Es posible que haya muchos que todavía sigan pensando que hacer experimentos con la política, propugnando peregrinas ideas sobre como salir de la crisis sin sacrificios y sin renunciar a parte del estado del bienestar, es un juego inocuo. Sin embargo, por desgracia, en España ya no queda otro camino por recorrer, si es que queremos superar el peligro de entrar en un camino sin retorno hacia la catástrofe total, que tomar medidas drásticas, ajustes dolorosos, sacrificios económicos, reducción del gasto público y supresión de muchos lujos, a los que nos habíamos acostumbrado sin pensar que, alguna vez, tendríamos que pagar por ello. Sin embargo, aquellos que pretenden con entusiasmo y de forma temeraria e ilusoria, imponernos ideas “salvadoras” pero irrealizables; remedios caducos, por muy “socializantes y equitativos” que pudieran parecer o ejercicios de voluntarismo ideológico sin visos de tener posibilidades reales de que se cumplan, tales como pensar que, por haber salido a las calles a manifestarse, haber proclamado eslóganes igualitarios o pergeñado improvisados programas de gobierno, a modo de panacea para solucionar todos los problemas de la nación; ya han hecho méritos suficientes para que se les tenga en cuenta por nuestros gobernantes.
En ocasiones la juventud, la inexperiencia o un idealismo desenfrenado dan lugar a que se emprendan empresas que superan, por su dificultad, su complejidad y su magnitud, la capacidad, la preparación y la experiencia de aquellos que se arriesgan a acometerla; con el consiguiente peligro de que, la impericia de quienes se arriesgan a poner en peligro la estabilidad de una nación, acabe por convertirse en un boomerang que se vuelva en contra de los intereses, la seguridad y el bienestar de aquellos a los que se ha pretendido favorecer. El hecho de que existan grupos de ilusos, fácilmente maleables por los agitadores de oficio y sometidos, a pesar de que ellos no lo sepan, al servicio de intereses políticos, de mafias económicas y de grupos de presión cuyos intereses, en muchas ocasiones, son conseguir la desestabilización de la sociedad y el establecimiento de regímenes sometidos a sus particulares designios; nos ha de hacer desconfiar, por principio, de aquellos que invocan la democracia, el bien común o la propia Constitución sin que, por otra parte, tengan empacho alguno en utilizar procedimientos de coacción, chantaje o físicos para alterar el orden, la convivencia o la normalidad democrática de un país, para llegar a hacerse con los resortes del poder.
En efecto, hemos tenido ocasión de comprobar, recientemente, como iniciativas aparentemente destinadas a proporcionar más libertades y más democracia a los ciudadanos de diversos países del África meridional, han dado lugar a revoluciones cruentas, que han costado miles de víctimas, han arruinado los países y han acabado por sustituir una dictadura, todo lo opresora que se quiera, para reemplazarla por otra de distinto signo, en general islamista, pero igualmente autoritaria, sin que ello haya reportado ventaja alguna para el pueblo, que ha sido el que ha pagado con la sangre de sus hijos el haberse revolucionado.
La España actual no está para que, además de los problemas que vienen afectando a la población, de falta de puestos de trabajo, que ya han producido 5.372.000 parados; de las graves dificultades de déficit y endeudamiento; del cierre de empresas; de estabilidad presupuestaria y de graves aprietos de nuestro sistema financiero (que todavía arrastra las consecuencias de su excesiva participación en la fallida burbuja inmobiliaria), se le añadan los que le puedan crear, al Estado, los ciudadanos que, por motivos políticos, intereses personales, falta de solidaridad, nacionalismos o cualquier otro motivo poco justificable, intenten estorbar, retrasar o poner impedimentos a las inexcusables medidas de rigor y austeridad que, el gobierno del señor Rajoy, se ve precisado a poner en práctica; no sólo porque no hay otro remedio si queremos superar la crisis, sino porque nos lo obligan a hacer desde Bruselas si es que deseamos mantenernos en el euro y beneficiarnos de los préstamos del BCE, sin los cuales estaríamos abocados a la quiebra soberana y a sus catastróficas consecuencias.
Si, de momento, parece que patronal y sindicatos han limado asperezas y han entrado en razón en algunos aspectos de la necesaria reforma laboral; no quisiéramos que algunos partidos políticos de izquierdas, en proceso de refundación, por despecho o por intentar sacar partido electoral, se olviden de su patriotismo, renieguen de su lealtad al gobierno e intenten desestabilizar la nación con acciones, directas o indirectas, que pudieran dar a entender, a los otros países, que España no es una nación de la que fiarse por la actitud de parte de sus ciudadanos que, en lugar de esforzarse en trabajar por la recuperación prefieren crear el caos y el desorden en las calles, dificultando con su comportamiento indisciplinado el normal ejercicio de las libertades ciudadanas. Nos choca que, ahora, los del 15M ¿recuerdan cuando se declaraban apolíticos y que sólo querían reclamar trabajo?, cuando ya se han quitado la careta y comparten con el señor Cayo Lara sus posicionamientos comunistas y el enfrentamiento a la verdadera democracia; se quejan, enfurecidos, ante la Delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de que se los controle y se les exija cumplir con los requisitos legales de dar cuenta de sus reuniones y soliciten permiso para sus manifestaciones públicas.
Es obvio que, estos señores, no se han apercibido o no han querido hacerlo, de que la permisividad del gobierno socialista con ellos; de las facilidades que se les dieron para obstruir la normalidad ciudadana y la benevolencia con la que se les permitió enfrentarse a las fuerzas del orden, se les han acabado. Que ya no se puede actuar impunemente, infringiendo las normas, para convertir a las ciudades de España en el centro de su propaganda política, abusando de la inactividad policial y del miedo de las autoridades a actuar en su contra. Es curioso que pidan que “se respete, de una manera real y efectiva, el derecho de todos los ciudadanos a su participación en la actividad política”, así como que no se inmiscuya “ilegítimamente en sus formas de organización, ni pretender imponer censura previa a sus reuniones” ¡Qué legalistas se nos han vuelto! Lo chocante es que se hayan olvidado de que, para manifestarse públicamente, es precisa la autorización gubernativa; algo que parece se olvidaron de pedir cuando ocuparon la puerta del Sol de Madrid, perjudicando a los vecinos y causando pérdidas ingentes a todos los comercios de la zona. ¡Flaca memoria!
Por si se les ocurriera volverse a atribuir “la representación del pueblo” y otorgarse unos derechos y una representación de la que carecen; les recordamos que, después de las elecciones del 20N, en las que, por cierto, no participaron; ha quedado meridianamente claro a quien le ha dado el pueblo su confianza y cuales son los principios y valores que, una gran mayoría, de la ciudadanía quiere que sean defendidos y protegidos. Queda pues evidenciado que, el grupo del 15M, sólo se representa a sí mismo, es decir, a unos pocos miles de sujetos que, como es evidente, salvo su fugaz aparición en los medios de comunicación y la forma interesada en la que las televisiones, dirigidas por los socialistas, los jalearon; en la actualidad han quedado reducidos a sus justos límites de grupo minoritario de tendencias comunistas y de ideas trasnochadas respecto a los sistemas políticos y las prácticas que deben observarse en las verdaderas democracias. O esta es, señores, mi particular visión de este tema.
Miguel Massanet Bosch