Derecho y poder en pugna (por Miguel M. Benito)

El nombre de Julian Assange se ha convertido en uno de los mayores animadores
de la escena diplomática internacional. Un nombre de esos que arrastra la
polémica y enciende pasiones con su mera mención. El héroe que arrojó luz sobre
la tramoya de la política mundial. El villano que comprometió la seguridad
nacional de Estados Unidos y puso en peligro a sus aliados y colaboradores.
Todos sabemos de su ascenso al estatus de celebridad internacional y de sus
Wikileaks. Y todos sabemos de la caída al averno. Dificultades financieras.
Críticas profesionales. Y, por último, los líos judiciales. Sucesión de
capítulos que se iban tan rápido como los de una buena novela: denuncias en su
contra por violación en Suecia, peripecias que le llevaron a pedir la protección
en la Embajada de Ecuador en Londres, la amenaza del Gobierno inglés de
detenerlo aún dentro de la embajada y la salvadora decisión del Gobierno
ecuatoriano de concederle asilo político. ¿Qué traerán las próximas entregas?
¿Fuga? ¿Hastío y locura? Ya veremos.

Y, mientras, los principios del Derecho Internacional son sometidos a una
nueva prueba de estrés. El derecho al asilo recogido en su forma moderna en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) regula la posibilidad de
buscar asilo por aquellos que en sus países son perseguidos por motivos
políticos o por delitos comunes conexos a delitos políticos. Una puerta de
escape a tantos que se han enfrentado y se enfrentan al riesgo de represión y
muerte. ¿Pero le encaja a Assange tal figura? Las denuncias en su contra vienen
por delitos de violación y el delito común no permite la concesión del asilo.
Sus defensores alegan que es un mero pretexto para acabar extraditándolo a
Estados Unidos donde se adelantaría el juicio político contra Assange. De
acuerdo a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos (1969)
eso permite la concesión del asilo. Sería un proceso cuestionado. ¿Se avendría
el sistema judicial sueco a tal amaño?

Y el Gobierno inglés, tan apegado a su insularidad y singularidad histórica y
jurídica, complicando las cosas al declarar su disposición a detener a Assange
en la Embajada ecuatoriana en Londres, obviando que las sedes diplomáticas son
inviolables y gozan de protección jurídica especial, precisamente para que
puedan cumplir sus funciones especiales. Esta extemporánea declaración facilitó
la decisión a Rafael Correa, incapaz de aceptar la violación de la soberanía de
su representación en Londres. Ahora, con la precipitación de todas las partes
por buscar una justificación política a las decisiones de derecho, empiezan las
consultas diplomáticas. Consultas que todos sabremos cómo terminarán, con los
aliados de cada una de las partes involucradas apoyando, ¡oh, sorpresa!, a sus
aliados. ¿Alguien velará por el Derecho y el proceso? Prefiero no responder a mi
pregunta.

Assange se ha convertido en persona non grata para quienes dirigen
la diplomacia internacional, pero aún ellos deben reconocerle, al menos un
mérito: ese su sexagésimo día recluido-protegido-asilado en la Embajada
ecuatoriana en Londres, nos obliga a desempolvar los viejos manuales de Derecho
Internacional y a mirar si este enésimo “nuevo orden mundial” que nos ha tocado
vivir ha asumido los principios de la legalidad para ordenar la comunidad
internacional o si seguimos atados al universo hobbesiano donde sólo el poder da
orden al mundo.

Miguel M. Benito Lázaro es director de
Relaciones Institucionales del Instituto de Altos Estudios Europeos