Los problemas son igual de graves que antes de la huelga. Por eso no se necesita más conflictividad
Al día siguiente de la huelga general llegan los Presupuestos Generales del Estado con su esperada carga de recortes en el gasto público. La inquietud con la que Europa vive esta semana testimonia el miedo a que España sea arrastrada por el engranaje de la desconfianza y a que el contagio se extienda a otros países de la zona euro. Precisamente porque los problemas siguen siendo tan graves como en las vísperas de la huelga, a nadie interesa que la conflictividad social se instale de forma duradera ni que los incidentes de ayer —más de un centenar de contusionados y heridos, alguno de consideración— se conviertan en moneda corriente. De ahí la necesidad de mantener los puentes abiertos entre el Gobierno, los partidos y los agentes sociales.
Dentro de la anormalidad que supone abstenerse de trabajar, la jornada de ayer se caracterizó por "la normalidad y la tranquilidad", según el Ministerio del Interior. Los servicios mínimos pactados se cumplieron con creces y los sindicatos convocantes controlaron muy bien la movilización adicional de cientos de miles de manifestantes en más de un centenar de ciudades —además de los actos montados por organizaciones sindicales minoritarias o grupos de indignados—. Dos agentes de la Ertzaina agredidos en Bilbao, un joven herido en Vitoria de un pelotazo, cargas policiales contra piquetes violentos en Pamplona, actos vandálicos en Barcelona, detenciones en Madrid entre grupos que cortaban el tráfico: el rosario de incidentes demuestra que la huelga general no es una fiesta y que lleva inherente el peligro de la coacción. Los paros tuvieron mayor incidencia en la industria y en la construcción. Pero el seguimiento fue escaso en el comercio y en la Administración pública. No se cumplieron los augurios de los que pronosticaban que esto iba a acabar “como en Grecia”, y de ello no cabe sino felicitarse y pedir a los que no paran de echar leña al fuego que actúen con más responsabilidad.
Más allá de los incidentes y de los que pronostican finales apocalípticos, la cuestión de fondo es que ni la economía ni la confianza de los inversores necesitaban este paro. Menos aún otras posibles huelgas venideras. Negociar es mejor que empeñarse en la prueba de fuerza, y por eso las partes implicadas deberían ponerse a la tarea de atajar el empeoramiento del clima social. En el caso de la reforma laboral, objeto central de la protesta desarrollada ayer, los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, han hecho llamamientos a la negociación, mientras la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se declara a la espera de propuestas sindicales y de la oposición política, aunque excluyendo todo cambio en los aspectos "troncales" de la reforma. En las próximas semanas se verá si las partes implicadas han sacado alguna consecuencia positiva del enfado social contra esa reforma.
A los 100 días justos de su jura como presidente del Gobierno, Rajoy ha visto celebrada la huelga general que tenía descontada desde enero. La legitimidad de su Gobierno para tomar decisiones no está en absoluto cuestionada por un resultado adverso en las recientes elecciones andaluzas ni por la huelga general de ayer. El Gobierno, sin embargo, debería tomar nota de que una mayoría absoluta ni es un cheque en blanco ni es eterna. Necesita cargarse de razón, incluso a la hora de convencer a los demás de que el margen para España es muy estrecho. Los sindicatos cometerían un grave error si alientan una escalada, como se insinúa desde Comisiones Obreras. La reforma se va a tramitar como proyecto de ley: por lo tanto, es la hora de los pactos en las instituciones, que deben tener en cuenta el malestar en las calles. También es la hora de respetar lo que en ellas se decida.