JOAQUÍN ESTEFANÍA (Publicado en El País, aquí)
Las autoridades europeas califican como "aberrante" la decisión de la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's de rebajar la solvencia a nueve países de la eurozona. El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, declara que "las agencias no son ningún árbitro imparcial o desinteresado. Su labor obedece a intereses específicos. Con su actitud aumentan la inestabilidad en la Unión Europea (UE), lo que seguramente interesa a ciertos círculos monetarios y financieros". Verde y con asas.
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Las agencias, tres firmas privadas sin regulación, deciden el bienestar de los ciudadanos
Rajoy no tiene autonomía: le dicen lo que hay que hacer, y cuándo. Nefasto balance para la democracia
Cada vez que las agencias rebajan su rating a un país, empeoran las condiciones de vida de sus ciudadanos. Esos mismos ciudadanos, en general, no se lo merecen (a no ser que sean defraudadores: a las haciendas, a sus sistemas de protección, etcétera) pero da la sensación de que a los políticos que los representan les está bien empleado el sofoco de ver caer su nota: porque han consentido y consienten a las agencias hacer lo que les viene en gana, sin confrontarse con ellas. No se les pueden admitir las lágrimas de cocodrilo ni las manifestaciones de impotencia cada vez que las agencias dan su veredicto negativo. Tres sociedades de calificación de riesgos -Moody's, Standard & Poor's y Fitch- controlan en régimen de oligopolio el 95% del mercado mundial. En los tres casos se trata de empresas privadas que cotizan en Bolsa, en muchos casos con similares accionistas, con unos escasísimos niveles de regulación pública y que son contratadas por los países a los que luego califican. Puro masoquismo.
Desde que comenzó la actual crisis, en el verano de 2007, se oye -en cada ocasión que pronostican una catástrofe o encarecen el riesgo país- que las agencias van a ser reguladas, que se van a homogeneizar sus métodos de trabajo, que va a haber movilidad en su contratación, que se va a prohibir que evalúen a empresas cuyos dueños de referencia son los mismos que los de las propias agencias, etcétera, pero esa regulación nunca llega, siempre se retrasa hacia más adelante. Sus lobbies deben ser muy poderosos.
¿No puede el poder político enseñar los dientes a esta parte del poder económico, sin ciscarse en los pantalones? Naturalmente, sin violentar las normas del mercado pero sin permanecer al mismo tiempo abúlico, resignado, paralizado, al tiempo que se dice que el trabajo de ese oligopolio "no es óptimo" ¿Puede Europa investigar, por ejemplo, el monopolio de Microsoft o la fusión de General Electric y Honeywell -¡qué tiempos, Mario Monti!- y no el de las agencias de calificación? ¿No se ha de abrir un expediente informativo a tres sociedades oligopolistas para determinar si hay abuso de poder dominante, de las que se sospecha que en su interior no se respetan las murallas chinas que han de evitar los conflictos de intereses? Eso lo que se desprende, precisamente, de las declaraciones citadas del comisario de Economía.
En el comunicado de Standard & Poor's en el que se rebaja la calificación de los nueve países hay, además, una valoración sin complejos del trabajo de los políticos europeos. Dice que la cumbre de jefes de Gobierno de principios de diciembre no ha servido para casi nada, ya que no concretó los recursos suficientes para reforzar las operaciones de rescate o para proporcionar apoyo a los países más debilitados. Y lo más importante, que un proceso de reformas basado únicamente en la austeridad fiscal tiene el riesgo de provocar su propio fracaso provocando una caída de la demanda interna asociada a la preocupación creciente de los consumidores por la estabilidad del empleo y la renta disponible erosionando así los ingresos fiscales nacionales. Es decir, que según la agencia, nada de lo que se está prometiendo a los ciudadanos es verdad.
En el caso de España, además de rebajar otra vez la nota (cinco escalones desde su máximo, a principios de 2009), Standard & Poor's amenaza con más tensiones si no se aprueba a corto plazo la reforma laboral, no hay medidas adicionales de recorte o si la banca necesita más ayudas públicas para capitalizarse. Rajoy declara que sabe lo que hay que hacer, aparentando que tiene autonomía, pero la única verdad es que estamos vigilados, amenazados y rendidos ante tres empresas privadas sin regulación: nefasto balance para la democracia.