabemos que, en la actualidad, el precio de mercado de la mayoría de ellos es posible que no alcance ni a la mitad del valor contabilizado.
Pero, si esta añagaza para no reconocer las pérdidas de valor de los activos inmobiliarios, no regularizadas en sus balances, ya constituye un engaño imperdonable a los accionistas, todavía resulta algo más impactante, menos asumible y poco sensato es que, en una gran parte de estas empresas bancarias, aquellos que fueron los culpables, los causantes y los directamente responsables de la precariedad de su situación actual, sigan en sus puestos como si nada hubiera ocurrido y, para mayor INRI, cobrando unas retribuciones que podemos calificar, sin el menor embarazo, de vergonzosas, exageradas y, evidentemente, inmerecidas si es que tenemos en cuenta las consecuencias de su gestión al frente de dichas sociedades.
Sin embargo, donde se llega al colmo de la desvergüenza y la tomadura de pelo a la ciudadanía, es cuando nos paramos a considerar el hecho, desgraciadamente incontrovertible, de que existen muchas de estas entidades financieras que han tenido que se rescatadas por el Estado, a través del FROB, en las que se les sigue manteniendo a sus gestores unos sueldos desproporcionados, incluso para aquellas entidades que no han necesitado de ayuda alguna; pero que, cuando los contemplamos en aquellos dirigentes que están al frente de bancos o cajas que han tenido que percibir ayuda económica de las arcas del Estado para poder sobrevivir, ya se convierte en una broma de mal gusto, en un despilfarro de nuestros impuestos y en un fraude a la ciudadanía, que contempla estupefacta como contribuimos, en un periodo de escasez, crisis y recesión, el mal uso que se sigue haciendo de nuestros impuestos.
Todos sabemos de la forma manifiestamente incompetente, políticamente incorrecta y profesionalmente ineficaz e imprudente con la que el Banco de España ha vigilado la actuación de estas sociedades dependientes de él y la parte de culpa que se le podría atribuir al señor Fernández Ordóñez por haber permitido que, por la falta de un control adecuado, nos hallemos ahora ante un sector, el bancario y el de las cajas de ahorros, en situación de grave endeudamiento y en peligro de que algunas de estas sociedades financieras no puedan sobrevivir a la actual crisis. El nuevo gobierno del señor Rajoy parece haber tomado conciencia del problema y se habla de que el señor De Guindos piensa revisar los sueldos de bancos y cajas que han sido intervenidas. Según palabras del nuevo ministro de Economía y Competitividad: “Un elemento importante en la reestructuración financiera es la necesidad de conocer si las retribuciones fijas y variables son adecuadas y se justifican en estos momentos” y la vicepresidenta, señora Sáez de Santamaría ha dicho que dependiendo del informe que presente el señor gobernador del Banco de España, el señor Rajoy “tomará medidas destinadas a evitar “premiar” a los gestores que llevaron a sus entidades al borde de la quiebra”.
También parece que se va a actuar para activar la puesta al día de los valores inmobiliarios en los bancos cuando ya se han fijado reglas destinadas a exigir nuevas provisiones, por un importe cercano a los 50.000 millones de euros, para “ajustar el valor de sus carteras inmobiliarias” ( datos que provienen del mismo Banco de España) lo que indica que, a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de la crisis inmobiliaria, todavía existen entidades financieras que siguen con sus balances sin actualizar. Estos son los deberes que debe acometer, de inmediato, el gobierno del señor Rajoy si es que quiere que el pueblo español se implique en el proceso de lucha contra la crisis. Mientras existan injusticias de tal calibre, veamos que los grandes potentados siguen sin pagar su parte del desastre o percibimos que, la gran clase media española, deba apechugar con la parte del león en la operación de salvar a España, sin que observemos cambios sustanciales en la Administración de Justicia; recortes significativos en los gastos públicos e implicaciones más evidentes y efectivas de las clases adineradas del país en la labor de su reestructuración; que no espere el gobierno de turno que vaya a obtener el beneplácito de la ciudadanía si, previamente, no se produce coto a tanta parafernalia, a tanto enchufado y a tanta gente que vive del cuento mientras los otros apechugan con la más fea. Esta es, señores, mi visión pesimista de nuestra situación actual.
Miguel Massanet Bosch