Intelectuales y profesionales salen al paso de la oleada soberanista de Mas

• Cientos de personalidades respaldan un manifiesto por el federalismo y el
  consenso

Escritores, abogados, políticos, cineastas o economistas han suscrito un
manifiesto a favor del federalismo frente a la ola secesionista alimentada desde
CiU y el Gobierno catalán que preside Artur Mas. Los
firmantes ponen de relieve que tal apuesta soberanista puede desbordar el
malestar social originado por la crisis económica y que los independentistas
cargan ese malestar sobre su particular idea de España como chivo expiatorio.
“Ni Cataluña está sometida a un expolio por parte de España ni el común de los
españoles alberga sentimiento alguno de menosprecio hacia ella”, aseguran, para
añadir que los independentistas “se proponen violentar la ley democrática hecha
por todos para todos”. El manifiesto apuesta porque todas las fuerzas
democráticas busquen un mejor encaje institucional para Cataluña, una
financiación más justa y una federalización del deteriorado Estado de las
autonomías.

No obstante, los firmantes destacan que, si el sentimiento nacional catalán
fuera apoyado mayoritariamente de forma irreversible, “la convicción democrática
nos obligaría al resto de los españoles a tomarlo en consideración para
encontrar una solución apropiada y respetuosa”.

Este es el texto íntegro:

Varios centenares de intelectuales y profesionales han firmado en Cataluña un
llamamiento a favor de la izquierda y del federalismo para responder al
creciente secesionismo estimulado por Convergència i Unió, desde el Gobierno de
la Generalitat, así como por otras fuerzas políticas de afinidad
nacionalista.

Queremos atender esa llamada porque los promotores de una independencia
inmediata de Cataluña aducen beneficios obviando penosas consecuencias para
todos. Además se eximen de responder a los ingentes problemas que, como
europeos, como españoles, como ciudadanos de una comunidad autónoma y como
vecinos de un municipio, nos plantea la crisis económica y la incapacidad que
aquí y en Europa se advierte para adoptar decisiones válidas. Añadir una
propuesta de secesión augura, bajo el pabellón de un nacionalismo exacerbado, el
desbordamiento a corto plazo del malestar social al que nos viene arrastrando el
súbito empobrecimiento y el vértigo de la desesperanza de un número creciente de
ciudadanos.

Los independentistas convierten su particular idea de España en el chivo
expiatorio sobre el que cargar todos los malestares. Abonan así el terreno a la
exigua minoría que, desde el resto de España, se propone hacer otro tanto con su
particular idea de Cataluña. La afirmación de que España perpetró agresiones
contra Cataluña es una desgraciada manipulación del pasado, que olvida
deliberadamente cómo en los conflictos y guerras civiles en los que todo el país
se vio envuelto, los catalanes, al igual que el resto de los españoles, se
dividieron entre los diferentes bandos.

Ni Cataluña está sometida a un expolio por parte de España, ni el común de
los españoles alberga sentimiento alguno de menosprecio hacia ella. Bien al
contrario: Cataluña suscita afecto, admiración y reconocimiento, entre otras
razones porque sin ella, sin su lengua, sin su cultura y sin su aportación
solidaria, no puede entenderse la España democrática. Las fuerzas políticas que
han abrazado el independentismo calculan que, dada la drástica reducción de los
recursos del Estado y los padecimientos de la crisis, sería llegada la hora de
pugnar por sus aspiraciones maximalistas, sin atender al orden constitucional
pactado por todos.

En Cataluña existe un profundo sentimiento nacional, del que el resto de los
españoles es plenamente consciente. De ahí que sostengan con firmeza que haya de
ser reconocido e integrado de nuevo en el seno de instituciones compartidas. No
obstante, si ese sentimiento de forma mayoritaria se manifestara contrario de
modo irreductible y permanente al mantenimiento de las instituciones que entre
todos nos dimos, la convicción democrática nos obligaría al resto de los
españoles a tomarlo en consideración para encontrar una solución apropiada y
respetuosa: los ciudadanos de Cataluña tienen que saber que este es nuestro
compromiso irrenunciable. Pero tienen que saber también que en el resto de
España y en la misma Cataluña hay muchas voces que reclaman seguir avanzando
juntos.

El programa de construcción nacional incentiva a los independentistas a
sentirse víctimas de una opresión por parte de España, a rechazar la toma en
consideración de las propuestas de entendimiento y a silenciar o relegar a todos
aquellos ciudadanos catalanes que no suscriban ese programa de secesión. La
transición de la dictadura a la democracia se hizo de la ley a la ley pasando
por la ley. Ahora, paradójicamente, los independentistas para llevar adelante su
denominada transición nacional se proponen violentar la ley democrática, hecha
por todos y para todos, con el propósito de alumbrar una ley nueva, hecha solo
por los que se sienten llamados a una misión sin contar con los demás. En la
aritmética política sucede que el orden de los factores altera el producto

Ni España ni la Constitución de 1978 ni el Estatut de 2006 niegan a los
ciudadanos de Cataluña ejercer su derecho a decidir; son los partidos que apoyan
la fulminante independencia de Cataluña quienes confunden las opciones al
concurrir, una tras otra, a las citas electorales con programas edulcorados,
indoloros y sin coste político, social o económico alguno, pensando ampliar así
sus apoyos en las urnas.

Es preciso que CiU y otras fuerzas de afinidad independentista asuman sus
graves responsabilidades en la equivocada gestión de la presente crisis
económica y en los abusos en que incurrieron y dejen de exculparse bajo el
supuesto expolio perpetrado por España. Esa estrategia de exculpación les ahorra
el debate económico y social que necesitan tanto Cataluña como el resto de
España, exacerbando y absolutizando, en su lugar, un debate nacional y
nacionalista.

Consideramos, además, que todas las fuerzas democráticas deberían sumarse en
la búsqueda de un mejor encaje institucional para Cataluña, de una financiación
más justa y de una federalización del deteriorado Estado de las autonomías, que
inscriba en su norma suprema la solidaridad interterritorial y los criterios de
su aplicación compatibles con el esfuerzo común de todos y el principio de
ordinalidad. Por ese camino podremos seguir ampliando las cotas de libertad,
igualdad, progreso y respeto mutuo logradas con la Constitución de 1978.

[También ayer, otro grupo de personas de diversos ámbitos de la política, la
cultura o la economía difundieron otro comunicado sobre los últimos
acontecimientos relacionados con el futuro de Cataluña, en el que exponen
argumentos aproximados al texto anterior. Entre el medio centenar de de
firmantes de este segundo texto figuran Antonio Elorza (catedrático de Ciencias
Políticas de la Universidad Complutense), Jon Juaristi (escritor), Javier Varela
(profesor de la Historia del Pensamiento Político), Enrique Gimbernat
(catedrático de Derecho Penal), Agustín Ibarrola (pintor y escultor), Félix
Ovejero (profesor de Economía) o Emilio Lamo de Espinosa (catedrático de
Sociología)].