(Publicado en La Voz de Galicia.es, aquí)
Cuando, hace cinco días, UPyD defendió en el Congreso de los Diputados la necesidad de limitar las retribuciones de los exjefes de Gobierno, los dos grandes grupos de la Cámara manifestaron un rechazo radical a la propuesta: de «demagógica y efectista» la tacharon los diputados del PP, mientras los del PSOE manifestaban que solo servía para «desprestigiar» a los políticos.
Es dudoso, sin embargo, qué desprestigia más a los políticos: si el privilegiado sistema de remuneración ahora vigente o que tal sistema fuera reformado para acabar, precisamente, con sus injustificados privilegios. Juzguen ustedes mismos.
Los expresidentes de Gobierno tienen asignada legalmente una pensión de en torno a 80.000 euros anuales, cuyas características son esencialmente las siguientes: esa pensión es vitalicia y, por tanto, no depende en su duración del tiempo que se haya ocupado la presidencia del Gobierno; es compatible con la obtención de remuneraciones procedentes del sector privado, de modo que sus beneficiarios pueden cobrarla y cobrar al mismo tiempo -como hacen González y Aznar- magníficos sueldos de una o más empresas; y, por si todo ello no fuera suficiente, la pensión de expresidente es igualmente compatible con el sueldo de consejero de Estado (en torno a 70.000 euros al año), pues los exjefes de Gobierno que decidan incorporarse al Consejo, como acaba de hacer ahora Zapatero, pasan a ser miembros natos de ese órgano.
Ello significa, dicho en dos palabras, que los expresidentes tienen en realidad derecho a dos pensiones: la que cobrarán como exjefes de Gobierno y como miembros del Consejo de Estado, al que pertenecen, obviamente, en esa misma condición. ¡No es mal doblete! Pero es que, además, si encuentran una empresa o más empresas que contraten sus servicios, puedan entrar en sus nóminas sin verse por ello amenazados de perder la pensión a la que tienen derecho por la ley.
En realidad, la única justificación de esa pensión -facilitar la reincorporación al mercado de trabajo de quienes por el cargo que han ocupado podrían tener problemas para reiniciar su vida laboral- desaparece por completo cuando se convierte en una pura y simple canonjía, cuya finalidad es asegurar que quien ha sido presidente quede en condiciones de vivir sin trabajar el resto de su vida.
El sistema es perverso y no ayuda, precisamente, a poco que se piense, a prestigiar a la política, sino a todo lo contrario. La política tiene el prestigio que se merece cuando quienes la practican expresan a través de su dedicación a un cargo público una vocación de servicio a la comunidad. Pero cuando la política se convierte, en grandes proporciones, en el medio de progreso social y económico de quienes no pueden progresar de otra manera, es decir, cuando la clase política está formada en significativos porcentajes por personas que no han trabajado jamás fuera de ella, que carecen de verdadera profesión y que pretenden resolver en ella su futuro, el desprestigio de la política acaba por ser inevitable.
Es así incluso cuando no hay crisis económica. Cuando la hay, y uno de cada dos jóvenes no encuentra el empleo que busca debajo de las piedras, los privilegios de la política y los políticos sublevan, con razón, a millones de personas.