Igualdad y Estado de Derecho contra el soberanismo xenófobo

"La historia del Estado español tiene una merecida fama en todo el mundo proveniente de su intolerancia (…), de todo cuanto no es castellano". "Castilla (…) no ha sabido nunca estar en el lugar que le correspondía". "Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia lo que ignora, dice el mismo poeta, y hoy, el espíritu de España, que es el de Castilla, continúa exactamente igual". "Este mismo espíritu agresivo, excluyente e inquisitorial, apartó a España de las corrientes científicas, políticas y humanistas". "Sabemos que, en Cataluña, el trabajo, la ciencia, las artes, el pensamiento, siempre han estado en la vanguardia de la realidad y del sentimiento del pueblo (sic), en contraposición con la dedicación de las élites estatales de habla castellana, dedicadas a la gran administración, al ejército y a la judicatura".

Las citas anteriores están extraídas de los estatutos de la llamada Asociación de Municipios por la Independencia (traducidos por Charo González y Susana de la Cuesta). Si el lector se toma la molestia de leerlos y logra superar los errores gramaticales, puede que se pregunte cómo es posible que instituciones del Estado suscriban un texto que, además de las consabidas falsedades históricas, está plagado de referencias discriminatorias. ¿Puede imaginarse lo que ocurriría si un grupo de ayuntamientos castellanos alumbraran un escrito semejante referido a Cataluña? ¿Uno plagado de tópicos insultantes, de superioridad étnica, de prepotencia cultural? Si el esforzado lector consigue llegar al final de los estatutos, habrá encontrado un buen número de llamamientos a la pluralidad catalana, a cierta transversalidad independentista. Es otra treta burda, porque los líderes locales que se adhieren a esta iniciativa están excluyendo a todos los catalanes que no deseen la independencia, y están insultando a todos los habitantes de Cataluña llegados de la "miserable Castilla", y a los padres y abuelos de muchos que ahora se enfangan en esta retórica que sólo merece un calificativo: xenófoba.

Los líderes nacionalistas utilizan siempre los mismos trucos: uno es pretender que ellos hablan por "la nación", que ellos son "la nación", de modo que quien se les opone no es un disidente ni un opositor, sino un descastado y un traidor. Otro es una simplificación falaz de la historia que justifica cualquier cosa que hagan, se ajuste o no a la legalidad. Lo que está haciendo Artur Mas estos días es explicar por qué él no tiene que cumplir la ley. La explicación es muy sencilla: él es el mesías que viene a salvar el pueblo elegido. Es por eso que se permite amenazar con un referéndum ilegal, y es por eso que advierte de que el Estado no podrá usar sus armas. Se refiere a que en Cataluña, de facto, ha quedado abolida la Constitución, y a falta de una nueva, la Ley será su palabra, o en todo caso la palabra de los nacionalistas. Es un desafío inaceptable, no ya a España, sino a todos los españoles, catalanes incluidos. Por muy independentista que sea un ciudadano, debe entender lo que significa un poder arbitrario que no se siente atado a ninguna consideración que no provenga de su propio interés.

Es un desafío a la democracia, que no es sólo una forma de gobierno, sino un ideal de sociedad. Un ideal basado en la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades como pasos inexcusables para la libertad. Un ideal inalcanzable sin Estado de Derecho, ese que Mas y los nacionalistas pretenden derogar. Un ideal que exige que los derechos sean de las personas, de cada una a título individual, porque cuando se asignan a determinados grupos, se está dejando fuera a los que no pueden o no quieren pertenecer a esos grupos. Bildu excluye de concursos públicos a ciertas empresas porque los jefes de obra no hablan euskera. Entre su totalitarismo palurdo y el soberanismo de Mas sólo hay una diferencia de grado, y esa distancia puede salvarse en un instante si su desafío no encuentra una respuesta adecuada por parte del Gobierno y del resto de partidos. Es gravísimo que el PSC pretenda una posición equidistante: "ni independencia, ni guardia civil", ha dicho Pere Navarro, entrando al juego nacionalista de despreciar las leyes y las instituciones.

La democracia pide igualdad para todos los ciudadanos. El verdadero desafío democrático debería ser cómo lograr la igualdad real dentro de nuestra comunidad política: España. Y más allá, cómo ampliar los derechos democráticos a tantos seres humanos que están privados de ellos. La democracia pide ampliar la comunidad política, no despedazarla. La democracia pide más Europa y más cooperación internacional. Por supuesto que hay que reformar la Constitución, pero no para contentar a los que nunca van a estar contentos, sino para lograr más igualdad, más derechos, más democracia. Es la hora de refundar el Estado para que España sea una garantía de igualdad y libertad para sus ciudadanos, un referente de la construcción europea y un puntal en la extensión de la democracia a todo el mundo.