El gran Montesquieu en el “Espíritu de las leyes” se refirió a la corrupción en los siguientes términos: “Hay dos géneros de corrupción: uno cuando el pueblo no observa las leyes, y el otro cuando el pueblo es corrompido por las leyes, mal incurable ya que radica en el único remedio que el mal tendría”. Es posible que los españoles se hayan acostumbrado o lo vean como algo inevitable, a esta lacra que es la corrupción; ante la frecuencia con la que se da en nuestra nación, la notoriedad de los sujetos que incurren en ella, la impunidad con la que parece que se puede llevar a cabo o la misma índole, un tanto permisiva, de muchos de los ciudadanos españoles que piensan que, de tener ocasión de ello, tampoco harían ascos a procurarse una buena cantidad de dinero si se les presentara la oportunidad de meter mano en el dinero público, aunque el método o el procedimiento de conseguirlo no fuera, estrictamente, de acuerdo con la legalidad..
Lo que sucede es que, cuando la clase política, en general, está en la picota por haber demostrado ante todos los españoles su escasa pericia para gobernar, su incapacidad de administrar adecuadamente los caudales que se les han confiado y su evidente sectarismo a la hora de tomar decisiones que han afectado a toda la ciudadanía; por añadidura y para acabar de ahondar en el desprecio que se siente ante tanta incompetencia y tanto despilfarro, nos vamos enterando de que personajes importantes, políticos de prestigio, presidentes de comunidades autónomas y toda una retahíla de personalidades de la Administración, han esta prevaliéndose de su cargo público para embolsarse dinero que ha salido de los impuestos que hemos pagado los ciudadanos que, sin duda, estaban destinados a mejores fines; se nos abren las carnes y se nos inflaman las entrañas de indignación, cuando vemos la lentitud, la desgana y la discriminación con las que la Justicia parece tomarse esta clase de delitos, dando muestra de la evidente policitación de ciertos sectores de la fiscalía y la judicatura que alcanzan incluso a las más altas instancias de los tribunales de justicia.
Seguramente en todos los países del mundo se darán casos de corrupción y prevaricación. Por desgracia la naturaleza humana tiene sus fallos y puede ser que la tentación de obtener dinero fácil es algo que se da en cualquier persona que ocupe un cargo público pero, debemos reconocerlo, la frecuencia, la cantidad y el descaro con el que esta clase de delito se da en España es imposible que se pueda repetir en cualquier país civilizado de nuestro entorno. Pero, se da una circunstancia que todavía agrava más la cuestión y es que, aparte de las responsabilidades de tipo penal o administrativas que se pudieran derivar de una acción semejante, la característica de que la persona que ha incurrido en corrupción sea un político, una apersona que ocupe un alto cargo en la Administración o en cualquiera de las autonomías del reino, comporta un factor añadido que debería impulsar al propio sospechoso de ser autor de tales infracciones a que, sin necesidad de que se le pidiera u obligara por el partido al que pertenece o por sus superiores jerárquicos, motu propio, y ante la duda de que pudiera ser inculpado por el delito correspondiente; pidiera la dimisión de su cargo, al menos, hasta que hubiera quedado clarificada su situación y exonerado de cualquier responsabilidad respecto al tema por el que hubiera sido imputado.
Desgraciadamente el apego al puesto, la falta de lo que se podría definir como un pudor y un respeto por quienes lo eligieron para el cargo, el empecinamiento en negar lo evidente y ocultar lo inocultable; han hecho que la mayoría de personajes a los que se les han sacado las vergüenzas a la vista, se emperren en ir contra corriente, en poner en apuros a sus compañeros de partido y en enmarañar la situación de forma que todo aquello que se salvaría sin más perjuicios con una retirada oportuna, una dimisión acertada o una renuncia honorable acaba por ensuciar no sólo al afectado directamente sino a todos los que pertenecen a su entorno. Es España tenemos ejemplos verdaderamente abochornantes tanto por la identidad de los culpables, como por el tipo de corrupción e, incluso, por la mayor o menor diligencia que la fiscalía y los tribunales de Justicia han iniciado el procedimiento o, y esto también ha ocurrido, se han apresurado a intentar tirar tierra sobre el caso para evitar que de su investigación a fondo salieran datos que involucraran a personajes de mayor relieve.
Dejando aparte la trama del caso Gurtel, un caso donde el aspecto político ha superado con creces la importancia material de los hechos objeto de las investigaciones y que, para vergüenza de jueces y magistrados, el secreto sumarial se ha saltado para favorecer a los medios que se han encargado de cargar las tintas sobre los imputados; existen, no obstante muchos otros procedimientos abiertos que, incomprensiblemente, dan la sensación de que se han quedado anquilosados en las ruedas de la justicia, sin que se vea avanzar el procedimiento. Entre ellos el del “chivatazo” conocido como el del “Bar Faisán”, un caso en el que sus ramificaciones podrían alcanzar al mismo Rubalcaba. También el tema de los ERE’s fraudulentos de Andalucía, un procedimiento que ha tirado adelante una juez valiente que ha tenido que luchar para conseguir que la misma Junta le facilitara los informes que les venía reclamando. Tampoco los tribunales estuvieron muy diligentes con el caso Bono, donde el enriquecimiento del personaje y sus negocios con la hípica parece que se salían de sus posibilidades según las ganancias que había declarado. Otro ejemplo: el señor Blanco y sus negocios en las gasolineras.
Ya no hablemos del caso del señor Chávez de Andalucía, del que cada día van saliendo nuevos informes sobre los apoyos especiales a sus hijos con dineros públicos y donde han aparecido actividades de alguno de ellos que han puesto en cuestión las grandilocuentes declaraciones de su padre afirmando su inocencia e imparcialidad. Al parecer, ante tantas pruebas y tantos indicios, no existe fiscal ni tribunal alguno que se haya interesado en averiguar lo que haya de cierto en todo ello. Pero acaban de conocerse nuevos casos, como el del -ex director general de la Junta, don Francisco Javier Guerrero, imputado en el procedimiento de los ERE fraudulentos; de quien su chofer ha afirmado que, parte de los 900.000 euros que cobró, los destinó a la compra de cocaína y a ir “de fiestas y copas”. De las dos subvenciones de 450.000 euros cada una para dos proyectos de su propiedad (Iniciativas Turísticas Sierra Morena y Lógica Estratégica Empresarial) con el primero se compró un terreno en la sierra destinado casas rurales y con el segundo un piso en la calle de San Luis de Sevilla.
Otro caso, el de la extinta Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, en concreto la Dirección General de Integración de Inmigrantes en cuyo funcionamiento el Tribunal de Cuentas ha denunciado “deficiencias” e “irregularidades” respecto a partidas por un importe de 60’5 millones de euros concedidas en el 2007 a un grupo de ONG’s, en cuyo reparto se denuncia que “adolecieron de diversas debilidades de control interno” que “impidieron garantizar la adecuada gestión de estas subvenciones a los principios de publicidad, transparencia,, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación…” Y esto señores sólo es la punta del iceberg. La regeneración de la política española corre a la par, respecto a su urgencia, a la necesaria reforma de nuestra economía y legislación laboral. Un país no puede ir bien cuando los que lo dirigen y administran son una pandilla de golfos. O esta es mi forma de ver este asunto.
Miguel Massanet Bosch