El abandono de Rodrigo Rato de la presidencia de Bankia y la inyección económica que el Estado va a aplicar a la entidad (y que supone, de hecho, su intervención) es otro fracaso más – y no de poca importancia – en la larga lista de medidas que los gobiernos socialista y popular – con la irresponsable colaboración del Banco de España – han ido poniendo en práctica durante la crisis económica que sufre España. El saneamiento del sector financiero – una pieza esencial en el rompecabezas de la recuperación económica – se ha afrontado tarde y mal. Y no será porque no se advirtió con tiempo, tanto desde foros e instituciones independientes como desde el mismo Congreso de los Diputados.
Ya en 2009, Unión Progreso y Democracia presentó una iniciativa para la reforma del sistema financiero, que fue rechazada por la Ministra de Economía, Elena Salgado, porque, según ella, no era necesaria. Eran los tiempos del “mejor sistema financiero del mundo”. UPyD planteaba una medida que atacaba el problema de raíz: despolitizar la gestión de las cajas de ahorros para evitar que los intereses políticos las condenaran a la quiebra, así como espectáculos penosos como la trifulca dentro del PP por el control de Bankia, cuando Esperanza Aguirre fracasó en su intento de colocar a Ignacio González en la presidencia.
En julio de 2010 el Gobierno socialista presentó un proyecto de reforma que, presuntamente, resolvía esa perniciosa confusión de intereses políticos y económicos. Rosa Díez, única diputada de UPyD en aquella legislatura, demostró que aquellas medidas eran puramente cosméticas, y que los políticos seguirían teniendo el control. Como ejemplo citó que Rodrigo Rato podría seguir dirigiendo Bankia.
En febrero de 2011 el Gobierno presentó una reforma de la anterior reforma, en una pauta que se ha repetido desde el estallido de la crisis: tras negar el problema se toman medidas ineficaces para luego añadir más medidas incompletas, generando así más desconfianza. En esta ocasión Díez reprochó a la Vicepresidenta Salgado, entre otras cosas, que de nuevo se permitiera a los políticos – singularmente a los dirigentes autonómicos – seguir influyendo en la gestión de las cajas. También señaló la falta de resonsabilidades exigibles a los gestores que las habían conducido a la ruina y a la necesidad de rescatarlas con dinero público.
UPyD se presentó a las elecciones generales del 20 de noviembre afrontando sin tapujos la reforma del sistema financiero. Insistió en la despolitización de las cajas y en la necesidad de castigar a los responsables de su ruina; y advirtió, contra lo que se decía desde el PSOE y se mantuvo después desde el PP, de que la reforma no se podría hacer sin dinero público, y que habría que arbitrar los medios para asegurar que esos fondos se devolvieran.
En febrero de 2012 el nuevo Gobierno popular planteó una nueva batería de medidas para reforzar el sistema financiero. De nuevo UPyD, por medio del diputado Álvaro Anchuelo, tuvo que explicar que no se atacaban los problemas de raíz: ni se despolitizaban las cajas ni se penalizaba la gestión negligente. Señaló las debilidades técnicas de la reforma y volvió a reclamar que no se engañara a los ciudadanos diciendo que la reforma no costaría dinero público. Anchuelo advirtió de que el tiempo daría la razón a su grupo, y no ha habido que esperar mucho. Poco después, en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario magenta, el Gobierno volvía a insistir en que no sería necesario aportar dinero público en la venta de entidades con participación estatal. Insisten en no decir la verdad a los ciudadanos, lo cual no va a lograr tranquilizar a nadie pero sí deteriorar la ya maltrecha confianza de los españoles en sus instituciones.
La intervención de Bankia y la salida del exministro Rodrigo Rato de su dirección vienen a confirmar el diagnóstico de UPyD. La realidad insiste en demostrar la insuficiencia de las medidas hasta ahora tomadas por los gobiernos de uno y otro signo. El problema es que van pasando los meses y los años y la situación se va agravando. Mariano Rajoy sigue negando el origen político de la crisis económica, lo que hace prácticamente imposible que pueda acertar con las reformas necesarias. Sólo cabe confiar en que su reciente declaración de que gobernará contra sí mismo le lleve a gobernar a favor del país.