- Gallardón esgrime el delito de desobediencia ante el órdago catalán
- La Generalitat apuesta por “internacionalizar el conflicto” ante la UE
V. G. CALVO / F. MANETTO Madrid (Publicado en El País, aquí)
El Gobierno insistió este lunes en algo que ya había dicho en las últimas
semanas: responderá con la ley si el Gobierno catalán de Artur Mas convoca un referéndum ilegal. Pero el Ministerio de
Justicia concretó esta vez un poco más, señalando el “delito” del que se
acusaría al presidente catalán: “Desobediencia”, recogido en los artículos 410 y
411 del Código Penal y castigado con hasta tres años de inhabilitación para
ejercer cargo público. Artur Mas, por su parte,
anunció que si le “tumban” el referéndum trabajará para “internacionalizar el conflicto”, desplegando su potencial
político y propagandístico ante la UE y los “tribunales europeos”. No aclaró si
eso significa que, mientras él se explica y busca apoyos en el extranjero, la
celebración del referéndum ilegal quedaría paralizada.
“Si hay un acto ilegal por parte de una persona, no creo que haya que
castigar a los ciudadanos catalanes. A quien habrá que exigir responsabilidades
es a esa persona”, afirmó por la mañana en La Sexta el ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, cuando le preguntaron si el Ejecutivo se plantea la opción
de suspender la autonomía o alguna otra respuesta similar en aplicación del
artículo 155 de la Constitución. El ministro explicó que, si la Generalitat
convoca un referéndum para el que no tiene competencias, el Gobierno pedirá al Tribunal Constitucional que suspenda esa
convocatoria; y, si esa suspensión no se acatase, se produciría “un acto
ilegal”. “Cualquier cargo público que actuase en contra de un mandamiento de un
tribunal estaría cometiendo un delito”, señaló. Él no dijo qué delito sería ese,
pero una portavoz de Justicia aclaró más tarde que se trata del delito de
desobediencia, castigado con multa de tres a doce meses e inhabilitación de seis
meses a dos años (hasta tres años si la desobediencia se mantiene).
Fuentes del ministerio explicaron que “no está en mente” endurecer ese
artículo en la reforma del Código Penal actualmente en marcha o recuperar el
delito de convocatoria ilegal de referendos (penado con cárcel) que el Gobierno
del PP creó en 2003 y el del PSOE eliminó en 2005. Subrayaron también que ningún
departamento del Gobierno lo ha pedido hasta la fecha.
La estrategia de Artur Mas en estas últimas semanas se ha basado en sostener
que el proceso de convocatoria del referéndum será “escrupulosamente
democrático” y que la Generalitat aplicará —no dice cómo— el marco legal que
mejor pueda responder a sus intereses, ya sea español, catalán o europeo. Este
lunes, el presidente de Cataluña reiteró que su voluntad es lograr mayoría
absoluta el 25
de noviembre para negociar con la máxima fuerza ante el Gobierno central y
lograr que se celebre el referéndum de autodeterminación en los próximos cuatro
años. Ante el más que probable portazo del Ejecutivo de Mariano Rajoy, Artur
Mas intentará apoyarse en una ley catalana de consultas que no llame referéndum
a ese referéndum (y que utilice el padrón como registro de votantes, no el censo
electoral), para sortear los límites marcados por el Constitucional en la
sentencia que tumbó el referéndum previsto en 2008 en el plan Ibarretxe, informa
Miquel Noguer.
Pero el Gobierno ya ha anunciado que solicitaría al Constitucional la
suspensión de esa ley catalana de consultas. De ahí que Mas insistiera este
lunes en que si le “tumban” la ley su intención es “internacionalizar el
conflicto”: acudir a la UE y a los “tribunales europeos” —probablemente
coincidiendo con la celebración del referéndum de autodeterminación en Escocia—
y buscar allí apoyos a sus pretensiones. Denunciar, dijo en TV3, que España “ni
tan solo deja que se consulte a la gente”.
Lo que el Gobierno catalán no aclara es si la convocatoria de la consulta
quedaría interrumpida mientras se realiza esta ofensiva legal y política ante
las autoridades comunitarias. “Ahora la prioridad son las elecciones del 25-N”,
responden en el entorno de Mas.
También la secretaria general del PP, Dolores
de Cospedal, advirtió a la Generalitat de que el Gobierno utilizará “todos
los instrumentos legales para impedir” la celebración de una consulta de
autodeterminación. Si bien luego matizó que “hoy por hoy” las aspiraciones
soberanistas de Mas “solo son declaraciones y no otra cosa”, sí insistió en que
el Ejecutivo no dudará en adoptar “todas las decisiones legales que estén a su
alcance, todas y cada una de ellas, para que no se practique ninguna actuación
ilegal”.
Cospedal evitó aclarar si uno de esos instrumentos sería la aplicación del
artículo 155 de la Constitución, que permite al Ejecutivo adoptar “las medidas
necesarias” si un Gobierno autónomo no cumple “las obligaciones que la
Constitución u otras leyes le impongan” o actúa “de forma que atente gravemente
al interés general de España”. Tampoco se quiso pronunciar sobre una
modificación del Código Penal para volver a castigar con prisión la convocatoria
de referendos ilegales.
Desde el Consejo
General del Poder Judicial, sin embargo, se puso en cuestión que el Gobierno
pueda perseguir penalmente a Mas. Su portavoz, Gabriela Bravo,
mostró sus dudas de que los planes de la Generalitat sean constitutivos de
delito: “Constitutivo de delito, no; porque ese tipo fue despenalizado”, dijo en
TVE, aunque haciendo solo referencia al tipo delictivo de convocatoria ilegal de
referendos, eliminado efectivamente en 2005. “Yo es que creo que a las palabras
del señor Mas se les ha dado quizá una sobredimensión”, añadió la portavoz.
“Mas, en el marco de una campaña electoral, lo que ha anunciado es que quiere
escuchar al pueblo catalán. Sí, es cierto que ha hablado de consulta… Bueno,
vamos a ver qué es lo que convoca y entonces tendremos que dar una
respuesta”.