El Gobierno advierte a Mas que recurrirá al Constitucional para parar su consulta

El Gobierno ha lanzado un claro aviso a Artur Mas desde la mesa del
Consejo de Ministros: que el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional para
detener cualquier
intento de convocar un referéndum de autodeterminación. La vicepresidenta,
Soraya
Sáenz de Santamaría ha sido taxativa: "La consulta sería inconstitucional,
lo que conllevaría la suspensión automática de la decisión de convocar el
referéndum. Es decir, se va directamente al Tribunal
Constitucional y se suspende la convocatoria de ese referéndum con solo que
lo pida el Gobierno". Y ha dejado otra cosa clara: hay instrumentos "jurídicos y
judiciales" para parar la consulta y "el Gobierno está dispuesto a usarlos".

La respuesta del Gobierno ha llegado casi simultáneamente a la aprobación
este mismo jueves por parte del Parlament de Cataluña de una resolución para
promover una
consulta de autodeterminación de Cataluña la próxima legislatura. La
votación ha contado con el apoyo de 84 de los 135 diputados de la cámara
catalana (CiU, ICV, ERC y Solidaritat), la abstención del PSC (25 votos) y la
oposición del PP (18) y Ciutadans (3).

La vicepresidenta ha insistido: "Si hubiera una utilización de la ley
catalana [sobre consultas populares] el Estado podría pedir al Constitucional
dejar sin efecto cualquier aplicación de esa ley". En esta línea, Sáenz de
Santamaría ha subrayado que "el Tribunal Constitucional ya ha dicho que es
necesaria la autorización del Estado para las consultas vía referéndum".
Efectivamente, la mera presentación por parte del Gobierno de un recurso contra
una ley dictada por una comunidad autónoma supone su paralización automática por
un periodo de cinco meses.

Según la portavoz del Gobierno, "esa convocatoria [que plantea Mas] tiene un
procedimiento constitucional, que es la autorización por el Gobierno. Además,
esa convocatoria afectaría al conjunto del pueblo español, al conjunto de los
españoles porque son los españoles los que deciden sobre la organización
territorial del Estado. Hay instrumentos jurídicos para detener ese intento y un
Gobierno dispuesto a utilizarlos".

Por si hubiera alguna duda, ha rematado: "La consulta sería sobre un asunto
que afectaría al conjunto del censo electoral, porque a todos los españoles nos
compete decidir sobre la organización de nuestro Estado"

La vicepresidenta, al hablar de la ley catalana de consultas, se refiere a la
Ley de Cataluña sobre consultas populares por vía de Referéndum, impulsada por
el Gobierno tripartito (PSC, ERC e ICV) y que permite convocar una consulta a
propuesta del Gobierno catalán, de dos grupos parlamentarios o una quinta parte
de los diputados del Parlamento autónomo, o del 10% de los municipios (que caso
deben representar al menos a 500.000 habitantes). El
Tribunal Constitucional la tiene pendiente de sentenciar desde 2010.

La ley fue recurrida de inconstitucionalidad por el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, pero transcurrido el plazo de cinco meses de
suspensión el
Constitucional levantó el veto en junio de 2001. El Tribunal recordó
entonces que “el posible objeto de las consultas ha de circunscribirse al ámbito
de las competencias de la Generalitat, mientras que la celebración de una
eventual consulta está, en todo caso, supeditada a la obtención de la previa
autorización del Estado”. Y eso mismo lo ha recordado hoy la vicepresidenta.

La suspensión temporal, no obstante, fue levantada. Ese levantamiento de
suspensión de la ley catalana, que recurrió el Gobierno central, se hizo sin
perjuicio de preservar el "interés general", ha añadido la vicepresidenta, quien
ha dicho que se podría pedir al Constitucional una revisión de esa decisión para
dejar en suspensión ciertos preceptos de la norma y sin efecto cualquier
referéndum convocado en virtud de la misma.