El impago de la asistencia sanitaria agita a la opinión pública catalana en contra del Gobierno

La Generalitat de Catalunya ha dado en los últimos dos días un curso de
pésima gestión política y económica cuyas consecuencias perjudican al conjunto
de España, y por tanto a Cataluña, en forma de mala imagen de la economía ante
la UE y los mercados. El lunes, el Govern anunció sin explicaciones la decisión
de no pagar en julio a los hospitales y servicios asistenciales concertados,
mayoría en el territorio. Ayer, el consejero catalán de Economía no solo
renunció a asistir al Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque es una
reunión “en la que está todo decidido”, sino que la Generalitat cargó todas las
culpas de sus males presupuestarios al Gobierno central. “Ellos deben cumplir,
lo que no hacen”, proclamó el portavoz del Govern. El abandono de Andalucía dejó
al Consejo de Política Fiscal y Financiera sin dos grandes referentes
autonómicos.

La posición política de la Generalitat que preside Artur Mas responde a una
maniobra política, simple y añeja, aunque eficaz a la vista del mínimo desgaste
de CiU en las encuestas, que consiste en poner a la opinión pública catalana en
contra del Gobierno central y, como efecto derivado en primera instancia, en
contra del resto de las comunidades autónomas. El hecho incontestable es que Mas
y su consejero de Hacienda han sido incapaces hasta el momento de proporcionar
una solución económica y financiera para Cataluña, afectada, como el resto de
las autonomías, por el hundimiento de los ingresos y una explosión incontrolada
de los gastos sociales. Este fracaso es imputable a la gestión imprudente de las
finanzas catalanas (similar en imprevisión a la que se ha advertido en otras
comunidades) durante más de 20 años. Con el añadido de que en Cataluña se ha
desbordado el endeudamiento y, si el Fondo de Liquidez no lo remedia, está al
borde el impago de su deuda.

En lugar de asumir sus respoonsabilidades y reconocer y enmendar los errores
de gestión presentes y pasados, Artur Mas y Mas Colell se han encastillado
detrás de la coartada del incumplimiento del Gobierno. La declaración de impago
de los centros sanitarios concertados no es la primera que se produce en España,
ni siquiera en Cataluña. Lo peor de esa decisión es su carácter arbitrario y
unilateral. Ni el presidente ni su consejero de Hacienda se han dignado explicar
por qué es necesario cortar los fondos a la sanidad concertada en lugar de
suprimir otros gastos. Esta suspensión intencionada avala la idea de que se
trata de una maniobra política, a costa de los ciudadanos, para atizar la idea
(errónea) del incumplimiento del Gobierno central, mantener caldeado el voto
propio y alejar la amenaza de una intervención del Estado en las cuentas
catalanas. Con el objetivo de un supuesto pacto fiscal que, en la coyuntura
actual, parece una quimera.

Cataluña necesita del Estado para evitar el default, lo cual prueba que el
crédito de su deuda es nulo. Ese es el factor decisivo sobre el que Artur Mas
debería meditar, en vez de encender las hogueras tribales de la
fiscalidad.