Cambio educativo. La reforma gira hacia la concertada

• La futura ley incluye puntos para garantizar la escuela subvencionada allá donde tenga demanda
• La patronal pide aún más concreción

J. A. Aunión Madrid (Publicado en El País, aquí)

Colegio concertado de Barcelona. / C. BAUTISTA

La dicotomía entre escuela pública y concertada (privada subvencionada, a la
que asiste el 25% de los escolares) ha sido una de las grandes discusiones de la
educación española desde hace tres décadas. El problema no está resuelto y por
eso sale a relucir, cada vez que se plantea una reforma legal, con una especie
de lenguaje en clave cuyos matices pueden dar grandes argumentos jurídicos a
unos u otros. Por ejemplo, cuando se habla de libertad de elección de las
familias para elegir centro se quiere decir que si hay preferencia de los padres
por la enseñanza concertada, eso estará por encima de la capacidad de las
Administraciones de primar a la pública. Y decir que se debe tener en cuenta “la
demanda social” a la hora de programar la oferta de plazas en la etapa
obligatoria persigue el mismo objetivo.

Y esto último, que las comunidades tengan en cuenta esa “demanda social”, es
exactamente lo que dirá la ley si se aprueba el anteproyecto
educativo que el martes presentó el ministro José Ignacio Wert a las
comunidades. Tras un mes de deliberación después de que las comunidades del PP
se quejaran del texto inicial, esa no es la única concesión que se hace a las
peticiones clásicas de la escuela concertada: se elimina el representante del
Ayuntamiento en el consejo escolar de sus centros y se pasa de un periodo máximo
de cuatro años para renovar los conciertos a un mínimo de seis en primaria y
cuatro en secundaria.

Al fijarse un mínimo y no un máximo, se abre la puerta a la renovación
automática que reclaman las patronales mayoritarias del sector: la de centros
católicos FERE-CECA y la Confederación Española de Centros de Enseñanza
(CECE).

La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, admitió ayer sobre
la concertada: “Hemos recibido muchas propuestas y hemos aceptado una parte de
ellas”. Sin embargo, FERE, aunque admite que así ha sido, reclama “una
referencia más explícita” a que se tendrá en cuenta “el número de solicitudes”
en un colegio y en otro a la hora aumentar o disminuir el número de plazas o a
la hora de crear centros nuevos, explica el secretario general de FERE, José
María Alvira. En este caso, sin embargo, hay otra concesión a la concertada,
pues donde la ley actual dice que “las administraciones educativas garantizarán
la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de
nueva población”, el texto de la reforma habla solo “de plazas suficientes”, sin
especificar si han de ser públicas o concertadas.

En todo caso, también le gustaría a Alvira que el texto de la reforma fuese
más explícito en cuanto a la renovación automática de los conciertos. De hecho,
lo que ha pedido exactamente la CECE, según recordó su presidente hace poco más
de un mes en el congreso de enseñanza privada, es que “el primer criterio a
tener en cuenta en la programación de la enseñanza” sea “la demanda social
correspondiente”, y que la renovación del concierto se haga “siempre que el
centro siga cumpliendo los requisitos que determinaron su concesión y no haya
incurrido en expediente administrativo”.

También a la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar,
le han parecido insuficientes estas referencias y ha reclamado que se incluya la
libertad de elección de centro por parte de las familias entre los principios
que regirán el sistema educativo. Con la redacción actual, solo se utiliza el
término libertad como uno de esos principios, entre los que están también
calidad, cooperación, equidad, mérito o igualdad de oportunidades.

Figar explicaba el martes, tras la accidentada conferencia sectorial de
educación donde las comunidades discutieron la propuesta, que el concepto de
“demanda social” le parecía demasiado etéreo, y más cuando las comunidades ya
tienen un amplísimo margen para decidir entre la escuela pública y
concertada.

Sin embargo, lo que hace la nueva redacción es dar argumentos legales a
aquellos centros a los que, teniendo alumnado suficiente, pidan el concierto,
pero el Gobierno autónomo se lo niegue aduciendo, por ejemplo, que ya hay
suficientes plazas públicas en una localidad o en el barrio. Así lo explica la
viceconsejera de Educación en funciones de País Vasco, María Antonia
Ozcáriz.

“Esta reforma apuesta claramente por la empresa privada”, se queja José Luis
Pazos, desde la federación mayoritaria de asociaciones de padres Ceapa. La
concertada debe ser la red subsidiaria de la pública, porque esta es la “única
que puede garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades”, añade.
Y lo es, según el Colectivo Lorenzo Luzuriaga, porque no separa, como en el caso
de la concertada católica (la inmensa mayoría de la subvencionada en España),
por convicciones religiosas o por cualesquiera otras.

Frente a ellos, siguen vivos los argumentos del derecho de los padres a
elegir la educación que quieran para sus hijos. “La pluralidad de proyectos
educativos, que beneficia la libre elección de los padres, favorece una
educación moderna y de calidad tal y como viene demostrando la experiencia
internacional”, sostuvo el martes Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la
asociación de padres Cofapa, tras conocer un nuevo texto de reforma que, dijo,
“supone el reconocimiento expreso del papel de los padres como primeros
responsables de la educación de sus hijos, y un avance importante en el derecho
a la libertad de elección de centro por parte de las familias”.